Una alarmante investigación acaba de encender todas las alarmas en los tribunales del país.
La abrumadora mayoría de las acusaciones presentadas contra los magistrados termina en el olvido, archivadas sin investigación o cajoneadas hasta que expiran, convirtiendo los mecanismos de control institucional en una muralla infranqueable de protección para los funcionarios del Poder Judicial.
La caja negra del Consejo de la Magistratura: 27 años de absoluta impunidad
Un revelador informe elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y titulado “¿Justicia intocable?” destapó una realidad demoledora: de 5.170 denuncias impulsadas contra jueces federales y nacionales a lo largo de 27 años (entre 1999 y agosto de 2026), apenas 64 casos culminaron con alguna medida disciplinaria o destitución, lo que representa un irrisorio 1,3% del total.
El número de expedientes sepultados resulta escandaloso. Un total de 4.910 acusaciones ya fueron cerradas oficialmente, mientras que 260 continúan abiertas. El desglose de las causas archivadas expone de manera cruda las fallas del sistema:
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3.700 denuncias fueron desestimadas de plano.
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633 causas tuvieron un motivo de cierre desconocido, envueltas en la más absoluta opacidad.
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469 expedientes caducaron por el mero paso del tiempo, cerrándose sin haber sido jamás investigados.
En la Argentina, los magistrados cuentan con estabilidad y solo pueden ser removidos por mal desempeño o por la comisión de delitos. Si bien este mecanismo busca actuar como una garantía constitucional de independencia para evitar persecuciones políticas o desplazamientos por el contenido de sus fallos, ACIJ advierte que, en la práctica cotidiana, se ha deformado hasta transformarse en una auténtica «garantía de impunidad».
Falta de transparencia y la ciudadanía dejada de lado
El reporte de la ACIJ denuncia con firmeza que, a pesar de que la ley exige expresamente publicar la totalidad de los expedientes tramitados contra los magistrados, el Consejo de la Magistratura incumple la normativa al difundir apenas unos pocos datos dispersos, impidiendo el seguimiento público del avance de las investigaciones. Esta opacidad estructural debilita de forma drástica la capacidad ciudadana para exigir rendición de cuentas e invalida cualquier incentivo interno para reformar el sistema.
A esta barrera informativa se le suma una traba procesal crítica: aunque cualquier persona tiene el derecho de formalizar una denuncia ante el organismo, la ley le prohíbe luego ser parte querellante o activa del proceso. Esto impide que el denunciante pueda consultar el estado real de la causa, aportar nuevas pruebas o impulsar las medidas de prueba necesarias para evitar el cajoneo de los expedientes.
En este tenso contexto institucional, las presiones y pedidos de juzgamiento contra integrantes del Poder Judicial no cesan. Recientemente, el ministro de Justicia de la Ciudad confirmó que promoverá el juicio político contra la jueza De Marinis, al tiempo que desde el espacio de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires se formalizó también el pedido de juicio político contra la jueza Pascual.
Los antecedentes más resonantes: de encubrimientos a sobornos y discriminación
Pese al alto blindaje corporativo, de las 64 resoluciones sancionatorias logradas en casi tres décadas, 43 correspondieron a apercibimientos y sanciones (motivadas por abusos de autoridad, violencia laboral, demoras injustificadas en la emisión de sentencias o vínculos indebidos con las partes implicadas en las causas) y solo 21 terminaron en la remoción definitiva del cargo.
Entre los casos de destitución más emblemáticos de la historia reciente se destacan:
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Víctor Brusa (Exjuez federal de Santa Fe): En el año 2000 se convirtió en el primer magistrado destituido por el Jurado de Enjuiciamiento desde la creación del actual sistema, tras comprobarse que entorpeció la investigación policial y judicial para ocultar que había atropellado a una persona con una lancha.
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Roberto Marquevich (Exjuez federal de San Isidro): Fue suspendido en 2004 por mal desempeño al haber ordenado la detención de Ernestina Herrera de Noble, entonces directora del diario Clarín, mediante una medida calificada como profundamente arbitraria.
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Juan José Galeano (Exjuez federal de CABA): Fue removido en 2005 por severas irregularidades en la causa AMIA. Posteriormente, en 2019, el Tribunal Oral Federal N°2 lo condenó por delitos de peculado, privación ilegal de la libertad, prevaricato, encubrimiento por favorecimiento personal y violación de medios de prueba.
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Luis Miret (Excamarista federal de Mendoza): Destituido en 2011 por mal desempeño debido a sus omisiones sistemáticas al no investigar ni denunciar graves violaciones a los derechos humanos y casos de tortura cometidos durante la última dictadura militar.
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Walter Ricardo Bento (Exjuez federal de Mendoza): Suspendido por el Consejo de la Magistratura en 2023 tras ser acusado de liderar una asociación ilícita. La Justicia lo condenó a 18 años de prisión tras probarse que exigía millonarios sobornos a cambio de otorgar beneficios y favores procesales.
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Alfredo Eugenio López (Exjuez federal de Mar del Plata): Protagonizó el caso más reciente al ser destituido en agosto de este año por incurrir en graves desórdenes de conducta y mal desempeño, raíz de la publicación repetida de mensajes antisemitas y discriminatorios en sus redes sociales.