El Gobierno nacional aprobó créditos millonarios para garantizar la sostenibilidad fiscal e ir a la caza del crimen organizado.
En una jugada estratégica para las arcas públicas y el esquema macroeconómico, el Gobierno nacional aprobó oficialmente una serie de operaciones crediticias con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto total de hasta 2.650 millones de dólares.
Fondo millonario para la coordinación fiscal de las provincias
A través del Decreto 1285/2026, publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo ratificó la firma de una línea de crédito condicional para proyectos de inversión por hasta US$ 1.500.000.000 con un plazo de ejecución de 10 años. Dentro de este marco, se autorizó un primer tramo de préstamo por hasta US$ 750.000.000 destinado al «Programa de Mejora de la Coordinación Fiscal Provincial».
El objetivo central de este paquete de financiamiento apunta a fortalecer de forma integral la sostenibilidad de las cuentas públicas subnacionales en la República Argentina. Los ejes de acción prioritarios se enfocarán en optimizar la eficiencia del gasto público y perfeccionar las herramientas de recaudación mediante ingresos propios.
Tanto el Banco Central (BCRA) como la Oficina Nacional de Crédito Público respaldaron técnicamente la operación, destacando que el impacto sobre la balanza de pagos es limitado y que la tasa pactada con el organismo multilateral resulta sustancialmente más favorable que las condiciones que ofrece el mercado financiero internacional.
Millonaria inyección para equipar a las fuerzas federales y cárceles
En simultáneo, mediante la promulgación del Decreto 1284/2026, la administración central aprobó un segundo crédito por un monto de hasta US$ 400.000.000, orientado de forma exclusiva al «Programa de Fortalecimiento de la Seguridad Federal en Argentina (PROSEFE)». Esta iniciativa busca reducir de manera drástica los índices de delito y violencia vinculados al crimen organizado en todo el territorio nacional mediante un reequipamiento y modernización institucional.
El programa fija metas operativas claras: incrementar la capacidad investigativa de la Policía Federal Argentina (PFA), optimizar el despliegue territorial de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) y de la Prefectura Naval Argentina (PNA) en zonas de alta prioridad y en la frontera norte, y elevar la efectividad del Servicio Penitenciario Federal (SPF) en la gestión de las cárceles de máxima seguridad. Con estos giros, el Estado nacional busca asestar un golpe decisivo a las estructuras delictivas transnacionales.