El Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Colegio Médico chilenos acudieron ante un motín y denunciaron las condiciones sanitarias en el Complejo Penitenciario de Puente Alto.
Una alarma se prendió en Chile. El domingo, el motín de un grupo de presos del Complejo Penitenciario de Puente Alto buscó denunciar las condiciones en las que se encontraban en medio de la pandemia del nuevo coronavirus. En las últimas horas, a raíz de la intermediación del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (INDH) y del Colegio Médico de Chile, se constató que hay al menos 149 infectados por COVID-19.
Aquel día, Sergio Micco, el director del INDH, se trasladó hacia la cárcel del sur de Santiago y conversó durante más de ocho horas con los internos de la Torre 1, quienes acusaban a gritos que el “brote” radicaba en ese espacio y exigían la aplicación de medidas.
Inmediatamente, se practicaron los tests en conjunto con el Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico. El lunes, cuando llegaron los resultado, se informó que 68 internos y 81 gendarmes dieron positivo.
Según Micco, las condiciones del recinto penitenciario para atender a enfermos por coronavirus son insuficientes y denunció que en la inspección encontraron que el penal sólo tiene una enfermera y tres paramédicos para atender a los detenidos y al personal de seguridad de la cárcel que resulte infectado.
En la cuenta de Twitter del Instituto, además, remarcaron que los presos advirtieron que debían cuidar a los gendarmes porque «si ellos se enfermaban iban a cerrar el penal con candado por dentro».
Beatriz Contreras, jefa metropolitana del INDH, tras su visita a la cárcel aseguró que los test efectivamente se están aplicando, y que se han adoptado medidas, pero las calificó como “insuficientes ante la magnitud de la situación que se vive al interior del penal”.
Si bien valoró la instalación de un túnel sanitario y la disposición de un nuevo espacio de aislamiento social más grande que el anterior y que permite una aplicación más factible de esta medida, Contreras señaló: «Preocupa que habiendo trascurridos casi dos semanas la unidad aún no cuente con un médico, dado que el titular se encuentra con licencia, debiendo la enfermera hacerse cargo de esta situación. Es un equipo de salud muy pequeño en atención a la cantidad de población penal y de funcionarios contagiados/ y/o con sospecha de estarlo».
Como respuesta a estas denuncias, Gendarmería, que se encarga de la seguridad en los penales, informó que para este martes realizarán 300 test PCR de detección del virus a internos y gendarmes dentro del recinto como medida de seguridad sanitaria. Los efectivos, además de ser el grupo con mayor número de infecciones, no disponen de todos los elementos necesarios para protegerse, como tampoco el equipo médico.
Además, el INDH informó que a raíz del indulto promulgado la semana pasada, en las últimas horas fueron liberados 35 internos, de los que 17 se encuentran contagiados con COVID-19. “Nos preocupa que la institución esté haciendo un seguimiento a la salud de estos internos a las medidas que se estén tomando para el resguardo de su entorno y a las medidas para evitar la propagación del virus. Hemos realizado la consulta y estamos a la espera de esta información”, advirtió.
En Chile, la pandemia ya ha provocado 10.832 contagios y 147 muertes. Según el último reporte, brindado por el ministro de Salud, Jaime Mañalich, en las últimas 24 horas se sumaron 325 nuevos casos y ocho fallecidos.
En conferencia de prensa desde el Palacio de La Moneda, el ministro detalló que existen 5.716 personas con el virus activo y que, hasta el momento, se han recuperado de la Covid-19 un total de 4.969 personas, que representa el 45% del total de infectados.
Actualmente 392 personas están hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 67 se encuentran en estado crítico.
Sobre las medidas de cuarentena en diferentes sectores del país, el ministro confirmó que las comunas capitalinas de Quinta Normal, Pedro Aguirre Cerda y el sector sur de Independencia entran en cuarentena a partir de este jueves 23 de abril desde las 22.
Por otra parte, luego del llamado del presidente Sebastián Piñera a «aprender a vivir en una nueva normalidad» de convivencia con el coronavirus, un grupo de más de 50 personas se manifestaron hoy en Plaza Italia contra la desigualdad social en Chile.
Dados que las restricciones decretadas por el coronavirus impiden congregaciones masivas en lugares públicos, la policía los dispersó y detuvo a 14 participantes de la manifestación, que se inscriben en la ola de protestas iniciadas en Chile el año pasado.
Chile está bajo estado de excepción constitucional por catástrofe por 90 días, decretado por el gobierno como parte de la lucha contra el coronavirus, en medio también de la crisis social que se vive en el país desde octubre de 2019 por las protestas en reclamo de reformas políticas, económicas y sociales.
