Comenzó la lectura de la querella en Comodoro Py por lavado de dinero y la obra pública.
En una nueva y decisiva audiencia en los Tribunales de Comodoro Py, el Tribunal Oral Federal N°5 dio inicio a la lectura formal de la acusación de la Unidad de Información Financiera (UIF) contra la expresidenta Cristina Kirchner y el diputado nacional Máximo Kirchner en el marco del juicio unificado Hotesur-Los Sauces.
Juicio Hotesur-Los Sauces: comenzó la lectura de la acusación de la UIF contra Cristina y Máximo Kirchner
Durante la jornada, la querella ratificó en su escrito de elevación que Néstor y Cristina Kirchner encabezaron una «asociación ilícita de carácter estable y permanente» diseñada con el objetivo de favorecer a «empresarios amigos» con adjudicaciones de obras públicas y «apoderarse de fondos públicos mediante mecanismos de lavado de dinero».
El organismo de control detalló la existencia de una sofisticada maniobra financiera para canalizar y encubrir las ganancias millonarias en favor de la familia presidencial. De acuerdo a la querella, se construyó un «sistema para transferir y disimular parte de las ganancias que se encontraban en poder de los empresarios a los propios expresidentes a través de préstamos, compra de propiedades, alquiler de complejos hoteleros, construcción de mejoras en dichos establecimientos y el alquiler de propiedades».
El rol del entramado inmobiliario y los empresarios involucrados
La acusación de la UIF hace hincapié en que la maniobra permitía que, utilizando a la firma inmobiliaria Los Sauces como canal de retribución por la obra pública concedida, esos fondos ingresaran directamente al patrimonio de la familia Kirchner «con apariencia de origen lícito».
En el expediente figuran un total de 24 imputados con roles asignados en el esquema, entre los cuales destacan los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa. Sobre los exmandatarios, el organismo querellante sostuvo que «aportaron el poder que la jerarquía y las facultades legales que su cargo les otorgaban», aprovechando la presunción de legitimidad de sus funciones ejecutivas.
Al igual que la imputación planteada por la Fiscalía, la UIF concluyó que este engranaje de blanqueo de capitales contaba con dos vías principales de financiamiento ilícito.
Por un lado, las sumas millonarias derivadas de la «defraudación con la obra pública en Santa Cruz» canalizadas hacia el entramado empresarial de Lázaro Báez; por el otro, el «crecimiento exponencial» de las firmas del Grupo Indalo, favorecidas de manera sistemática con licitaciones de obra pública, licencias de explotación hidrocarburífera y concesiones en el negocio de los juegos de azar.