La detención del líder mapuche Jones Huala fue negociada por Macrì y Bachelet. Se reunieron hasta las 15.20 y a las 19 la Gendarmería lo detuvo. El juicio de extradición fue anulado por torturas a un testigo. El nuevo juicio por los mismos hechos viola garantías fundamentales.
El martes 27, el presidente Maurizio Macrì visitó en Santiago a Michelle Bachelet y en Bariloche fue detenido el dirigente mapuche Facundo Jones Huala. Macrì llegó al Palacio de la Moneda a las 12.10. Allí mantuvo una reunión privada con Bachelet y a las 15.10 ambos hablaron con la prensa durante diez minutos. Según la crónica del matutino argentino Clarín, el Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj conversó con su par chilena, Lorena Fries “sobre la situación del mapuche argentino Jones Huala”. Feliz coincidencia: a las 19, a menos de cuatro horas del saludo de despedida de ambos presidentes, Facundo fue detenido por la Gendarmería en la ruta 40 y encerrado en la cárcel federal de Bariloche. Es obvio que lo estaban siguiendo, pese a que no había orden de captura en su contra. Lo mismo había ocurrido el año pasado. La legalidad te la sigo debiendo.
Un informe de gestión de Patricia Bullrich fechado el 30 de agosto de 2016 atribuyó a la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) “hechos delictivos como usurpaciones de territorios, incendios, daños, amenazas en las provincias de Chubut y Río Negro” y dispuso que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) centralice “las tareas de investigación”, cosa que no guarda relación con su especialidad. El juez federal de Esquel, Guido Otranto, declaró nulo el juicio de extradición el 1º de septiembre de 2016 y dejó en libertad a Facundo, porque el dato que permitió ubicarlo en la Argentina fue suministrado bajo tortura por el detenido sin orden judicial ni abogado defensor Gonzalo Cabrera. La novedad fue puesta en conocimiento de Interpol cuando no existía orden de captura en su contra y fue el verdadero origen de su solicitud. Recién con esa información, transmitida a Interpol cuando no existía orden de captura, Chile pidió la extradición, exactamente al revés de lo que indican los procedimientos legales. Cabrera contó en el juicio “muerto de miedo, cómo fue golpeado cuando lo subieron al patrullero y luego en la comisaria, cómo lo hicieron firmar un acta falsa, cómo fue obligado, coaccionado, golpeado”.
El Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, asistió a las audiencias de un juicio por usurpación de tierras ante la justicia provincial y en una entrevista con la Radio Nacional de Esquel dijo que estaba evaluando la comisión del delito federal que reprime hasta con ocho años de prisión la pertenencia a una agrupación cuyo objeto principal o accesorio fuera “imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”. (Noceti es el funcionario que negoció la entrega de Ibar Pérez Corradi, en la fallida operación que intentó involucrar al ex ministro Aníbal Fernández en la trama del narcotráfico pero que terminó enchastrando al asesor presidencial Ernesto Sanz).
La privación de la libertad de Jones Huala y el nuevo juicio de extradición iniciado en Bariloche por el juez interino Gustavo Villanueva, titular de un juzgado de Neuquén, son en consecuencia ilegales, mientras la apelación al fallo de Otranto espera turno en la discrecional Corte Suprema de Justicia, que fija sus plazos según le parezca, sin siquiera seguir un calendario propio conocido con antelación. La defensora oficial designada para asistir a Jones Huala en la primera audiencia, desconocía la existencia del juicio previo, a raíz de cuyo resultado quedó sin efecto en la Argentina la orden de detención. Cuando le dieron la palabra, Jones Huala contó que durante los diez meses transcurridos desde que Otranto le devolvió la libertad ha circulado a la vista de todos e incluso dio charlas en sedes universitarias de Esquel, lo cual ratifica que el momento de su detención fue cualquier cosa menos casual. En cambio quienes fueron sus defensoras de confianza en el juicio de 2016, Sonia Ivanoff y Eli Gómez Alcorta pensaron que poniendo estos hechos en conocimiento de la justicia se corregiría el error. El jueves 29 a las 13.25 Gómez Alcorta dejó en la Procuración General una solicitud urgente dirigida al Procurador ante la Corte Suprema Eduardo Casal, quien había apelado el fallo de Otranto y solicitado a la Corte que se concediera la extradición. Le pidió que informara al juez de Bariloche “a los fines de que tome conocimiento cabal de la existencia de un doble proceso de juzgamiento de extradición, simultáneo, seguido contra mi asistido, en franca violación al debido proceso y ante la posible comisión del delito de privación ilegal de la libertad”. Casal la recibió con la amabilidad de un hombre de pro y le dijo que el juez Villanueva ya había pedido esa información y que él se la había remitido. Es decir que decidió mantenerlo detenido y tramitar otro juicio por los mismos hechos y ante el mismo pedido de extradición, a plena conciencia de actuar contra la ley. Ese es el sentido de la intimidatoria palabrota prevaricato.
Con la misma frescura con que en 2016 informó que no consideraba los reclamos de los pueblos originarios por sus tierras ancestrales un derecho garantizado por la Constitución sino un delito federal y atribuyó a la Resistencia Ancestral Mapuche “hechos delictivos como usurpaciones de territorios, incendios, daños, amenazas”, Patricia Bullrich se dirigió ahora a la Corte Suprema, cuestionando la prueba por la que Otranto anuló el primer juicio. Lo hizo con un escrito, en el que afirma que Gonzalo Cabrera no fue torturado y con un video grabado durante su declaración ante la policía. Efectivamente, se lo ve hablando en calma sin que nadie lo presione. Sólo que no pudieron ocultar las marcas de los golpes con que lo persuadieron de prestar esa declaración ante la cámara.
