Lobby de las plataformas online para frenar controles de publicidad y giros mientras avanza un duro proyecto.
El debate sobre la regulación de las plataformas de juego y apuestas virtuales alcanzó un punto de máxima tensión dentro del Senado de la Nación.
Pulso legislativo entre el freno al juego ilegal y las restricciones totales
Las empresas privadas que operan con licencias oficiales en la Argentina encabezan una intensa presión política para que el marco normativo en discusión concentre el rigor estatal exclusivamente sobre los operadores ilegales, rechazando de plano que se impongan mayores restricciones, cargas tributarias y limitaciones operativas a las firmas formalmente habilitadas. La controversia contrapone dos visiones regulatorias centrales: endurecer de forma generalizada las reglas para todo el ecosistema digital o dirigir la persecución penal y tecnológica sobre los sitios clandestinos.
En esa línea, el proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo nacional contempla penas de tres a seis años de prisión para quienes exploten o gestionen sistemas de apuestas no autorizados, sumando sanciones de dos a cuatro años de cárcel para quienes presten servicios financieros, de infraestructura tecnológica o publicitaria a sabiendas de la ilegalidad.
Asimismo, el texto oficial prevé la bajada de dominios web y el bloqueo de transacciones bancarias a las plataformas sin habilitación. A diferencia del proyecto con media sanción votado por la Cámara de Diputados en 2024 —cuyo plazo de tratamiento vence a fin de año—, la propuesta del Gobierno no aplica una prohibición absoluta sobre los patrocinios deportivos ni la pauta publicitaria general, limitándose a restringir los anuncios orientados a menores de edad o que asocien el juego al éxito financiero y social. Por el contrario, el dictamen de Diputados impone topes estrictos a los medios de pago, registros de autoexclusión y un riguroso sistema de verificación de identidad.
El peso del mercado informal y la fuerte embestida legislativa en Buenos Aires
La postura del oficialismo nacional encuentra sustento en la alta prevalencia de la clandestinidad dentro del rubro. Desde el sector oficialista advierten sobre la enorme dificultad de fiscalizar a quienes operan al margen de la ley y señalan que cerca del 85% de la actividad total se canalizaría a través de vías informales —cifra que analistas del mercado sugieren tomar con cautela metodológica hasta su consolidación estadística—. Las firmas registradas sostienen que un exceso de prohibiciones sobre el mercado formal terminará empujando a los usuarios hacia las plataformas ilegales sin resguardo estatal.
En paralelo a la discusión nacional, la provincia de Buenos Aires se convirtió en otro frente caliente de disputa legislativa.Los legisladores Facundo Tignanelli y Micaela Olivetto, referentes del bloque Fuerza Patria, impulsan un severo proyecto provincial que busca profundizar las exigencias sobre las casas de apuestas.
La iniciativa bonaerense contempla la eliminación total de los bonos de bienvenida y programas de fidelización para captar clientes, la creación de herramientas tecnológicas para el bloqueo inmediato de sitios clandestinos, un gravamen especial equivalente al 100% de la pauta publicitaria para financiar políticas de salud mental y la aplicación de un aporte obligatorio sobre los premios cobrados destinado a sostener clubes e instituciones sociales de la provincia.