De acuerdo con el análisis político sobre la agenda oficialista, el Gobierno nacional logró avanzar en el Senado con el dictamen para suspender las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una jugada central con la que Javier Milei busca despejar una eventual competencia interna con Patricia Bullrich
De acuerdo con el análisis político sobre la agenda oficialista, el Gobierno nacional logró avanzar en el Senado con el dictamen para suspender las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una jugada central con la que Javier Milei busca despejar una eventual competencia interna con Patricia Bullrich, condicionar la definición del peronismo entre Axel Kicillof y Sergio Massa, y evitar la volatilidad financiera poselectoral antes de los comicios generales.
La iniciativa obtuvo dictamen en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado tras negociaciones contrarreloj en las que Bullrich resultó determinante al lograr que se retiraran del texto las listas colectoras, un punto resistido por varios gobernadores. Según la crónica parlamentaria, el oficialismo llevará el proyecto al recinto el próximo jueves 26 de noviembre, en una semana legislativa clave que también incluirá el tratamiento del Presupuesto 2027 en Diputados y el informe de gestión del jefe de Gabinete, Diego Santilli, ante la Cámara alta el miércoles 25.
El acuerdo con Patricia Bullrich y el ordenamiento del frente propio
Detrás de la decisión de eliminar las primarias subyace, en primer lugar, la necesidad del Poder Ejecutivo de ordenar su propia alianza electoral y evitar que dirigentes aliados con peso propio puedan disputarle liderazgo en una interna. Aunque la semana previa habían circulado versiones sobre una eventual ruptura con Bullrich, finalmente primó la cautela política frente a un escenario polarizado en el que el oficialismo no puede prescindir de su caudal electoral.
En ese marco, Milei reconoció explícitamente a la dirigente como «socia», un gesto que habilita a la senadora a mantener cierto margen de diferenciación pública —como sus reiterados pedidos para que la reactivación económica alcance a las pymes y a los trabajadores— sin romper la coalición gobernante.
El impacto en la interna peronista y el blindaje ante los mercados
El segundo objetivo de la suspensión de las PASO apunta directamente a complicar el armado de la oposición, en particular las aspiraciones de Axel Kicillof, quien necesita de una elección primaria abierta para legitimar su liderazgo frente a Cristina Kirchner. Por el contrario, la ausencia de primarias favorece la estrategia de Sergio Massa, quien impulsa una candidatura de unidad tras haber reunido en San Fernando a los distintos sectores del peronismo, en un encuentro del que quedó marginado el gobernador bonaerense.
A este cálculo político se suma un tercer factor vinculado con la estabilidad financiera: el oficialismo busca evitar que el lunes posterior a unas primarias los mercados realicen una lectura adversa que complique la economía, un antecedente que en la Casa Rosada asocian con el impacto que tuvieron las PASO de agosto de 2019 durante la gestión de Mauricio Macri.
Dos fallos adversos de la Corte Suprema golpean al Ejecutivo
En paralelo al avance parlamentario, el Gobierno sufrió dos reveses de peso en los tribunales durante la misma semana. Por un lado, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales dos artículos del DNU 70/2023 que eliminaban las facultades de la Superintendencia de Servicios de Salud para controlar los aumentos de las cuotas de las empresas de medicina prepaga, al dictaminar que el Ejecutivo no acreditó las circunstancias excepcionales exigidas para legislar por decreto.
Por otro lado, el máximo tribunal apartó al juez federal de Campana, Adrián González Charvay, de la causa que investiga la mansión de Pilar vinculada a la AFA y remitió el expediente al juzgado federal de Daniel Rafecas, una decisión que expuso las maniobras judiciales en torno al caso mientras el pliego de Rafecas para la Cámara de Casación aguarda tratamiento en el Senado.
El contrapunto con el papa León XIV y la agenda social en el Congreso
La semana también estuvo atravesada por las derivaciones de la audiencia reservada que el papa León XIV mantuvo con Milei, en la que el Sumo Pontífice le pidió evitar el lenguaje violento y ocuparse de los sectores más vulnerables. Días después, durante una cena organizada por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), el Presidente ratificó su postura doctrinaria al calificar a la justicia social como «una estafa, algo moralmente incorrecto» y aseguró que no habrá ningún plan de estímulo estatal para impulsar el consumo.
Pese a esa firmeza discursiva, el oficialismo mostró pragmatismo parlamentario frente a los reclamos de la Iglesia y de la oposición al aceptar moderar la Ley de Discapacidad —sancionada el jueves por el Senado— y acordar el tratamiento de la ley de ludopatía para el próximo 26 de noviembre, evitando así que el proyecto pierda estado parlamentario.
Pobreza, consumo y tensión cambiaria en el frente económico
El frente económico continúa siendo el principal flanco de preocupación para la Casa Rosada, en un contexto donde incluso la vicepresidenta Victoria Villarruel advirtió que «sin industria no hay trabajo». Según el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, dirigido por Agustín Salvia, la pobreza alcanzaría el 42,4% al actualizar la canasta de consumo con la encuesta ENGHo 2017/2018, diez puntos por encima del 32,3% informado por el Indec, mientras mediciones privadas ubican el ingreso real de trabajadores formales y jubilados un 17% por debajo de 2023.
La pérdida de poder adquisitivo se refleja en el consumo cotidiano —con caídas acumuladas del 55% en la venta de pan en dos años y una suba del 3,5% en la Canasta Básica Total durante octubre frente a una inflación minorista del 2,2%— y en la expectativa por el EMAE de septiembre que difundirá el Indec el martes, dato que podría confirmar dos trimestres consecutivos de caída de la actividad. Aunque la inflación mayorista cedió al 1,6%, la presión sobre el frente financiero persiste con un riesgo país por encima de los 1.000 puntos básicos por primera vez en 13 meses, el dólar minorista cerca de los $1.600 y el contado con liquidación (CCL) arriba de los $1.745.
