La Justicia de Puerto Madryn avanzó en la resolución del doble homicidio de Federico Lomeña y Héctor “Pato” López, ocurrido en diciembre de 2018, tras la homologación de un juicio abreviado que derivó en condenas de prisión efectiva para los responsables.
El caso, que atravesó años de demoras y múltiples obstáculos procesales, volvió a poner en foco el impacto emocional y judicial de este tipo de procesos.
Juicio abreviado y condenas firmes
La jueza Stella Eizmendi aceptó el acuerdo de juicio abreviado presentado por las partes, lo que permitió cerrar la causa con condenas de hasta 10 años y 6 meses de prisión efectiva.
La fiscal Silvana Salazar destacó que el acuerdo implicó el reconocimiento de autoría por parte de los imputados, un elemento clave en la resolución del caso.
Un proceso judicial lleno de obstáculos
Salazar explicó que llegar a esta instancia significó superar múltiples dificultades, entre ellas recursos ante el Superior Tribunal de Justicia, el fallecimiento de testigos clave y problemas con elementos secuestrados durante la investigación.
“Hubo secuestros que no volvieron y eso fue un gran obstáculo”, señaló la fiscal, quien remarcó que estas complicaciones incluso dificultaron la posibilidad de llegar a un juicio oral.
El impacto emocional del reconocimiento
Uno de los aspectos más relevantes para la fiscalía fue el valor simbólico del reconocimiento de los acusados.
“Escuchar de la propia boca de los imputados el reconocimiento es reparador”, expresó Salazar, destacando el efecto que esto tiene para las familias de las víctimas.
Según explicó, más allá de las penas, el acuerdo permitió brindar una certeza judicial en un contexto profundamente doloroso.
“Nunca hay una pena suficiente”
La fiscal también reflexionó sobre los límites del sistema penal ante hechos de esta magnitud. “Siempre pensamos que no hay pena suficiente. Nunca lo es”, sostuvo.
En ese sentido, indicó que el juicio abreviado fue considerado como la alternativa más viable por todas las partes, permitiendo cerrar una causa compleja tras años de espera.
El fallo judicial marca un cierre formal a una de las causas más sensibles de Puerto Madryn, dejando una combinación de justicia, reparación simbólica y un profundo impacto emocional en las familias.