El Ministerio Público inició gestiones de cooperación internacional para identificar y congelar fondos asociados al escándalo financiero que derivó en la destitución y posterior prisión preventiva del expresidente Santiago Peña. El exmandatario enfrenta cargos por lesión de confianza y administración en provecho propio.
La Fiscalía General de la República del Paraguay oficializó este lunes 9 de noviembre la presentación de solicitudes de cooperación jurídica internacional dirigidas a los gobiernos de Estados Unidos, Luxemburgo y la República Argentina, con el objetivo de rastrear, congelar y eventualmente decomisar activos financieros derivados del colapso del Ueno Bank.
El anuncio fue concretado en conferencia de prensa por el fiscal adjunto de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, quien explicó que se han entablado comunicaciones directas con las autoridades judiciales de las tres jurisdicciones para localizar cuentas bancarias y bienes inmuebles a nombre de las personas físicas y corporativas investigadas.
«Buscamos localizar bienes y poder determinar exhortos o cartas rogatorias que sean tendientes a incorporar pruebas y también lograr el aseguramiento con fines de decomiso de los bienes», precisó el fiscal Doldán respecto del alcance de los requerimientos internacionales.
El origen del colapso financiero e institucional
La crisis en torno al Ueno Bank inició formalmente el pasado 2 de noviembre, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso el proceso de resolución de la entidad tras verificar que su margen de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo exigido por la normativa legal bancaria.
-
Evolución operativa: Fundada en diciembre de 2021 como una compañía financiera digital de atención continua, la entidad obtuvo su licencia como banco comercial en noviembre de 2023, alcanzando una cartera de tres millones de usuarios hacia 2026, equivalente a la mitad de la población del país.
-
Medidas administrativas: La suspensión total de las operaciones dispuesta por la autoridad monetaria provocó el congelamiento inmediato de las cuentas operativas de millones de ahorristas e instituciones.
Imputación contra Santiago Peña e impacto político
Las investigaciones judiciales apuntan de manera directa contra el expresidente Santiago Peña —quien ejerció la titularidad del Poder Ejecutivo desde 2023 hasta su destitución el pasado viernes— debido a su vinculación patrimonial previa con el grupo económico controlador de la entidad hasta el año 2025.
El Ministerio Público le imputa a Peña la presunta inyección irregular de más de US$ 800 millones en fondos públicos destinados a sostener la liquidez de la firma, además de haber omitido las alertas tempranas sobre concentraciones de riesgo e insolvencia. Asimismo, se cuestiona la designación al frente del Banco Central de un exdirectivo de la firma crediticia en un marco de conflicto de intereses.
Tras perder la representación parlamentaria del Partido Colorado en el Congreso nacional, el exjefe de Estado fue removido de su cargo e ingresó en régimen de prisión preventiva imputado por lesión de confianza y administración en provecho propio, figuras penales que contemplan expectativas de pena de hasta 15 años de reclusión.