“Nuestra esperanza es que el Superior Tribunal de Justicia anule el fallo de Cámara, que podamos llevar a juicio el caso y procurar una sanción para el imputado. Que tenga una condena”. Así resumió la fiscal general Silvia Pereira el recurso extraordinario de impugnación que presentó para apelar el fallo de la Cámara Penal de Trelew, integrada por los jueces Alejandro Defranco, Adrián Barrios y Omar Minatta, mediante el cual se le otorgó al abusador sexual de dos nenas la suspensión de juicio a prueba, beneficio que había sido denegado por el juez Sergio Piñeda. Le impusieron 30 horas de trabajo comunitario.
Silvia Pereira advirtió que no cuestionará la sentencia de los magistrados por los medios de comunicación. “No es la vía”, advirtió. Y dijo: “Para eso tenemos recursos. Si recurrí el fallo es porque no estoy de acuerdo con los términos”.
La herramienta para impugnar la sentencia fue presentada el mismo lunes pasado en la Oficina Judicial. “La esperanza nuestra es que el Superior Tribunal de Justicia anule el fallo de Cámara y podamos llevar a juicio el caso y procurar una sanción para el imputado”, expresó.
La fiscal explicó que la “suspensión del juicio a prueba”, con el que los jueces beneficiaron al imputado, “es un instituto que se aplica por el cual se suspende el proceso penal. Se lo somete al imputado a una serie de condiciones, de normas impuestas por la Cámara, por ejemplo: un tratamiento psiquiátrico que no lo definen bien”. En definitiva “evita el juicio. A la persona, luego de cumplir las pautas por el término que se le otorga, se le extingue la acción penal y no le queda ningún tipo de condena”, señaló.
Por esa razón, tal como apuntó Pereira, “el Ministerio Público Fiscal insiste en llevar a juicio la causa. Porque lo que procuramos obtener acá es una sanción. Que quede antecedente condenatorio, más allá o no que sea en libertad o no la pena. La pena arranca de 6 meses a 4 años”, sostuvo.
La funcionaria judicial dejó en claro que la Cámara Penal entendió que a este imputado en particular este beneficio “le corresponde”. Agregó además que “puede acceder porque no tiene antecedentes condenatorios y la pena no es de cumplimiento efectivo”. No obstante, salió al cruce de este argumento: “No estamos de acuerdo porque la imputación que pretendemos es la máxima: 4 años de prisión”.
El fundamento de pedido de pena máxima solicitada por parte del Ministerio Público Fiscal está fundado en que se trata de “dos hechos”. El sujeto, de 66 años, abusó sexualmente de las dos nietas (menores de edad) de su pareja. Lo hizo durante tres años. “No se trata de un episodio único, es una reiteración delictual. Entendemos que adolece de una serie de fallas la sentencia. La recurrimos por eso”, reiteró.
La fiscal se refirió al trabajo interno de la Justicia. “Tenemos una instrucción del Procurador de la Provincia, que nos emite instrucciones generales pues la política criminal está impartida por él y los jueces no pueden subrogar esa función como nosotros no podemos subrogar funciones de la judicatura. El procedimiento de que Chubut tiene cuenta con los roles bien diferenciados: qué tiene que hacer el juez y qué tiene qué tiene que hacer el fiscal”.
En ese marco, citó una instrucción específica que data del año 2012. “Se nos instruye a los fiscales que procuremos llegar a juicio y procuremos llegar a la sanción del imputado y no aplicar las soluciones alternativas que están previstas en el Código Procesal de Chubut”.
Para finalizar, la fiscal general manifestó: “lo que procuro y el Procurador (por Jorge Miquelarena) que está muy comprometido con esta temática, procura es que se sancione al responsable y quede un antecedente condenatorio. Es un delito muy difícil de probar, pero en casos que hemos llevado a juicio tuvimos respuestas satisfactorias. Eso motivó a que la gente se anime a denunciar y baje la cifra negra que no denunciaban”, concluyó.
Fuente Diario Jornada/FM Tiempo Trelew (91.5)
