La causa judicial por presunto lavado de dinero y usura que envuelve a la firma Sur Finanzas sumó un capítulo de máxima tensión institucional.
En las últimas horas, la Justicia dio un paso firme para resguardar los activos sospechados de haber sido adquiridos con fondos de origen ilícito, en el marco de una investigación que salpica las altas esferas de la dirigencia deportiva nacional y la gestión del fútbol argentino.
La Corte Suprema se queda con la Ferrari California y una flota de lujo
El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, le otorgó un plazo perentorio de tres días al dueño de la financiera, Ariel Vallejo, para poner a disposición del máximo tribunal un total de 24 vehículos de alta gama. Entre los rodados alcanzados por la resolución judicial sobresale una Ferrari modelo California Descapotable, además de tres motocicletas y una extensa lista de automóviles registrables.
El magistrado fundamentó esta medida con el objetivo directo de garantizar la preservación de bienes de eventual origen delictivo ante un hipotético decomiso. Esta decisión forma parte de una batería integral de 41 medidas probatorias dictadas en el expediente que investiga delitos graves como evasión tributaria y lavado de activos en las operaciones ligadas a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y diversos clubes.
Prohibición financiera total, inhibición de cuentas y tasaciones bajo la lupa
Más allá del secuestro de la flota vehicular, el juez Rodríguez Ponte le prohibió de forma categórica a Vallejo prestar servicios financieros de cualquier tipo, ya sea de manera directa o mediante terceros. La restricción le impide constituir, integrar o participar como socio, director, apoderado o empleado jerárquico en Proveedores de Servicios de Pago (PSP) o cualquier entidad del rubro.
En simultáneo, el juzgado ordenó la inmovilización inmediata de las cuentas bancarias, fondos y billeteras virtuales pertenecientes a las sociedades Sur Finanzas Group y Sur Finanzas PSP. Además, se libraron oficios al Registro de la Propiedad Inmueble bonaerense, la UIF, la ARCA y la ARBA para relevar el patrimonio de los investigados, al tiempo que se mandó a tasar la sede de la empresa en Adrogué para determinar si existió sobreprecio o subvaluación en su escritura de compra.