El ministro de Infraestructura, Raúl Chicala, confirmó que la provincia decidió no rescindirle los contratos a las empresas que son investigadas, en el marco de las causas por corrupción en Chubut. Aseguró que priorizarán “los puestos de trabajo” aunque sus responsables estén sospechados de cohecho.
Además, informó a ADNSUR que “tenemos las personas asignadas y están hechos los decretos de los cuatro funcionarios” que asumirán en las próximas horas en el Ministerio. Se trata de “Alejandra Delfino en Coordinación, Sergio Ramón en Servicios Públicos, Alejandro Bertolini en Obras Públicas y Franco Ferrari en Asuntos Municipales”.
A su vez, indicó que hubo una reunión del Concejo Consultivo y “por suerte logramos reunirnos y la convocatoria fue muy buena porque estuvieron todas las partes; me hubiera gustado que estén todos los intendentes de las ciudades más grandes. Tenemos que acelerar el proceso de juntarnos. Este consejo tiene la potestad de crear el comité ejecutivo para hacer frente a los problemas que tenemos”.
“Las personas asignadas son buenas. Conozco a José que trabajó conmigo en la cooperativa de Comodoro pero me gustaría que lo consensuemos en el Comité. El Consejo se tiene que reunir al menos dos veces al año y el Comité una vez al mes. La idea es que nos juntemos todas las semanas”, indicó.
Chicala remarcó que “todas las cooperativas están en muchos problemas y no las podemos dejar abandonadas porque están todas en rojo; entonces, como Provincia nos tenemos que hacer cargo de los servicios públicos esenciales para la gente” y “ninguna ecuación cierra para ninguno de los servicios”.
A su vez, consideró que “creo que habría que sentarse con la gente de la cooperativa pero si hoy las cuentas no cierran no sé donde van a tener fondos para hacer frente a estos inconvenientes”.
Respecto a las obras públicas en la provincia, Chicala informó que “por ahora no hicimos ninguna licitación de obras nuevas de las que están dentro del presupuesto. Estamos tratando de continuar lo que se está haciendo, de tal forma de mantener la fuente laboral de la gente pero no queremos ningún impacto social de ninguno de los sectores. Hablamos con todas las empresas y están acompañando para mantener esa fuente de trabajo”.
Confirmó a ADNSUR que esto incluye a las empresas investigadas: “el problema de los apoderados es de ellos y eso lo investiga la justicia. Seguimos con las empresas que lo están ejecutando, seguimos trabajando bien y de acuerdo al programa previsto. Por ahora la justicia no nos hizo ningún requerimiento y todo lo que nos piden se lo damos”.
“Revisó todos los expedientes que nos llegan y respondemos a todos”. Para obras nuevas “tenemos que ser un poco inventivos y creo que algunas obras se pueden hacer con participación pública privada. Si mostramos a los interesados que es un negocio rentable, contaremos con las empresas, y también tendremos que recurrir a Nación porque no tenemos recursos para hacer frente a obras importantes pero no más que eso y mantener lo que ya está en ejecución”.
ADN Sur