El fiscal Pollicita pidió enviar el expediente al fuero Penal Económico tras analizar los fondos en bitcoin.
La causa penal iniciada contra el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, dio un giro decisivo en los tribunales federales de Comodoro Py.
La fiscalía descarta enriquecimiento ilícito y busca girar el caso a Penal Económico
El fiscal Gerardo Pollicita emitió un dictamen clave en el que concluyó que no existen elementos ni indicios suficientes para sostener la acusación por enriquecimiento ilícito contra el exfuncionario de la gestión de La Libertad Avanza. De este modo, la fiscalía solicitó formalmente la incompetencia de la Justicia Federal para que las actuaciones sean derivadas a la Justicia Nacional en lo Penal Económico, donde se deberá evaluar si existió una eventual infracción por evasión tributaria.
El requerimiento del fiscal deja la decisión final en manos del juez federal Ariel Lijo, quien deberá ratificar o rechazar el criterio del Ministerio Público. Cabe destacar que este dictamen no representa un sobreseimiento definitivo para el exfuncionario, sino un reordenamiento del fuero judicial competente para investigar el origen y la declaración de sus bienes.
La justificación del patrimonio en bitcoins y la decisión judicial pendiente
La controversia patrimonial que motivó las pesquisas se centró en la adquisición de inmuebles de alto valor, entre ellos una residencia en el barrio privado Indio Cuá y un departamento en el barrio porteño de Caballito. Ante los requerimientos judiciales, la defensa de Adorni sostuvo que dichas operaciones se costearon a través del producido de operaciones con criptomonedas realizadas entre los años 2014 y 2018.
El exjefe de Gabinete detalló que realizó compras presenciales en efectivo por un total aproximado de USD 200.000 distribuidos en ocho billeteras virtuales, fondos que tras su apreciación financiera se convirtieron en USD 591.544,61 al momento de su liquidación.
Luego de una pericia exhaustiva sobre las direcciones de red de los bitcoins y tras repasar el historial patrimonial del imputado desde los 18 años, la fiscalía advirtió que las evidencias recolectadas no logran desmentir la versión presentada por la defensa.
Con las 29 inconsistencias iniciales despejadas en ese fuero, la causa quedará ahora a la espera de la resolución del juez Lijo para concretar su traspaso a la órbita de Penal Económico.