Efectivos de la Policía del Chubut deberán abonar sumas superiores al millón de pesos de su propio bolsillo para saldar el equipamiento estatal perdido en la vía pública o sustraído durante robos domiciliarios. Las medidas se ratificaron mediante publicaciones oficiales del Tribunal de Cuentas.
La negligencia y la falta de resguardo del equipamiento oficial derivó en severos procesos de cobro y sanciones disciplinarias para efectivos pertenecientes a la Policía del Chubut en Comodoro Rivadavia. Tras la publicación de las resoluciones en el Boletín Oficial, se determinó que los uniformados involucrados en el extravío o robo de sus armas reglamentarias deberán responder económicamente con su patrimonio personal.
Las medidas adoptadas por el Tribunal de Cuentas de la provincia sientan un precedente directo sobre la custodia de los elementos provistos por el Estado provincial para el ejercicio de la función de seguridad.
Un millón de pesos por perder la pistola en la calle
El expediente administrativo de mayor avance alcanza a un agente comodorense que admitió haber perdido su arma reglamentaria —una pistola Bersa TPR9 calibre 9 milímetros— mientras circulaba en su motocicleta particular rumbo a cumplir funciones en la dependencia policial.
En el plano disciplinario interno, la Jefatura le impuso inicialmente una sanción de 30 días de arresto. No obstante, tras desestimar los recursos de apelación presentados por la defensa del uniformado, el Tribunal de Cuentas dejó firme un cargo patrimonial por $1.086.822. La resolución establece que el efectivo deberá depositar el monto fijado en las arcas provinciales para cancelar el valor de mercado del armamento extraviado.
Sustracción de equipamiento en una vivienda y sanción en marcha
En forma simultánea, los organismos de control provincial abrieron las actuaciones correspondientes por el caso de una mujer policía que sufrió un robo en su departamento ubicado sobre la calle Roque González. Según consta en la denuncia, personas desconocidas ingresaron al domicilio y sustrajeron un conjunto de bienes institucionales:
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Armamento: Una pistola Bersa TPR Compact.
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Protección: Un chaleco balístico Nivel RB3.
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Accesorios: Un juego de esposas reglamentarias y piezas del uniforme policial.
Por la falta de resguardo del material asignado, la uniformada ya cumplió 21 días de arresto disciplinario. Actualmente, la auditoría provincial le concedió un plazo de 15 días hábiles para elevar su descargo formal previo a la formulación del cargo económico, el cual la obligará a reponer el valor actualizado del chaleco, el arma y las insignias robadas mediante descuentos en sus haberes.