Campo de Mayo es el mayor complejo militar de Argentina. En sus 8.000 hectáreas alberga numerosos edificios, entre ellos una cárcel con detenidos por crímenes de lesa humanidad en la que se registra uno de los mayores brotes de la covid-19 detectados hasta ahora en penitenciarías argentinas: 28 presos y siete guardiacárceles han dado positivo.
El Ejército ha confirmado la muerte de dos exmilitares encarcelados. Se trata de Juan Domingo Salerno, exrepresor de la policía bonaerense durante la última dictadura (1976-1983), y Edberto González de la Vega, condenado por la voladura de una fábrica de armamento militar en la ciudad de Río Tercero, en 1995.
El primer contagio detectado en esa unidad penitenciaria se remonta a finales de junio. Luis Muiña, condenado a 13 años de cárcel por secuestrar y torturar a cinco trabajadores del Hospital Posadas, dio positivo después de una salida médica y fue trasladado a un hospital público de Buenos Aires. El nombre de Muiña quedó asociado a la masiva movilización de la sociedad argentina en 2017 contra el fallo de la Corte Suprema que le redujo la condena y abría la puerta a la excarcelación de otros represores. Las sospechas sobre el origen del brote actual recaen en uno de los penitenciarios. Ante la aparición de síntomas en varios presos, se decidió hacer hisopados a todo el pabellón.
“Son grupo de riesgo porque son grandes, de edad avanzada, pero presentan un cuadro sin inconvenientes”, asegura por teléfono la titular del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós de Rébori. Otras fuentes, en cambio, hablan de un preso en estado crítico. La unidad penal alberga a 70 reos, en su mayoría por delitos de lesa humanidad, con un promedio de edad de 74 años. Los que dieron positivo de covid-19 fueron trasladados a distintos centros hospitalarios y están bajo supervisión médica, mientras que los demás permanecen aislados en la cárcel de Campo de Mayo, el mayor predio militar de Argentina, en las afueras de la ciudad de Buenos Aires.
El pasado marzo, cuando Argentina declaró la cuarentena obligatoria por la pandemia de la covid-19, cinco presos murieron en motines en cárceles en las que los presos reclamaban excarcelaciones y medidas preventivas contra los contagios. Las visitas de familiares y las salidas transitorias de reos fueron suspendidas para reducir al mínimo la circulación del virus y la Justicia morigeró las penas de cientos de presos considerados de riesgo por su edad o por presentar patologías previas. Los represores encarcelados en Campo de Mayo solicitaron también conmutar la prisión por arresto domiciliario. Sus peticiones fueron denegadas en casi todos los casos por tratarse de delitos graves o por considerar que existía riesgo de fuga.
Los últimos recursos ante los tribunales, por ahora, también han chocado con la negativa judicial. “No puede pasar por alto que el encausado [Gonzalo ] Sánchez, imputado por la comisión de crímenes contra la humanidad, se mantuvo fugitivo desde el año 2005, y se ocultó en Brasil, desde donde eludió la orden de captura, hasta que con motivo de los ingentes esfuerzos mantenidos por la diplomacia argentina fue recientemente prendido por la Policía Federal brasileña en la ciudad de Paraty (estado de Río de Janeiro), para definitivamente poder ser extraditado a nuestro país y sometido al proceso”, sostuvo el juez Alejandro Slokar en un fallo reciente de la Cámara de Casación citado por el diario Página 12.
Gonzalo Sánchez, uno de los contagiados, está acusado de participar en el secuestro y la desaparición del escritor y periodista argentino Rodolfo Walsh el 25 de marzo de 1977. El exoficial de Prefectura, la fuerza policial argentina que custodia las vías navegables, está acusado también de participar en los denominados vuelos de la muerte con los que la dictadura arrojó a cientos de secuestrados al Río de la Plata. Tras permanecer prófugo de la Justicia, fue detenido en Brasil el pasado mayo y extraditado a Argentina, donde fue encarcelado en Campo de Mayo.
Los organismos de derechos humanos se han mantenido en silencio por ahora ante el brote de la covid-19 registrado en la unidad penitenciaria del regimiento militar. En abril, la agrupación HIJOS repudió con dureza la excarcelación del médico Carlos Capdevila, triplemente condenado por crímenes de lesa humanidad. “¿Qué hacía Capdevila en la ESMA? Como médico, participó en el robo de bebés y se encargaba de ver cuánto más podían seguir torturando a las víctimas”, señaló la agrupación a través de las redes sociales, donde pidió que los represores cumplan su condena en la cárcel común y queden excluidos de cualquier beneficio.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) no ha hecho declaraciones públicas, pero en mayo advirtió en un informe de la sobrepoblación y hacinamiento en las cárceles argentinas y se hizo eco de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de morigerar penas a presos considerados grupos de riesgo.
Según los últimos datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, fueron denegados el 73% de los 107 recursos de otorgamiento de arrestos domiciliarios y otras formas de morigeración de la pena presentados hasta el 19 de julio. La Procuración Penitenciaria de la Nación tenía contabilizados hasta mitad de julio 120 casos positivos de covid-19 en cárceles federales argentinas.
Fuente: El País
