Hay que recordar aquel acuerdo, en el que los imputados aceptaron responsabilidad en un delito de abuso sexual simple contra la víctima, por el que accederían a una pena mínima de 3 años de prisión en suspenso y una reparación económica para la víctima, fue rechazado por el juez de la causa, Marcelo Nieto de Biase.

Entre sus fundamentos, el juez consideró que la pena resultaba exigua, al tiempo que expresó en su sentencia que se negaba a aceptar “que exista una justicia que tenga resultados diferentes, dependiendo del poder adquisitivo de los imputados”, en referencia al pago del resarcimiento y del nivel socio económico de los acusados.Fue así que, tras aquella resolución de junio de 2020, se ordenó la realización de un juicio oral y público. El abogado Guillermo Iglesias, defensor de uno de los acusados, justificó en julio de este año el motivo por el que su defendido prefirió ir a juicio, luego de que fracasara el acuerdo en el que había aceptado su responsabilidad en el delito: “La particularidad del juicio abreviado es que no se producen las pruebas, entonces se había acordado un delito menor, con una pena en suspenso. Cuando se rechazó el abreviado, nosotros impugnamos esa resolución pero mi defendido bajo ningún concepto quiso aceptar su responsabilidad en esas condiciones –dijo Iglesias, durante una entrevista publicada por ADNSUR-, porque se estaba violentando su buen nombre y honor. Incluso decidió lo contrarió a mi consejo profesional, porque yo entendía que el contexto del juicio era adverso, pero tuvimos la suerte de contar con un tribunal intelectualmente honesto y pasó lo que tenía que pasar”, expresó en aquel momento, en relación a la sentencia absolutoria.

Por su parte, la fiscal del caso, María Botini, expuso en aquellos días los motivos por los que la fiscalía y la querella habían pedido la nulidad del juicio realizado en marzo: “Entre los fundamentos para el nuevo juicio, entendíamos que algunas cuestiones en el juicio no se hicieron acordes al Código Procesal Penal, como algunos interrogatorios que se hicieron en forma casi violenta contra algunas testigos –explicó Bottini-. También la forma en que se referían a la víctima, que no la trataban como tal, sino como ‘la presunta víctima’”, dijo la magistrada, quien también admitió que era difícil que el caso pudiera “darse vuelta”.

El rechazo del Superior Tribunal y la confirmación de que los imputados son inocentes

Esos presagios se confirmaron en la sentencia conocida en la semana del 21 de noviembre, cuando los 3 ministros de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia decidieron rechazar el pedido de impugnación de sentencia, por considerar que no estaban dados los fundamentos necesarios para adoptar una decisión de ese carácter.

“En consecuencia observo que las sentenciadoras actuaron con cautela, fueron conscientes de la decisión que tomaron, y analizaron pormenorizadamente los puntos controvertidos y problemas que se fueron presentando en el debate –dijo la ministra Camila Banfi en su voto-. El desistimiento del testimonio de la víctima, la calidad de los testigos aportados (testigos presenciales que no proporcionaron ningún dato de interés, o testigos de oídas), el delito que se investiga, el tiempo que transcurrió entre la ejecución del suceso y la denuncia, los informes periciales con conclusiones diferentes, y otros pormenores, fueron considerados por el tribunal”.

En general, los argumentos coincidieron en la dificultad que significó para el caso el hecho de que no se tomara declaración a la víctima, algo que la propia parte acusadora había solicitado, para evitar la afectación de la mujer involucrada, que era menor de edad al momento de los hechos denunciados.