Un verdadero sacudón político y judicial sacude los cimientos de la gestión pública nacional. La Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó este martes el procesamiento de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), dejándolo a un paso del juicio oral.
Las acusaciones que acorralan al ex funcionario del Gobierno incluyen graves delitos como negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación agravada contra la administración nacional, cohecho pasivo y la jefatura de una peligrosa asociación ilícita que operó mediante la compra irregular de medicamentos de alto costo.
Sobreprecios de $30.000 millones y coimas en perjuicio de los más vulnerables
El fallo de los camaristas Eduardo Farah y Roberto Boico respaldó de manera contundente la investigación previa del fiscal federal Franco Picardi y la medida dictada originalmente por el juez Sebastián Casanello. La organización delictiva no solo salpica a Spagnuolo sino que sumó la ratificación del procesamiento de otros 18 implicados, entre los que sobresalen su número dos en el organismo, Daniel Garbellini, y el empresario Miguel Ángel Calvete.
La causa dio por probado un perjuicio económico monumental al Estado nacional que asciende a la astronómica cifra de $30.337.220.919,77. El esquema funcionaba a través de retribuciones ilegales y «pagos indebidos» dirigidos a funcionarios de la agencia para asegurar el direccionamiento exclusivo en las compras de fármacos, beneficiar a un puñado de droguerías amigas e imponer brutales sobreprecios. Todo este entramado impactó directamente sobre sectores desprotegidos, afectando a beneficiarios de pensiones no contributivas sin otra cobertura de salud, como madres de siete hijos y adultos mayores de 70 años en situación de pobreza.
La ANDIS como «ventanilla ilícita»: de la gestión pública al fraude sistemático
De acuerdo con las pruebas ventiladas en el expediente judicial, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 la sede de la ANDIS fue convertida literalmente en el centro neurálgico de operaciones fraudulentas. El organismo estatal mutó en una suerte de «ventanilla de pagos millonarios, permanentes y direccionados» fuera de cualquier marco de legalidad, anulando los principios de publicidad, transparencia y libre concurrencia de proveedores.
El dictamen judicial remarcó además que la dependencia oficial estuvo co-gestionada o administrada por agentes externos con fuerte peso en el mercado farmacéutico privado. Con la confirmación de este procesamiento masivo, la causa ingresa en su fase decisiva para la elevación a juicio oral, donde Spagnuolo y sus colaboradores deberán responder por el multimillonario desfalco en perjuicio de los fondos públicos.