Los diputados del PJ- FpV, Leandro Espinoza, Estela Hernández, Javier Cunha, Gustavo Fita y Alejandra Marcilla participaron junto al ministro de Salud, Leandro González, la Defensoría Pública de Rawson, representantes de los municipios del VIRCH y distintas ONG de una jornada sobre el cupo laboral de la discapacidad enmarcados dentro de la modificación que sufriera el años pasado la Ley I N° 296 en su artículo 8 sobre el trabajo.
El vicepresidente 1° de la Legislatura Provincial, Leandro Espinosa, destacó la importancia de que “los tres poderes del Estado nos pongamos de acuerdo y de una vez por todas asumamos el compromiso y trabajemos en conjunto para que lo que establece la ley, la normativa”, con respecto a la inclusión laboral de las personas con discapacidad, “sea una realidad, se lleve adelante”.
El objetivo del encuentro fue conocer si el Estado Provincial cumple con la modificación que tuvo esa ley en su artículo 8 que establece que el “Estado Provincial, con sus tres poderes, los organismos desentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas del Estado o con participación mayoritaria estatal y las privadas concesionarias de servicios públicos están obligadas a emplear personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en una proporción no inferior al 4% de la totalidad de su personal y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas”.
Actualización de datos
La ley que fue sancionada el año pasado, cumplió los seis meses para que cada jurisdicción de la administración pública releven y actualicen sus datos sobre la cantidad de cargos cubiertos con personas con discapacidad e informen esa situación a la subsecretaría de Gestión Pública y Modernización del Estado. Los informes deben ser actualizados cada seis meses.
Los tres poderes del Estado instrumentarán esta Ley identificando anualmente en una proporción del 1% esos puestos que puedan ser cubiertos exclusivamente por personas con discapacidad e instrumentarán las acciones que correspondan para incrementar en un por ciento anual a sus dotaciones de personal.
La Cámara de Diputados verificará la inclusión en la ley de presupuesto anual del Poder Ejecutivo ese incremento al solo efecto de orientarse hacia la inclusión laboral de personas con discapacidad.
Porcentaje
La subsecretaría de Gestión Pública y Modernización del Estado cada seis meses remitirá la nómina general de cada jurisdicción de la Administración Pública, organismos desentralizados o autárquicos, entes públicos no estatales y empresas del Estado al Consejo Provincial de Discapacidad indicando el porcentaje de ocupación de personas con discapacidad sobre el total de la planta de personal, detallando los totales correspondientes tanto a la planta permanente como contratos y transitorios, de gabinete y cualquier otra modalidad de contratación.