La Cámara Nacional Electoral sostuvo ayer que el Congreso debe modificar la integración de la Cámara de Diputados porque están subrepresentadas las provincias que más crecieron en población durante las últimas décadas.
Con la firma de los jueces Santiago Corcuera y Alberto Dalla Via, el tribunal hizo lugar a un planteo de un elector de Córdoba que se quejó de que su voto valiera menos que el de, por ejemplo, un fueguino o un porteño. Córdoba es una de las provincias que tiene menos diputados de los que deberían.
Se trata de una vieja discusión que el Congreso nunca quiso dar. La Constitución nacional establece que todas las provincias tendrán el mismo número de senadores, tres; pero en la Cámara de Diputados el número de representantes dependerá de la cantidad de habitantes de cada distrito.
El artículo 45 dice que la Cámara baja se compondrá de «representantes elegidos directamente por el pueblo» de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires «a simple pluralidad de sufragios», y que «después de la realización de cada censo el Congreso fijará la representación con arreglo al mismo» (originalmente era uno por cada 33.000 habitantes o fracción que no bajara de 16.500).
Actualmente, la Cámara de Diputados está conformada de acuerdo con el censo de 1980.
Desde entonces, nunca más se actualizó y por eso las provincias que más incrementaron sus habitantes (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Salta) no tienen una representación acorde con su nueva población.
Si se toma el censo de 2010, un diputado de la provincia de Buenos Aires -la más perjudicada por la falta de actualización- representa a 222.778 habitantes y uno de Tierra del Fuego, a 25.238.
Porque además está vigente una ley de 1983, conocida como ley Bignone, que estableció que todas las provincias sumarían tres representantes extras y que, además, ninguna podría tener menos de cinco.
Tierra del Fuego, sin esta ley, tendría un solo diputado; Santa Cruz y La Rioja, dos.
Pero el fallo de ayer de la Cámara Electoral nada dice de provincias sobrerrepresentadas. No hace ninguna mención de la ley Bignone.
Lo que dice es que al haber desconocido los últimos censos, la «base poblacional» que determina hoy la integración de la Cámara de Diputados «desconoce las variaciones demográficas acaecidas en el país durante casi 40 años» y, por lo tanto, «resulta claramente anacrónica».
La letra de la Constitución
En contra de lo que habían alegado en la causa los representantes del Poder Ejecutivo y del Senado, los camaristas Dalla Via y Corcuera sostuvieron que cuando la Constitución dice que el Congreso «fijará» la representación con arreglo a cada censo, establece «una concreta obligación de actuar» y que, por eso, la actualización «no es una medida opcional para el legislador, sino que resulta un mandato concreto de hacer».
Con la conformación actual, la más perjudicada de las provincias es Buenos Aires, que debería sumar 27 legisladores (30 si se agregan los tres extras de la ley Bignone) para quedar equiparada; la segunda es Córdoba, que debería sumar seis en total.
Después vienen las provincias de Santa Fe (4), Salta (4) y Mendoza (3).
Pero en su fallo, la Cámara Electoral no dice que el Congreso deba incrementar su número total de diputados (hoy son 257); también podría actualizar su composición con otro método (podría recurrir, por ejemplo, a elevar la base de cálculo).
De acuerdo con la Cámara Electoral, el Congreso tiene la discrecionalidad de decidir cómo ajusta su composición, siempre que la actualice siguiendo el último censo.
¿Cuánto le costaría al Estado la nueva conformación de la Cámara de Diputados? En el tramo final de su fallo, los camaristas advirtieron que no son ajenos «a las dificultades económicas que circundan la realidad de nuestro país» y que, como el número de diputados «no necesariamente habría de variar en mucho», la observación de este fallo «no debería redundar en una mayor erogación para el Estado nacional».
La alternativa: reducir
El problema es que la única alternativa sería reducir la representación de las provincias con menos habitantes, algo que difícilmente estas estén dispuestas a aceptar las propias jurisdicciones.
Las provincias sobrerrepresentadas en total son 16. Tienen menos fuerza en la Cámara de Diputados, pero no así en el Senado.
El distrito más favorecido con la falta de actualización es la ciudad de Buenos Aires, que tiene 25 diputados, cuando le corresponderían 18 si solo se tomara en cuenta su población (21 si se le sumaran los tres de la ley Bignone).
Consciente de la dificultad política que va a suponer la aplicación de su fallo, la Cámara Electoral se limitó a escribir en la parte resolutiva que lo que ordenaba era «poner en conocimiento de la presente [resolución] al Congreso de la Nación, a fin de que, en ejercicio de sus atribuciones, extreme los recaudos para ejecutar el mandato que establece el artículo 45 de la Constitución nacional».
La Nación