El ajuste sobre los más chicos se ejecutó el 25 de enero de este año, a través de un escrito en el que los directivos comunicaron a sus trabajadores la nueva modalidad con la que deberán resolver los expedientes en tránsito.
Allí se detalló que las liquidaciones a los menores deberán separarse, dar de baja el lote y girar a la oficina 32 para que los doctores analicen nuevamente cada caso. Según publicó el portal Nuestras Voces, desde la Agencia admitieron que esos expedientes “momentáneamente quedarán a la espera de nuevas definiciones”, pero mientras tanto a los menores que ya iniciaron el trámite no se les otorgarán más pensiones porque ellos “no tienen incapacidad laboral”.
En el documento revelado por el portal de noticias también se detallan nuevos requerimientos para los casos de pensionados con síndrome de Down.
Las autoridades establecieron que deben presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD), con un Certificado Médico Oficial (CMO) acompañado de la firma de un neurólogo, psiquiatra, o legista.
En tanto, las personas que padezcan enfermedades como HIV o cáncer también deben pasar por la auditoría médica con la posibilidad de dejar de ser beneficiarios a no ser que demuestren tener comprometido algún órgano blando, es decir, que estén con riesgo de muerte.
El recorte llegó 11 meses después de que el Ministerio de Desarrollo Social que conduce Carolina Stanley intentara privar a 170 mil personas de estas prestaciones, aunque la Sala II de la Cámara Nacional de Seguridad Social obligó al Gobierno a restablecer ese beneficio en noviembre de 2017 por considerar que su quita “vulneraba derechos a la vida autónoma, la salud, la vivienda, la educación y la dignidad inherente a la persona humana”.
Tras esa primera derrota legal, el Gobierno buscó otra forma de concretar su achique en el sistema de seguridad social.
Ahora sólo pasarán directamente al área de resoluciones aquellas personas que estén bajo curatela (son aquellos con firma de un juez por insania) y aquellos cuyas patologías estén acompañadas del CMO y el CUD.
El hecho de que las 20 mil pensiones vuelvan a ser sometidas a revisión pone un freno a las pensiones que esperan desde hace un año para ser otorgadas, por lo que el otorgamiento de nuevas pensiones se podrían llegar a retrasar entre 2 y 3 años, siempre y cuando cumplan con estos nuevos requisitos.
Según publicó Página 12, Walter Pignataro, secretario general de ATE Pensiones denunció al portal Nuestras Voces que el gobierno “va a dar de baja miles y miles de pensiones con guante quirúrgico, de a poquito” y alertó que con esa actitud viola la Convención Internacional sobre los derechos de personas con capacidad.