Por unanimidad, la Cámara de Diputados le dio hoy sanción definitiva a la llamada «ley Brisa», una iniciativa que otorga una reparación económica para hijos de víctimas de femicidios o del asesinato de alguno de los progenitores en manos de otro.
La iniciativa, que recibió 203 votos afirmativos, no tenía dictamen de todas las comisiones a las que había sido girada, por lo que debió ser tratada sobre tablas.
La reparación, que comienza a regir desde el momento del procesamiento del femicida, consiste en un haber jubilatorio mínimo mensual, con sus incrementos móviles, y está destinado a personas menores de 21 años o con discapacidad, siendo retroactiva al momento de la comisión del crimen (aunque el delito se hubiera cometido con anterioridad a la sanción de la norma).
No obstante, la reparación no tiene un efecto indemnizatorio, ya que se extingue cuando las «víctimas colaterales», es decir, los hijos de las víctimas fatales de femicidios, cumplen los 21 años.
La percepción de la reparación también se extingue con el sobreseimiento o absolución del progenitor procesado, en cuyo caso «la autoridad de aplicación no podrá reclamar la devolución de los montos percibidos».
Hasta los 18 años, los niños o adolescentes perciben la reparación a través de las personas que estén a su cuidado, mientras que entre los 18 y los 21 los cobran directamente.
En tanto, la reparación es compatible con la Asignación Universal por Hijo, con el régimen de Asignaciones Familiares» y con otras prestaciones sociales de las cuales sean destinatarios.
Por otra parte, la iniciativa garantiza a los hijos de víctimas de femicidios una «cobertura integral de salud».
El proyecto lleva el nombre de «Ley Brisa» en referencia al caso de Brisa Barrionuevo, una niña de tres años cuya madre fue asesinada a golpes el 20 de diciembre pasado y su cadáver arrojado al río dentro de una bolsa por su marido, quien está detenido.
Brisa vive en Moreno junto a su abuelo materno, su tía y sus hermanos gemelos, Elías y Tobías, de siete años.
Durante el debate en el recinto, la diputada de la UCR Alejandra Martínez valoró el impulso que le dio a la causa la ONG Casa del Encuentro y destacó que se trata de una «oportunidad histórica» para avanzar en un régimen de reparación que de respuesta a una situación de «profundo desamparo» que viven las hijas e hijos de víctimas de femicidios.
«En Argentina la violencia de género se cobra una vida cada 30 horas. Además de estas mujeres asesinados por sus maridos y sus parejas aparecen las víctimas colaterales que son los niños y adolescentes que se quedan sin sus madres. Es un dolor lacerante. Es el momento en que más necesitan de la comunidad y el Estado para que puedan estar allí para garantizar el crecimiento y el desarrollo», resaltó la legisladora jujeña. (NA)