Un reciente informe del organismo internacional analizó intervenciones estatales en 76 países y concluyó que subsidiar la producción o congelar tarifas es hasta 22 veces más costoso que implementar transferencias directas y focalizadas a los sectores vulnerables.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió sobre la ineficiencia económica y fiscal de utilizar los subsidios a las tarifas de los servicios públicos como mecanismo para contener la inflación. Según el organismo, intentar amortiguar el impacto del incremento de precios mediante el abaratamiento artificial de la energía representa una de las estrategias más gravosas para las cuentas públicas en comparación con los beneficios reales que aporta a la sociedad.
El informe global: costos y desvíos
De acuerdo con el estudio, que relevó experiencias en 76 economías durante las últimas tres décadas, los países emergentes suelen apelar históricamente a la subvención de productores energéticos, la reducción de aranceles o el control directo sobre los cuadros tarifarios para aliviar el bolsillo de los consumidores de forma inmediata.
Sin embargo, los datos del organismo revelan una profunda asimetría en la asignación de recursos:
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Comparativa de eficiencia: Proteger a las familias de menores ingresos mediante subsidios masivos al consumidor requiere entre tres y seis veces más recursos fiscales que utilizar transferencias focalizadas directas.
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Subsidio a la producción: Sostener precios artificialmente bajos subvencionando la cadena productiva resulta entre 14 y 22 veces más costoso para el presupuesto del Estado que asistir de manera directa a los sectores de menores ingresos.
Para ilustrar estas distorsiones, el informe citó la crisis energética europea entre 2022 y 2023, donde se constató que «por cada euro gastado en reprimir los precios de la electricidad, el gas natural y los combustibles, menos de 20 céntimos llegaron al quinto más pobre de los hogares».
Distorsiones económicas y recomendaciones
El reporte subraya que mantener las tarifas congeladas o retrasadas respecto de los costos reales altera los incentivos de consumo, desestimula el ahorro energético e incrementa de manera innecesaria el déficit y el endeudamiento público.
Ante este escenario, el FMI remarcó que la vía más eficaz para proteger a la población ante saltos inflacionarios radica en permitir que las tarifas reflejen los costos de mercado y asistir a los sectores vulnerables mediante «transferencias focalizadas y temporales», las cuales deben contar con mecanismos explícitos de caducidad y anclarse al impacto real del shock tarifario, pudiendo extenderse de forma excepcional a las clases medias solo ante riesgos severos de tensión social.