El juez Rafecas corrió vista al fiscal Taiano tras el fuerte pedido de la PIA.
El escenario judicial en torno a la polémica investigación por la criptomoneda $LIBRA sumó un capítulo de altísima tensión institucional.
Giro en la causa judicial y jugada decisiva en Comodoro Py
El juez federal Daniel Rafecas, quien se encuentra subrogando el Juzgado Federal N.º 8, resolvió correrle vista al fiscal Eduardo Taiano para que exponga su postura oficial frente al pedido de reapertura presentado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).
Esta medida allana el camino para que el juez titular del juzgado,Marcelo Martínez de Giorgi, defina formalmente la próxima semana si hace lugar al planteo o si sostiene el sobreseimiento del presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y los restantes nueve imputados.
La decisión del magistrado apunta a dejar el expediente listo para que Martínez de Giorgi resuelva tras reincorporarse de su licencia. Si bien el dictamen que entregue Taiano no resulta jurídicamente vinculante, Rafecas consideró «necesario» escucharlo como parte interviniente del proceso antes de tomar una determinación definitiva sobre la causa que involucra a la cúpula del Poder Ejecutivo.
Fuerte choque de fiscales y acusaciones por prueba pendiente
La resolución judicial pone de manifiesto un severo contrapunto entre dos fiscalías federales con criterios diametralmente opuestos sobre la pesquisa. Por un lado, el fiscal Taiano —que ya había recibido duras críticas e intentos de recusación por parte de los inversores damnificados por supuesta inacción y obstrucción probatoria— solicitó el sobreseimiento de todos los acusados argumentando que no existía «sustento fáctico alguno» para avanzar con la imputación por estafa, lo que derivó en el cierre exprés dictado por Martínez de Giorgi.
En la vereda opuesta, la PIA, conducida por el fiscal Sergio Rodríguez, irrumpió en el expediente para asumir la acción penal y denunció que el cierre del caso fue «prematuro». En su escrito, el organismo fiscalizador advirtió que no hubo un agotamiento de la investigación y alertó que las pruebas en curso estarían mostrando «señales de una concertación defraudatoria». Ante esto, la PIA solicitó reabrir inmediatamente el expediente e interpuso un recurso de apelación en subsidio para que, en caso de un nuevo rechazo, la decisión final sea adoptada por la Cámara Federal.