El magistrado ha ordenado que salgan a la luz los documentos internos de la Universidad Trump, acusada de fraude.
El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos Donald Trump ha rechazado la sentencia de un juez federal contra él, acusándole de “odio” y especulando que su dictamen tiene que ver con que “resulta ser de origen mexicano”. El último episodio en la carrera del empresario está relacionado con la Universidad Trump, que a pesar de no impartir clases desde hace varios años, puede cruzarse en su camino a la Casa Blanca.
A pesar de las especulaciones de Trump, el magistrado Gonzalo Curiel no es mexicano. El juez nació en 1953 en East Chicago (Indiana) y se graduó en la escuela de leyes de la Universidad de Indiana en 1979, según el registro de jueces federales del Gobierno estadounidense. En noviembre de 2011 fue nombrado por Obama para ocupar su cargo actual en el Distrito Sur de California.
Curiel ordenó el pasado viernes que se publiquen los documentos internos de la universidad en el marco de una demanda colectiva contra la institución, que ofrecía clases de gestión en el sector inmobiliario. The Washington Post se ha personado en la causa y, tras solicitar que se levante el secreto del sumario, Curiel le ha dado la razón. El juez alega que la candidatura de Trump a la presidencia convierte el contenido del caso en interés público y acusa al aspirante de “poner en duda la integridad de los tribunales”.
Los documentos deberán hacerse públicos antes del día 2 de junio, según un dictamen pronunciado el mismo día que Trump seguía lanzando ataques contra Curiel en un discurso en San Diego. “Creo que el juez debería estar avergonzado de sí mismo, es una vergüenza que esté haciendo esto”, declaró. “Lo que ocurre con el juez es que resulta ser, eso creemos, mexicano. Lo cual es maravilloso. ¿Saben qué? Creo que los mexicanos van a acabar enamorándose de Donald Trump cuando yo dé todos esos trabajos”.
El magnate convertido en político se enfrenta en la actualidad a dos grandes denuncias relacionadas con la Universidad Trump y que avanzan ya en los tribunales. La primera es una demanda colectiva en California que acusa a la entidad de seducir a los estudiantes de seminarios para registrarse en cursos por un coste de hasta 35.000 dólares bajo la promesa de recibir la instrucción de expertos elegidos personalmente por Trump.
La otra demanda fue interpuesta por el fiscal general de Nueva York en 2013 y le acusa de defraudar a más de 5.000 personas a través de una universidad que nunca recibió licencia como institución educativa. El fiscal pidió una compensación de 40 millones de dólares en este caso y acusa a Trump, dueño del 93% de la institución, de haber operado un fraude que le aportó más de 5 millones de dólares.
“En apenas 90 minutos, expertos elegidos personalmente compartirán mis técnicas, que a mí me llevó décadas aprender. Después, copien exactamente lo que hice yo y háganse ricos”, prometía uno de los panfletos, revelados por la revista The Atlantic. Los documentos también contienen instrucciones dadas a los representantes de ventas de la universidad, que debían conseguir que los alumnos de sus seminarios, que costaban cerca de 1.500 dólares, después se matricularan para clases “de élite” valoradas en casi 50.000 dólares.
En ambas demandas, los abogados de Trump alegan que por cada estudiante que alega haber sido defraudado, ellos cuentan con decenas que dicen lo contrario. También han defendido ante el juez que la publicación de los documentos internos sobre el funcionamiento de la universidad puede perjudicar a sus intereses comerciales, a pesar de que no aceptarán nuevos alumnos hasta que se resuelvan las demandas.
El juicio por la demanda colectiva en Nueva York, como las elecciones presidenciales, tendrá lugar el próximo mes de noviembre.