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El Ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, desobedeció a un juez que le prohibió entrar a una cárcel a hacer procedimientos con la policía . Encima, se hizo filmar cometiendo flagrantemente el delito de desobediencia a una orden judicial, agravado por ser funcionario público. El hecho se registró el viernes último cuando el controvertido ministro de Seguridad llegó con más de doscientos efectivos de las fuerzas especiales y la policía convencional a allanar los tres módulos del Instituto Penitenciario Provincial por casos de extorción.

Allí, innecesariamente, por orden de los hermanos Gómez y del propio Massoni, rompieron entre 40 y 50 candados de las celdas donde están alojados los presos y tiraron abajo unas puertas, en lo que se podría considerar como una sucesión de delitos de “daño calificado” por ser la prisión un edificio estatal.

O sea, representantes del Estado rompiendo cosas del Estado injustificadamente. Una verdadera locura y como toda locura, algo difícil de entender. ¿Qué creerían, que los presos se iban a escapar? ¿O que iban a descartarse de los celulares que les terminaron secuestrando?

Después de los daños que ocasionaron, los guardias del Instituto Penitenciario Provincial no tenían cómo ni con qué dejar encerrados a los reclusos.

Ahora, seguramente en los próximos días va a haber una serie de denuncias penales por el accionar de la policía de Massoni. Nadie está cuestionando la diligencia que se realizó con la finalidad de clarificar graves delitos, lo que se pone en tela de juicio es la forma en que se ejecutó.

Según se supo, en una resolución el juez de Ejecución Penal de Puerto Madryn, Daniel Yangüela, a raíz de una presentación de la Defensa Publica, le prohíbe a Massoni intervenir en allanamientos bajo apercibimiento de Ley, y con la posibilidad de que sea denunciado penalmente en el Ministerio Publico Fiscal. Y él lo sabe, pero así y todo incumplió la sentencia del magistrado y se hizo filmar cometiendo el delito.

La prohibición a Massoni, viene de un operativo anterior en la misma cárcel, cuando se denunciaron todo tipo de ilegalidades en un allanamiento que aparentemente estuvo dirigido por él.

El juez federal de Rawson, Gustavo Lleral, ordenó que no haya más ingresos al penal de máxima seguridad de Rawson. Hizo lugar al habeas corpus que presentó el cotitular de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación, David Chassagnade. Se había desatado un escándalo con el traslado de 18 detenidos provenientes de Ezeiza, rechazados en varias otras provincias, de lo cuales 9 dieron positivo de coronavirus. 

«También se ordenó la misma disposición a la interventora del Servicio Penitenciario Federal, la doctora Garrigós de Rébori, y se puso en conocimiento de la situación a la ministra de Justicia de la Nación, doctora Marcela Losardo», remarcó Lleral.

El magistrado precisó que «la decisión del traslado de los internos alojados en la Unidad 6 y que han arribado en estos días, y que según la información del Ministerio de Salud se comprobó que nueve de ellos están infectados de Covid-19, fue tomada por la dirección nacional del Servicio Penitenciario Federal, la autoridad máxima, que dispone de los traslados de los internos».

Explicó que existe un protocolo para este caso extraordinario de la pandemia y que, «teóricamente debió haberse observado al momento de decidir los traslados». Y al depender el Servicio Penitenciario del Ministerio de Justicia de la Nación y ejerce su actividad dentro del Poder Ejecutivo, «es el responsable de las cárceles de todo el país», remarcó.

«TODOS ESTAMOS PREOCUPADOS»

«Todos estamos preocupados, aunque el Ministerio de Salud de la Provincia a través de su equipo epidemiológico ha ordenado la aplicación de los protocolos de aislamiento. Esa situación se evaluará día a día a través de la autoridad sanitaria», precisó el juez federal. 

Lleral ratificó que hizo lugar al habeas corpus del defensor oficial y también cotitular de la Comisión de Cárceles, David Chassagnade, que hizo una observación sobre los protocolos de traslado.

Pero además pidió que «se suspenda el ingreso de internos a la Unidad, medida que ya fue adoptada por mi parte, ordenándole al director de la Unidad 6 que se abstenga de recibir futuros traslados hasta tanto se modifique la situación epidemiológica del complejo carcelario», reveló el juez federal de Rawson.

Consultado sobre si la decisión de los traslados en el marco de la pandemia podría representar un delito, Lleral puntualizó que «hay una investigación penal en curso que se inició a través de la Fiscalía Federal de Rawson a cargo del doctor Fernando Gélvez, aunque muchos datos no puede dar».

«La autoridad que toma la decisión del traslado debe tener conocimiento de que hay personas infectadas», sostuvo.

CONTAGIOS EN TODOS LOS COMPLEJOS CARCELARIOS

Por su parte, el defensor oficial ante el Juzgado dijo que hizo las averiguaciones pertinentes que lo llevaron a «requerir información y poder tener un monitoreo de la situación, especialmente sobre el estado de salud de los internos y la aplicación de los protocolos que han sido dictados en los últimos meses».

«La Unidad 6 tiene una capacidad de 510 internos, aunque la población era inferior, había un cupo disponible de entre un 15 al 20 por ciento, no estaba completa», explicó Chassagnade. «Eso se logró a través de una acordada de la Cámara de Casación Penal y distintos pedidos de prisiones domiciliarias, semi libertad, algún que otro traslado, que se fueron gestionando durante la feria judicial extraordinaria por parte de los distintos defensores públicos y particulares de los internos, que en su mayoría son del área metropolitana de Buenos Aires. Es muy poca la población carcelaria que tenemos de Chubut en ese complejo de Rawson».

Campo de Mayo es el mayor complejo militar de Argentina. En sus 8.000 hectáreas alberga numerosos edificios, entre ellos una cárcel con detenidos por crímenes de lesa humanidad en la que se registra uno de los mayores brotes de la covid-19 detectados hasta ahora en penitenciarías argentinas: 28 presos y siete guardiacárceles han dado positivo.

El Ejército ha confirmado la muerte de dos exmilitares encarcelados. Se trata de Juan Domingo Salerno, exrepresor de la policía bonaerense durante la última dictadura (1976-1983), y Edberto González de la Vega, condenado por la voladura de una fábrica de armamento militar en la ciudad de Río Tercero, en 1995.

El primer contagio detectado en esa unidad penitenciaria se remonta a finales de junio. Luis Muiña, condenado a 13 años de cárcel por secuestrar y torturar a cinco trabajadores del Hospital Posadas, dio positivo después de una salida médica y fue trasladado a un hospital público de Buenos Aires. El nombre de Muiña quedó asociado a la masiva movilización de la sociedad argentina en 2017 contra el fallo de la Corte Suprema que le redujo la condena y abría la puerta a la excarcelación de otros represores. Las sospechas sobre el origen del brote actual recaen en uno de los penitenciarios. Ante la aparición de síntomas en varios presos, se decidió hacer hisopados a todo el pabellón.

“Son grupo de riesgo porque son grandes, de edad avanzada, pero presentan un cuadro sin inconvenientes”, asegura por teléfono la titular del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós de Rébori. Otras fuentes, en cambio, hablan de un preso en estado crítico. La unidad penal alberga a 70 reos, en su mayoría por delitos de lesa humanidad, con un promedio de edad de 74 años. Los que dieron positivo de covid-19 fueron trasladados a distintos centros hospitalarios y están bajo supervisión médica, mientras que los demás permanecen aislados en la cárcel de Campo de Mayo, el mayor predio militar de Argentina, en las afueras de la ciudad de Buenos Aires.

El pasado marzo, cuando Argentina declaró la cuarentena obligatoria por la pandemia de la covid-19, cinco presos murieron en motines en cárceles en las que los presos reclamaban excarcelaciones y medidas preventivas contra los contagios. Las visitas de familiares y las salidas transitorias de reos fueron suspendidas para reducir al mínimo la circulación del virus y la Justicia morigeró las penas de cientos de presos considerados de riesgo por su edad o por presentar patologías previas. Los represores encarcelados en Campo de Mayo solicitaron también conmutar la prisión por arresto domiciliario. Sus peticiones fueron denegadas en casi todos los casos por tratarse de delitos graves o por considerar que existía riesgo de fuga.

Los últimos recursos ante los tribunales, por ahora, también han chocado con la negativa judicial. “No puede pasar por alto que el encausado [Gonzalo ] Sánchez, imputado por la comisión de crímenes contra la humanidad, se mantuvo fugitivo desde el año 2005, y se ocultó en Brasil, desde donde eludió la orden de captura, hasta que con motivo de los ingentes esfuerzos mantenidos por la diplomacia argentina fue recientemente prendido por la Policía Federal brasileña en la ciudad de Paraty (estado de Río de Janeiro), para definitivamente poder ser extraditado a nuestro país y sometido al proceso”, sostuvo el juez Alejandro Slokar en un fallo reciente de la Cámara de Casación citado por el diario Página 12.

Gonzalo Sánchez, uno de los contagiados, está acusado de participar en el secuestro y la desaparición del escritor y periodista argentino Rodolfo Walsh el 25 de marzo de 1977. El exoficial de Prefectura, la fuerza policial argentina que custodia las vías navegables, está acusado también de participar en los denominados vuelos de la muerte con los que la dictadura arrojó a cientos de secuestrados al Río de la Plata. Tras permanecer prófugo de la Justicia, fue detenido en Brasil el pasado mayo y extraditado a Argentina, donde fue encarcelado en Campo de Mayo.

Los organismos de derechos humanos se han mantenido en silencio por ahora ante el brote de la covid-19 registrado en la unidad penitenciaria del regimiento militar. En abril, la agrupación HIJOS repudió con dureza la excarcelación del médico Carlos Capdevila, triplemente condenado por crímenes de lesa humanidad. “¿Qué hacía Capdevila en la ESMA? Como médico, participó en el robo de bebés y se encargaba de ver cuánto más podían seguir torturando a las víctimas”, señaló la agrupación a través de las redes sociales, donde pidió que los represores cumplan su condena en la cárcel común y queden excluidos de cualquier beneficio.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) no ha hecho declaraciones públicas, pero en mayo advirtió en un informe de la sobrepoblación y hacinamiento en las cárceles argentinas y se hizo eco de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de morigerar penas a presos considerados grupos de riesgo.

Según los últimos datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, fueron denegados el 73% de los 107 recursos de otorgamiento de arrestos domiciliarios y otras formas de morigeración de la pena presentados hasta el 19 de julio. La Procuración Penitenciaria de la Nación tenía contabilizados hasta mitad de julio 120 casos positivos de covid-19 en cárceles federales argentinas.

Fuente: El País

Desde el Tribunal Oral Federal, con asiento en Comodoro Rivadavia, confirmaron a EL CHUBUT que se está a la espera de la evolución médica de Omar «Cura» Segundo para determinar donde quedará alojado para cumplir su condena. Segundo había sido descubierto incumpliendo el arresto domiciliario y, tras ser detenido, fue trasladado a una clínica por una descompensación.

Los habitantes de Puerto Madryn evidentemente saben quién es Omar “Cura” Segundo y los hechos en los que se vio involucrados, y que fue condenado, como también saben que debía cumplir con la prisión domiciliaria, que no podía salir de su domicilio, salvo para ir al médico tres veces por semana.

Al verlo en un supermercado en pleno centro de la ciudad, los vecinos lo reconocieron a pesar de llevar colocado un tapabocas y de inmediato dieron aviso a Policía, que trasladó personal al lugar y procedió a su arresto.

Esto fue reconocido por el jefe de la Unidad Regional, Comisario Mayor Javier Guzmán, quien confirmó que “fue detenido en un local comercial tras ser reconocido por un cliente” que dio aviso a policía.

Guzmán agregó que una vez trasladado, “en la comisaría se descompensó por lo que fue trasladado a una clínica donde quedó internado”, mientras que se realizaban las notificaciones y consultas ante el Tribunal Oral Federal.

Guzmán informó también que “aún no se realizó el traslado, sigue internado con custodia policial”, por lo que se está colaborando con la Justicia Federal en la custodia del reo hasta que se pueda realizar el mismo, lo que llevará a cabo la Policía federal una vez que el TOF determine en que cárcel quedará alojado, si en la U6 de Rawson o en la U14 de Esquel.

Se encuentran separados de los otros presos en la Alcaldía N°3 de La Plata, poblada por ladrones y dealers. La rutina del grupo en el patio, los psicólogos que los contienen y el estigma rejas adentro. “No son como nosotros, son logis”, dice un ladrón detenido.

Cuando salen al patio de la Alcaldía Departamental N°3 de La Plata, tres horas por día, lo hacen como si siguieran siendo parte de un equipo de rugby: los ocho juntos, hablando en voz baja o al oído, como si planearan una jugada estratégica.

Siguen aislados, porque los demás presos no le perdonan el delito que se les imputa. Podrían ser llamados “los ocho más odiados”, como el western de Quentin Tarantino. Es una paradoja, pero justamente cada equipo de rugby tiene ocho forwards. Hay equipos de rugby en varias cárceles de la provincia, pero Los acusados de matar a Fernando Báez no tienen ánimos de dar pelea ni de jugar. Por estos días ya ni siquiera reciben insultos de los otros detenidos. El odio que generaron en un comienzo, cuando les gritaban “¡asesinos!” desde el otro lado de las rejas, pareciera haberse debilitado cuando irrumpió el COVID-19. La atención de los presos estuvo hacia el virus que dejó en cuarentena a todo el país.

Máximo Thomsen (20), Ciro Pertosi (20), Luciano Pertossi (18), Lucas Pertossi (21), Enzo Comelli (20), Matías Benicelli (20), Blas Cinalli (19) y Ayrton Viollaz (21).Máximo Thomsen (20), Ciro Pertosi (20), Luciano Pertossi (18), Lucas Pertossi (21), Enzo Comelli (20), Matías Benicelli (20), Blas Cinalli (19) y Ayrton Viollaz (21), están alojados en el pabellón 6 de la N°3 de La Plata 3, en Melchor Romero, a donde llegaron tras ser trasladados del penal de Dolores, con sus prisiones preventivas confirmadas por la Cámara de la jurisdicción.

En la causa investigada por la fiscal Verónica Zamboni bajo la firma del juez David Mancinelli hay otros dos acusados como partícipes necesarios: Juan Guarino (19) y Alejo Milanesi (19), que fueron excarcelados y están con sus familias en Zárate. Están imputados como coautores del delito de homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas. Zamboni se encuentra todavía en el plazo que establece la ley para que eleve su causa a juicio. La acusación contempla una pena de cadena perpetua.

Seis meses después, los acusados están aislados del resto de los detenidos. Se los mantiene distribuidos en cuatro celdas contiguas con capacidad de dos cada una. Todos los días, de lunes a viernes, como el resto de los detenidos, pueden salir tres horas del pabellón. Lo hacen solos, sin otros internos alrededor, una vida tumberaaparte.

“Según el día les puede tocar de mañana o de tarde. Salen al patio los ocho juntos. Durante ese momento suelen caminar, sentarse al sol y charlar. El establecimiento cuenta con una biblioteca, pero ellos leen las novelas que le acercaron sus familiares”, dijo a Infobae una fuente que conoce su encierro de primera mano. “En las primeras salidas al patio del pabellón 6, detenidos de sectores cercanos los insultaban, pero a medida que pasaron los días y con el advenimiento de la crisis sanitaria por el COVID-19, cesó cualquier tipo de hostigamiento y ya son uno más. No han registrado incidente alguno”, contó una fuente penitenciaria.

Como ocurre en todas las cárceles del país, los rugbiers tienen las visitas suspendida, pero pueden recibir mercadería de sus familiares. La misma fuente aseguró: “No tienen ningún privilegio. Todos mantienen un perfil muy bajo. No han protagonizado ningún incidente ni evento indisciplinario. No han hecho peticiones a los agentes penitenciarios. No se advierte liderazgo de ninguno de ellos sobre los otros y se comportan con respeto hacia el personal”.

De parte de la defensa de los acusados de matar a Fernando, no hubo ningún pedido judicial a causa de las condiciones de detención en el contexto de la pandemia en el Juzgado N°6 de Mancinelli, como ocurrió con otros internos que pidieron prisión domiciliaria o la libertad condicional después de que sus defensas adujeran que corrían riesgos de contraer la enfermedad. El 6 de julio, la Sala II del Tribunal de Casación Penal bonaerense rechazó por “inadmisible” un habeas corpus para que se ordene su salida de la cárcel. El pedido había sido formulado por el abogado defensor Horacio Henricot, quien consideró en su escrito que los detenidos sufrían una “arbitraria privación de libertad”.

Durante la pandemia, la Justicia permitió a los detenidos tener celulares registrados para comunicarse por WhatsApp, sin permiso para tener redes sociales. Sin embargo, para comunicarse con sus familiares usan el teléfono público del pabellón, hasta el momento no tienen teléfonos propios. Cuentan una hora diaria para comunicarse. Desde el área de psicología de la alcaidía, entrevistaron a los ocho al ingresar a la dependencia. Los profesionales han tenido otras entrevistas de contención con ellos, dijo una fuente. La lejanía de sus familias también implica que, en buena parte de los días, coman la comida del penal.

La alcaidía donde están los rugbiers es un lugar de detención transitorio. “Y, es áspero el lugar, están todos en leoneras, se pone a veces”, dice un preso veterano que dejó la alcaldía meses atrás: “Mirá que estuve preso en un montón de penales, pero ahí no vuelvo. Son más que nada pibes jovenes, pendejos”.

Llegan de comisarías de La Plata y su periferia, la Alcaldía es su primer destino. Hay acusados por violencia de género, dealers, jóvenes ladrones de celulares o carteras. Las peleas son comunes, arrebatos, ataques en banda por un par de zapatillas. Los detenidos pasan el día engomados, como se dice en la jerga carcelaria a los presos que pasan la mayor parte del tiempo encerrados, allí en las celdas.

“Hay muchos rastreros ahí. Muchos están empastillados. Te tienen encerrado ahí y después te definen un traslado definitivo a un penal”, contó un joven que estuvo detenido en esa alcaidía.

En la cárcel hasta los más inescrupulosos y temibles enarbolan una especie de regla moral carcelaria según la cual los femicidas, los violadores y los narcos no son bienvenidos. Otros rechazados son los detenidos que pertenecen a fuerzas de seguridad. Por eso están en pabellones aislados o protegidos del resto de la población carcelaria.

“Pero ahora a los violines, los matamujeres o los transas se le sumó una nueva categoría despreciable: la de los patoteros”, dice a Infobae Juan Manuel Zalloechevarría, desde la Unidad 23 de Florencio Varela, detenido por narcotráfico e hijo de uno de los integrantes de la banda del Robo del Siglo.

-¿Qué es lo imperdonable para los presos que no admiten a los rugbiers?

-Que actuaron en patota y golpearon hasta la muerte a un chico inocente e indefenso. Es una cobardía. Un ensañamiento. Encima se burlaban. Eso el que está preso no lo perdona. Sabe lo que es que una patota policial o penitenciaria te agarre y te muela a palos.

-¿Qué se habla sobre ellos?

-Ahora lo más importante es el coronavirus. Pero en su momento tengo entendido que no se hablaba bien de ellos. Todo lo contrario. Por eso los tienen protegidos. Yo creo que van a estar siempre así o tendrán que ir a un pabellón evangelista. Si los sueltan a los otros pabellones, van a ser presa fácil.

La sala que ocupaban los rugbiers en el penal de Dolores.

Hubo videos, presos de otras cárceles como la 32 de Varela que les dedicaron supuestas intimidaciones que se hicieron virales. En su paso por la cárcel de Dolores, donde ocuparon una sala cercana al pabellón evangelista, los rugbiers eran una especie de presencia silenciosa e invisible para los demás detenidos. Como si hubiesen estado detenidos en una burbuja impenetrable.

“Sólo puede verse un chapón blanco. Atrás están los chicos estos, “los rugby” (sic). Son como un misterio para nosotros. Decimos que nosotros estamos en un rancho y ellos están en una cajita o casita de cristal. Como muñequitos intocables”, dijo a Infobae en su momento un ladrón detenido por el asalto a una financiera.

-¿Hubo algún episodio de violencia?

-Nada. Ni siquiera hubo amenazas, pero algunos compañeros me dicen que si los tuvieran cerca, gratis no se la dejarían pasar. Bardearon y acá todos sabemos lo que hicieron esos pibes. Lo vimos por tele. Había más compañeros mirando esa noticia que el Boca-River.

-¿Para usted qué piensan los rugbiers de todo esto?

-Creo que ni saben lo que hicieron y parece que todavía no tomaron conciencia de que nunca más se van a ir a la calle. Da bronca lo que hicieron porque fue cobarde. Todos contra uno, indefenso. Hasta cuando pasa eso acá, que todos le pegan a uno, hay represalias. En los códigos nuestros está muy mal lo que hicieron. Caranchearon a un pobre pibe y lo mataron peor que una rata. Por eso a estos pibes si llegan a población les van a sacar el mayor crédito posible. No son como nosotros. Son logis. Y aunque no sean chetos, nunca podrán ser de los nuestros. Hubo casos en que estando en otro penal, compañeros se comunicaban con familiares de la víctima para ser sicario. Pedían pocas cosas. Dos lucas de tarjeta de teléfono. O a veces nada. Pero acá no pasó nada de esto.

Mientras tanto el aislamiento se mantiene, aunque ahora en Melchor Romero. Es como si los rugbiers estuvieran detenidos en una especie de pequeña cárcel dentro de otra cárcel. La visión que cada uno ellos tiene de la prisión es reducida. No fueron impregnados por la atmósfera que se forma en cualquier penal. No se han cruzado ni han visto a otro detenido.

Lo que sus abogados reclaman por vía judicial, que los imputados “sean oídos” ante sus acusadores, rejas adentro ocurre a la inversa.

Hablan sólo entre ellos. Nadie escucha lo que dicen, señaló El Comodorense.

El violento acto fue registrado por un teléfono celular de otro preso. Allí se observa que mientras la víctima solo se queja ante los golpes en el cráneo, el agresor le reprocha haber sido mordido en el brazo que tiene sangrando y le insiste que le pida “perdón”.

La ley del más fuerte parece aplicarse con más rigor en las celdas de Comodoro Rivadavia en medio del asilamiento, mientras presos de distintos puntos de la provincia del Chubut solicitan, además de las visitas familiares, el acompañamiento psicológico necesario para afrontar el encierro.

El agresor le pega varias veces al otro detenido que está arrojado en el suelo y recuerda que él sabe de violencia porque “pelea” desde los 13 años.

Fuentes extraoficiales dan cuenta de que el agresor es un delincuente que purga condena por robo, lo mismo que la víctima. Ambos después de esta situación fueron separados en distintos pabellones.

Al cierre de esta edición no había información oficial sobre la golpiza, ni si la víctima había radicado la denuncia ante las autoridades policiales y judiciales.

 

??? || SE FILTRÓ UN VIDEO DE LA GOLPIZA DE UN DETENIDO A OTRO EN LA CELDALa ley del más fuerte parece aplicarse con…

Publicado por Cholila Online Portal de Noticias Digital en Miércoles, 1 de julio de 2020

 

La cámara Penal de la ciudad de Trelew resolvió rechazar la impugnación ordinaria presentada por el defensor particular del imputado y confirmar en todas sus partes la sentencia Nro. 1015/2019 de primera instancia.

El Tribunal integrado por los camaristas Alejandro Gustavo Defranco, Roberto Adrián Barrios y Martín Montenovo, con la presidencia del nombrado en primer término, confirmaron por unanimidad la sentencia de primera instancia por la cual se condenó a J.M.R. a la pena de nueve años de prisión de efectivo cumplimiento, accesorias legales y costas. Fue luego de hallarlo autor material y penalmente responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante en razón de su duración, agravado por el vínculo y por haber sido cometido contra una menor de 18 años aprovechando la situación de convivencia preexistente.

De esa manera, la Cámara Penal confirmó la condena que ya había sido dictada anteriormente en primera instancia por unanimidad por el Tribunal colegiado integrado por los Dres. César Marcelo Zaratiegui, Gustavo Castro y María Tolomei. Por lo tanto, seis jueces coincidieron en su resolución.

La audiencia de impugnación se realizó en sede de tribunales de la ciudad de Trelew. Estuvieron presentes el condenado junto a su defensor de confianza, Dr. Romano Cominetti. En representación del Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Rawson intervino el Fiscal General Osvaldo Heiber, y por la Asesoría de Menores participaron del acto mediante sistema de teleconferencia las Dras. Alexia López y Liliana Ríos. Todos ellos ya habían intervenido en el juicio que se desarrolló en el mes de octubre de 2019 en los Tribunales de Rawson.

En un pasaje de la audiencia de impugnación, el fiscal Osvaldo Heiber fue categórico al subrayar el espacio temporal durante el que se produjo el abuso a la víctima, aproximadamente la mitad de su tiempo de vida hasta el momento de la denuncia.

Heiber destacó, “la unanimidad que exhibió la sentencia en crisis, como la perspectiva de género y de los derechos del niño con la que se abordó el análisis de la prueba producida en juicio”.

Asimismo, tuvo en cuenta a los fines de determinar la pretensión punitiva, que los sucesos tuvieron lugar en el domicilio en el que habitaban el acusado y su hija, el vínculo de padre-hija entre víctima y victimario, que los hechos se produjeron mediante aprovechamiento de la edad de la menor y en los momentos en que se encontraba sola, sometiéndola a prácticas abusivas, y que los abusos comenzaron cuando la niña tenía 9 años y se reiteraron por un período de 6 años, es decir hasta los 15 años de la menor. Por su parte, el Servicio de Asistencia a la Víctima de Rawson también intervino realizando un informe sobre el caso y la asistencia a la víctima.

Los hechos

El caso dio cuenta que desde el año 2011 hasta mayo de 2017 en días y meses que no se pueden precisar, en el domicilio del imputado, en la localidad de Playa Unión, luego de constatar éste que su mujer y sus dos hijos varones menores se encontraban durmiendo en sus respectivas habitaciones, aprovechándose de la circunstancia de que su hija se encontraba sola en su dormitorio, abusaba sexualmente de ésta cuando ingresaba todas las noches a las 02.00 horas de la madrugada aproximadamente a la habitación de la niña desde que ésta tenía 9 años, hasta mayo de 2017 que tenía 15 años. En tales circunstancias el imputado se introducía en la cama de la niña y le tocaba con sus manos las partes íntimas.

Los hechos tuvieron dos etapas de develamiento: la primera cuando la víctima le contó a su mejor amiga lo sucedido, y el segundo y definitivo develamiento se produce cuando finalmente la niña se atreve a contarlo a las autoridades de la escuela a la que concurría, quienes radicaron la denuncia que dio lugar a la investigación llevada a cabo por la Fiscalía de Rawson, con el posterior juicio y condena al abusador.

Un hombre de 29 años fue detenido por incumplir el arresto domiciliario. En la audiencia su abogado dijo que no podía estar en prisión porque si tenía Covid-19 iba a contagiar al resto de los presos. La jueza no le creyó. Le revocaron la medida y volvió a la cárcel.

Se trata de Iván Estremador (29), quien estaba detenido bajo arresto domiciliario por robo a comercios. Se encontraban con domiciliaria tras una disposición del juez Horacio Yangüela. Pero incumplió la medida, y la policía lo detuvo en el barrio 630 viviendas.

El viernes a la tarde se hizo la audiencia, bajo la modalidad de teleconferencia. Fue allí cuando el defensor público Diego Trad se opuso a que vuelva a prisión y argumentó que “si llegara a tener Covid-19 infectaría a toda la población carcelaria”.

La fiscal del caso, Silvana Salazar, rechazó el planteo del defensor y replicó que Estremador “no tiene síntomas, no viajó al exterior, y en Puerto Madryn no hay casos sospechosos, por lo cual es improbable que esté infectado de Coronavirus”.

En el mismo sentido, la jueza Patricia Asaro, resolvió que se le hará el examen pertinente y quedará alojado en una celda sin contacto con demás presos.

Estremador, junto a su pareja, Lorena Nourry de 40 años, habían sido detenidos en el barrio 630 viviendas, luego de asaltos a comercios de la ciudad, donde sustraían mercaderías, teléfonos celulares de sus víctimas y dinero en efectivo, publicó Diario Jornada.

Una de las abogadas defensoras de Facundo Jones Huala, Karina Riquelme, informó que la psicóloga que atiende al referente mapuche en la cárcel de Temuco registró coronavirus.

«Se tomó conocimiento que en la cárcel de Temuco, la psicóloga que hoy atendió a Facundo Jones Huala dio positivo en COVID-19. Se interpuso un amparo y se comunicó que en estos momentos se aisló preventivamente al lonko mapuche para que comience su cuarentena dentro de la cárcel», difundió a través de las redes.

El Centro de Investigaciones y Defensa Sur (CidSur) informó que al conocer el diagnóstico, se presentó un amparo telefónico ante el Juzgado de Garantía de Temuco «para conocer las condiciones y protocolos que aplicará la Gendarmería chilena».

Se les notificó que el lonko comenzará la cuarentena preventiva y deberá permanecer en un recinto especialmente habilitado. Desde CidSur, además aseguraron que exigirán una comunicación constante con Jones Huala.

Luego de ser extraditado a Chile, la justicia de ese país condenó a Jones Huala a 9 años de prisión por el incendio de una propiedad en la estancia Pisu Pisué el 9 de enero de 2013, junto a un grupo de desconocidos, y por posesión ilegal de armas de fabricación casera.

Sin embargo, en instancias judiciales posteriores, la justicia chilena avaló rebajar la pena efectiva en aproximadamente 3 años, que es el tiempo que Jones Huala permaneció en prisión preventiva en la Unidad 12 de Esquel y en la cárcel Concesionada de Valdivida en los años 2013, 2017 y 2018.

El dirigente mapuche podría salir bajo libertad condicional en 2021 de acuerdo a lo que establece la justicia en Chile.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Colegio Médico chilenos acudieron ante un motín y denunciaron las condiciones sanitarias en el Complejo Penitenciario de Puente Alto.

Una alarma se prendió en Chile. El domingo, el motín de un grupo de presos del Complejo Penitenciario de Puente Alto buscó denunciar las condiciones en las que se encontraban en medio de la pandemia del nuevo coronavirus. En las últimas horas, a raíz de la intermediación del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (INDH) y del Colegio Médico de Chile, se constató que hay al menos 149 infectados por COVID-19.

Aquel día, Sergio Micco, el director del INDH, se trasladó hacia la cárcel del sur de Santiago y conversó durante más de ocho horas con los internos de la Torre 1, quienes acusaban a gritos que el “brote” radicaba en ese espacio y exigían la aplicación de medidas.

Inmediatamente, se practicaron los tests en conjunto con el Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico. El lunes, cuando llegaron los resultado, se informó que 68 internos y 81 gendarmes dieron positivo.

Según Micco, las condiciones del recinto penitenciario para atender a enfermos por coronavirus son insuficientes y denunció que en la inspección encontraron que el penal sólo tiene una enfermera y tres paramédicos para atender a los detenidos y al personal de seguridad de la cárcel que resulte infectado.

En la cuenta de Twitter del Instituto, además, remarcaron que los presos advirtieron que debían cuidar a los gendarmes porque «si ellos se enfermaban iban a cerrar el penal con candado por dentro».

Beatriz Contreras, jefa metropolitana del INDH, tras su visita a la cárcel aseguró que los test efectivamente se están aplicando, y que se han adoptado medidas, pero las calificó como “insuficientes ante la magnitud de la situación que se vive al interior del penal”.

Si bien valoró la instalación de un túnel sanitario y la disposición de un nuevo espacio de aislamiento social más grande que el anterior y que permite una aplicación más factible de esta medida, Contreras señaló: «Preocupa que habiendo trascurridos casi dos semanas la unidad aún no cuente con un médico, dado que el titular se encuentra con licencia, debiendo la enfermera hacerse cargo de esta situación. Es un equipo de salud muy pequeño en atención a la cantidad de población penal y de funcionarios contagiados/ y/o con sospecha de estarlo».

Como respuesta a estas denuncias, Gendarmería, que se encarga de la seguridad en los penales, informó que para este martes realizarán 300 test PCR de detección del virus a internos y gendarmes dentro del recinto como medida de seguridad sanitaria. Los efectivos, además de ser el grupo con mayor número de infecciones, no disponen de todos los elementos necesarios para protegerse, como tampoco el equipo médico.

Además, el INDH informó que a raíz del indulto promulgado la semana pasada, en las últimas horas fueron liberados 35 internos, de los que 17 se encuentran contagiados con COVID-19. “Nos preocupa que la institución esté haciendo un seguimiento a la salud de estos internos a las medidas que se estén tomando para el resguardo de su entorno y a las medidas para evitar la propagación del virus. Hemos realizado la consulta y estamos a la espera de esta información”, advirtió.

En Chile, la pandemia ya ha provocado 10.832 contagios y 147 muertes. Según el último reporte, brindado por el ministro de Salud, Jaime Mañalich, en las últimas 24 horas se sumaron 325 nuevos casos y ocho fallecidos.

En conferencia de prensa desde el Palacio de La Moneda, el ministro detalló que existen 5.716 personas con el virus activo y que, hasta el momento, se han recuperado de la Covid-19 un total de 4.969 personas, que representa el 45% del total de infectados.

Actualmente 392 personas están hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 67 se encuentran en estado crítico.

Sobre las medidas de cuarentena en diferentes sectores del país, el ministro confirmó que las comunas capitalinas de Quinta Normal, Pedro Aguirre Cerda y el sector sur de Independencia entran en cuarentena a partir de este jueves 23 de abril desde las 22.

Por otra parte, luego del llamado del presidente Sebastián Piñera a «aprender a vivir en una nueva normalidad» de convivencia con el coronavirus, un grupo de más de 50 personas se manifestaron hoy en Plaza Italia contra la desigualdad social en Chile.

Dados que las restricciones decretadas por el coronavirus impiden congregaciones masivas en lugares públicos, la policía los dispersó y detuvo a 14 participantes de la manifestación, que se inscriben en la ola de protestas iniciadas en Chile el año pasado.

Chile está bajo estado de excepción constitucional por catástrofe por 90 días, decretado por el gobierno como parte de la lucha contra el coronavirus, en medio también de la crisis social que se vive en el país desde octubre de 2019 por las protestas en reclamo de reformas políticas, económicas y sociales.