Las diputadas del PJ- FpV, Estela Hernández y Gabriela Dufour presentaron un proyecto de ley para modificar el código contravencional en los artículos 82, 83 y 84 para que haya arresto de 20 a 120 días y una multa equivalente a 100 % de un salario mínimo vital y móvil, que podrá ser incrementado hasta tres veces en casos de reincidencia, por ofrecer o entregar una suma de dinero o cualquier tipo de beneficio por el uso sexual de una persona.
También será aplicable en el caso de que el pago del dinero sea realizado por una tercera persona. En ningún caso son punibles por la comisión de este delito las personas receptoras del dinero, concretamente prostituidas.
Asimismo, en caso de dejarse mantener total o parcialmente por una mujer que ejerce la prostitución, ya que en ningún caso se admitirá que dicha conducta sea voluntaria, habrá pena de arresto de 30 a 120 días y se deberá realizar con carácter obligatorio un curso de sensibilización y educación sexual brindado por la Dirección Provincial de Equidad y Género.
Además, en caso de proteger a una mujer que ejerce la prostitución, obteniendo de ello cualquier ventaja apreciable en dinero habrá arresto de 40 a 90 días haciendo el curso de sensibilización y educación sexual brindado por la Dirección Provincial de Equidad y Género.
Los VIP prohibidos
Las diputadas indican que en el último tiempo el pueblo de Chubut fue testigo de una serie de acontecimientos que pusieron en evidencia redes de delincuentes vinculados con la trata de personasy la explotación sexual. Recordaron que el jueves 27 de Julio se dio a conocer por los medios locales un asalto en Trelew a una “casa que obraba como VIP y había cuatro mujeresque estaban en el lugar, tres dominicanas y una de origen paraguayo”, según declaraciones del Comisario Felipe González, segundo jefe de la Unidad Regional de Policía de Chubut.
Asimismo detalló que “se dio intervención al municipio porque no estaba habilitado como VIP, y de hecho no se permite el tema de los VIP en la ciudad y también a migraciones por tratarse de personas extranjeras”. La Ordenanza 12224 inhabilitó los vips en la ciudad de Trelew, pero los mismos siguen existiendo.
Contra la Trata
Hernández y Dufour no dudan que la comunidad exige que desde los poderes del Estado que se luche contra la trata de personas y que se brinde oportunidades laborales a aquellos sectores vulnerables y desprotegidos de la sociedad, que por necesidad de subsistencia resultan sometidas por los delincuentes que regentean estos ¨negocios¨.
Indicaron que generar instrumentos efectivos, ante el permanente fracaso de las acciones hasta ahora llevadas a cabo, es reconocer que el enfoque hasta aquí utilizado ha resultado equivocado o por lo menos insuficiente, “nuestra sociedad sigue siendo dominada por una ideología patriarcal, la que tiene puntos de unión con el modelo económico capitalista, que plantea la necesidad de proveer a los hombres de servicios sexuales, poniendo a su disposición la producción, distribución, circulación y consumo de cuerpos de mujeres/ trans, que identifican como mercancías, para su satisfacción individual”.
Expresaron que algunos para justificar la prostitución, dicen que son cuerpos que se ofrecen por propia voluntad y no coersionado. Que el bien intercambiado se entrega por dinero por un trabajo realizado, “pero de dónde salen los cuerpos para la prostitución, los cuerpos que se prostituyen son personas que eligieron la actividad por voluntad propia, se les ha impuesto por la fuerza o porque no hay opciones reales de trabajo”, se preguntaron.
Las legisladoras indican que para terminar con la prostitución y la trata con fines de explotación sexual es indispensable reconocer que su causa primera es la demanda de los hombres a utilizarlas para esa industria despiadada, sin la cual no podría ni florecer ni expandirse, “debemos comprender que las mujeres/ trans y niñas prostituidas son víctimas de la violencia de los hombres y no deben ser perseguidas ni penalizadas, y tienen derecho a recibir ayuda para que puedan elegir si quieren salir de la situación de prostitución”.
Nuevo paradigma
Sostienen que modificar el código contravencional es poner a la sociedad frente a un nuevo paradigma de verdadera igualdad, “no permitir que se siga generando demanda de explotación sexual. Esto no será efectivo si esta acción no se implementa con un programa de educación para los hombres que delinquen a través de la compra de servicios sexuales y se den opciones reales de trabajo a las personas en situación de prostitución, que son sometidas no solo al abuso que ejercen los clientes, sino a la explotación de los que regentean el negocio y el abuso de las autoridades corruptas que permiten que las ganancias del comercio de la prostitución no sean justamente para las personas en situación de prostitución”.