En una jornada marcada por decisiones de alto impacto institucional, el presidente de Paraguay, Pedro Alliana, solicitó la renuncia formal a todos los ministros, secretarios y autoridades de entes públicos para encarar una reestructuración completa del Gabinete Civil.
La medida busca agilizar la gestión de gobierno tras la destitución de Santiago Peña y reordenar el aparato estatal, garantizando al mismo tiempo la continuidad operativa de las instituciones en medio de las derivaciones del caso Ueno Bank.
Con el objetivo de devolver la estabilidad al sistema financiero, el nuevo mandatario remitió al Congreso la postulación de Jorge Schreiner para presidir el Banco Central del Paraguay e impulsó la incorporación de Fernando Rivarola a su Directorio. Rivarola había sido clave al advertir anticipadamente sobre las maniobras irregulares dentro de la entidad bancaria, por lo que su perfil apunta a restablecer la credibilidad en los órganos de control monetario.
Avance judicial, omisiones de la Fiscalía y denuncia por fuga de capitales
En el frente judicial, el Fiscal General Emiliano Rolón resolvió incorporar a dos nuevos agentes de Delitos Económicos y Anticorrupción al equipo que investiga al exmandatario. La decisión se produjo en medio de fuertes cuestionamientos políticos y amenazas de juicio político tras admitir que la Fiscalía omitió incautar a tiempo el teléfono celular de Santiago Peña, argumentando que el dispositivo se había «perdido de vista» durante los primeros procedimientos.
Paralelamente, un grupo de legisladores opositores formalizó una denuncia ante el Ministerio Público por la presunta fuga selectiva de fondos ocurrida antes de que se oficializara el colapso de Ueno Bank. La presentación judicial exige auditar el retiro masivo de capitales por parte de autoridades y sectores vinculados al poder, la colocación irregular de recursos estatales pese a las alertas de septiembre de 2026 y la vulneración de datos biométricos que perjudicó a miles de ahorristas.