La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo rechazó un recurso presentado por el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), dejando firme la suspensión de su proceso electoral.
Esta es la tercera derrota judicial en nueve días para la conducción liderada por Raúl Omar Durdos, quien además enfrenta una costosa multa por desobediencia que se incrementa día a día.
Una orden judicial desatendida y sus consecuencias
Según información original del portal La17, este conflicto judicial tiene su origen en una sentencia interlocutia dictada el 1° de diciembre, que ordenó suspender el acto comicial de renovación de autoridades del sindicato. Sin embargo, la conducción del SOMU no acató la medida y continuó con el desarrollo de las elecciones.
Esta desobediencia derivó en una severa sanción económica. El jueves 4 de diciembre, la Cámara aplicó contra el gremio y su Junta Electoral una multa bajo la figura de astreintes: un millón de pesos por cada día que persista el incumplimiento de la orden judicial. Este monto, que continúa acumulándose, representa un agravante significativo en el costo político y financiero del conflicto.
El intento de apelación y el nuevo fallo en contra
Ante este escenario, la conducción del SOMU intentó una salida procesal presentando un recurso de «Revocatoria In Extremis». En su planteo, el sindicato argumentó que no tenía facultades para suspender el proceso, ya que la autoridad para conducir la elección recae exclusivamente en la Honorable Junta Electoral.
Este martes 9 de diciembre, la Sala III de la Cámara rechazó de plano este recurso. Con su fallo, no solo dejó firme la orden de suspender el comicio, sino que además consolidó la sanción económica por incumplimiento, negando cualquier atenuante a la desobediencia ya cometida.
El escenario futuro: la sombra de la nulidad total
La decisión judicial abre la puerta a un paso aún más drástico. Con estos antecedentes de incumplimiento, se menciona como próximo paso probable la nulidad de todos los actos del proceso electoral. De concretarse, esta medida tendría un efecto retroactivo y total: anularía cualquier votación realizada, independientemente de sus resultados, por haberse desarrollado bajo un marco irregular. El conflicto, lejos de resolverse, se encamina hacia una etapa de mayor complejidad, con un impacto directo en la legitimidad interna de la conducción del SOMU.