Imputabilidad en Chubut: solo el 3,5% de los delitos involucra a menores.
En medio del intenso debate nacional sobre la baja de la edad de imputabilidad, los datos duros de la provincia de Chubut ofrecen una perspectiva que suele quedar fuera del discurso político tradicional. Según las estadísticas oficiales, la incidencia de adolescentes en el mapa delictivo regional es marginal y se concentra en tipologías específicas, lo que pone en duda la efectividad de una reforma punitiva si no se acompaña de una inversión real en políticas de fondo.
Radiografía del delito juvenil en la provincia
Durante el año 2023, la justicia chubutense inició un total de 2.900 investigaciones penales. De ese universo, apenas 100 causas involucraron a jóvenes de 16 y 17 años. Según ADNSUR, estas cifras representan apenas el 3,7% del total de los procesos, una constante histórica que se mantiene estable y que coincide con la tendencia nacional.
Germán Kexel, secretario de Coordinación y Política Institucional de la Defensa Pública, advirtió que «no son muchas situaciones, pero sí son complejas de abordar», señalando que la mayoría de los jóvenes que llegan a esta instancia ya han sufrido fallas previas en el sistema de protección estatal.
Un dato que rompe con ciertos prejuicios sociales es la naturaleza de los hechos. Más del 90% de las aperturas de investigación que involucran a adolescentes corresponden a delitos contra la propiedad, generalmente de baja escala penal y excarcelables.
En contraste, los delitos graves contra la vida o la integridad sexual representan una proporción mínima dentro de esta franja etaria. “Es un porcentaje muy bajo dentro del universo de causas que tramita la justicia penal”, subrayó Kexel, diferenciando la realidad estadística del impacto simbólico que ciertos casos generan en la opinión pública.
El desafío de la resocialización y la falta de recursos
Para la Defensa Pública, la discusión sobre la edad es insuficiente si no se debate cómo el Estado interviene en la vida de esos jóvenes. Kexel sostiene que un adolescente en conflicto con la ley suele ser el resultado de una cadena de negligencias institucionales:
“Muy probablemente es un adolescente que ya tuvo intervenciones anteriores que no funcionaron. Hubo un servicio de protección que tocó la puerta de su casa, hubo una escuela que advirtió situaciones, un servicio de salud que notificó algún problema. Es decir, los instrumentos del Estado fallaron antes”.
En este sentido, el funcionario remarcó que la baja de la edad no garantiza una mayor seguridad si no hay equipos profesionales estables y especializados. En Chubut, la retención de personal capacitado —psicólogos, trabajadores sociales y operadores territoriales— es un obstáculo permanente. “Si todo sigue igual y se suman chicos de 14 y 15 años, no avizoro que podamos cumplir con lo que la ley dice ni ser más eficaces en la intervención del Estado”, concluyó Kexel, haciendo un llamado a fortalecer las herramientas de prevención y revinculación comunitaria antes que ampliar el sistema penitenciario.