El diputado del Frente Renovador criticó la privatización de la empresa de agua y propuso copiar el modelo de YPF.
La controversia en torno a la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) sumó un duro capítulo parlamentario tras las contundentes declaraciones del diputado nacional del Frente Renovador, Guillermo Michel.
Un negocio millonario bajo la lupa y la crítica al precio de venta
El legislador arremetió contra el esquema de transferencia accionaria implementado por el Poder Ejecutivo, asegurando de forma tajante que la emblemática compañía «fue mal vendida» y cuestionando tanto los montos fijados en la transacción como la metodología utilizada para desprenderse del activo estatal.
Durante una entrevista radial, Michel contrapuso el proceso de enajenación con la rentabilidad real de la firma. Según el último balance contable cerrado en 2025, la utilidad operativa de la empresa ascendió a unos 270 millones de dólares; sin embargo, el Gobierno cerró la venta del 90% de la masa accionaria en apenas 340 millones de dólares.
«Es decir que con 1,3 años de utilidad ya pagás la empresa», advirtió el diputado, remarcando con preocupación que «no están concesionando el servicio sino transfiriendo las acciones, que el grupo comprador puede usar como garantía para salir a buscar crédito».
El modelo YPF como alternativa y la alerta por un servicio esencial
Frente a este escenario, el referente del Frente Renovador propuso adoptar una postura pragmática basada en un «capitalismo moderno e inteligente», sugiriendo mantener un esquema similar al de YPF donde el Estado conserve el 51% del paquete accionario y el porcentaje restante cotice de manera transparente en los mercados bursátiles. Para Michel, el concepto de privatización aplicado por la Casa Rosada resultó sumamente perjudicial para las arcas públicas y descuidó la soberanía en materia de recursos básicos.
El legislador enfatizó que la provisión de agua potable y saneamiento constituye un bien esencial e insustituible para más de 4 millones de usuarios distribuidos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense. «El agua es un bien esencial y se debe garantizar. Cuando le corten el agua a un vecino de Virreyes, ¿va a mandar una carta documento a Holanda reclamando al fondo inversor?», cerró con ironía el dirigente.