Una profunda reestructuración física e institucional terminó de ejecutarse en los tribunales federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Tras seis meses de intensos trabajos de remodelación y una fuerte inversión económica, quedaron concluidas las obras para trasladar de forma definitiva la sede del Tribunal Oral Criminal Federal N° 7 al emblemático edificio de Comodoro Py 2002. De esta manera, el organismo abandona de manera histórica el Palacio de Justicia para unificar y concentrar en un solo predio a todos los tribunales de igual competencia dentro del fuero penal federal.
Obras, entrepiso seco y $84 millones para mudar el tribunal clave
Las tareas de remodelación culminaron formalmente el pasado 11 de septiembre, insumiendo una erogación total de $84 millones que fue financiada por la Administración General del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación. La intervención abarcó la readecuación integral de 390 metros cuadrados situados en la Planta Baja del inmueble. Para optimizar los espacios operativos, fue necesaria la construcción de un entrepiso seco con piso tipo uniclick, garantizando así estaciones de trabajo adecuadas para la totalidad de los agentes judiciales.
Los trabajos técnicos también impactaron en áreas contiguas como la Oficina Judicial y la Sala de Periodistas. En conjunto, las refacciones incluyeron:
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Infraestructura y tecnología: Nueva instalación eléctrica, tendido de cableado estructurado para conexiones de red y armado de puestos a cargo de la Dirección General de Tecnología.
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Climatización y confort: Colocación de equipos de aire acondicionado, luminarias modernas, distribución de mobiliario, pintura general, pulido y encerado de pisos de madera natural.
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Áreas de servicio: Armado de un office interior y la construcción externa de una cocina de apoyo destinada al personal del Tribunal Oral.
En la ejecución del proyecto intervino un promedio de 13 agentes pertenecientes a la Dirección General de Infraestructura, combinando mano de obra propia con trabajos contratados. Asimismo, brindaron soporte la Intendencia y la Secretaría General de la Cámara Federal de Casación Penal, órgano que ejerce la superintendencia del edificio.
Planificación estricta para no frenar los juicios en marcha
Con la infraestructura lista, el foco está puesto en la logística operativa para concretar el traspaso físico de expediente y personal durante las próximas semanas. El proceso se coordinará directamente entre las autoridades del Tribunal Oral Federal N° 7 y la Cámara Federal de Casación Penal. El objetivo primordial de los funcionarios es garantizar una mudanza ordenada que no interfiera ni obligue a suspender las audiencias orales ya programadas en la agenda judicial.