En una audiencia de control desarrollada a hora temprana en sala de la oficina judicial, tercer piso de tribunales, una persona fue imputada por el Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal general Carolina Marín y la funcionaria Verónica Alabart, por el delito enmarcado en homicidio en grado de tentativa, tras un hecho ocurrido el 12 de enero de 2018 en esta ciudad.
Según el relato fiscal, aquel día cerca de las 20,30 un menor de 17 años fue interceptado por quien resulta imputado en la intersección de Urquiza Norte y Edwin Roberts, efectuando cuatro disparos que dan en la humanidad de la víctima produciendo graves heridas en tórax y abdomen. Posteriormente es atendido en el hospital zonal donde se lo interviene quirúrgicamente y permanece internado hasta el 23 de enero.
A partir de lo sucedido se realizaron procedimientos de allanamientos con pedido de detención, indicándose que el imputado pudo escapar del lugar, ya que era esperado por otro individuo en un Peugeot 207. Como elementos que acreditan la probable autoría, la fiscalía expuso sobre los testimonios brindados por la propia víctima y una testigo de identidad reservada, calificándose lo sucedido como homicidio en grado de tentativa.
Se argumentó acerca del peligro de fuga, teniendo en cuenta la utilización de un arma 9 milímetros que no pudo ser hallada y la peligrosidad que hubo para terceras personas que transitaban por aquel sitio, siendo a plena luz del día. Se considera que la intención fue quitarle la vida, y el menor tuvo la fortuna de ser auxiliado por su padre que llegaba en esos momentos, pudiendo llegar a su casa que está ubicada a pocos metros. El hecho es considerado grave, y restan diligencias por realizar, estimándose que se da también el peligro de entorpecimiento.
Si bien las representantes fiscales hicieron saber que el imputado se presentó espontáneamente, destacaron que él mismo se sustrajo a proceso durante cerca de tres meses. Esto fue admitido por el defensor Abdón Manyauix, quien pidió se efectúen las medidas que restan en los próximos días, al solicitar una medida de coerción mínima de quince días.
El Juez José Alberto García estuvo de acuerdo con la solicitud fiscal y resolvió imponer una prisión preventiva de dos meses, aunque una medida de rueda de reconocimiento deberá llevarse adelante en quince días, para luego confirmar o no esta decisión. Para el magistrado existen los peligros de fuga y entorpecimiento y están dados los elementos para estimar la probabilidad de autoría, y determinó además la apertura de investigación correspondiente por el delito endilgado.