La había aprobado la Legislatura provincial en la Extraordinaria del 9 de enero.
El gobernador Mariano Arcioni vetó la ley de emergencia en los servicios públicos esenciales que había sido aprobada por la Legislatura el 9 de enero pasado. Aunque no se conocen por ahora los fundamentos de la decisión del gobernador, la decisión deja sin efecto la prórroga por doce meses que habían hecho los diputados provinciales de la Ley I N° 596, que incluye la prestación de los servicios públicos esenciales de energía eléctrica (generación, generación aislada, transmisión y distribución), agua potable (captación, potabilización, almacenamiento, transporte, elevación y distribución) y efluentes cloacales (recolección, transporte, tratamiento y disposición de efluentes cloacales y residuos resultantes y efluentes industriales aptos para ser vertidos en el sistema cloacal).
La ley vetada decía que durante el proceso de emergencia deberán evitarse efectos negativos sobre el empleo y la pérdida de puestos de trabajo, respetando siempre los derechos de los trabajadores en materia laboral, previsional y de obra social, como así también deberá garantizarse la plena vigencia en todo el ámbito de aplicación de los Convenios Colectivos de Trabajo previamente celebrados.
Además, se establecía una Comisión de Trabajo con participación del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, la Federación Chubutense de Cooperativas de Servicios Públicos y el Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia, a los efectos de delinear en un plazo máximo de 90 días las acciones directas enmarcadas en la ley y proponer “un ámbito de negociación en conjunto con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) con el objetivo de analizar, establecer y consolidar las deudas que mantienen las distintas Cooperativas de Servicios Públicos de la Provincia del Chubut con los citados organismos, a fin de propender a la celebración de los correspondientes convenios de pago de las mismas”.
Asimismo, la ley obligaba al Poder Ejecutivo a mantener la asistencia financiera a las cooperativas del interior hasta tanto se debata su modificación y se establezcan cuadros tarifarios integrales que generen una equidad en todo el territorio, contemplando los casos de atención social y económico que merezcan ser particularizados.