Se llama Juan Manuel Illescas y fue, hasta el viernes, uno más de los periodistas acreditados en la Casa Rosada, a cargo de la cobertura de las actividades del Presidente. Ese día, la Policía Federal fue hasta su casa y lo detuvo, para dar cumplimiento con dos pedidos de la Justicia, que había solicitado su captura nacional e internacional hacía más de un año.
Pero el caso, más allá de dejar al desnudo las fallas de la seguridad presidencial, puede exceder el marco de un periodista con problemas con la ley: los investigadores sospechan por sus vínculos con empresas privadas de seguridad e inteligencia.
Concretamente, desde el 7 de mayo de 2017, Illescas tenía pedido de captura por abigeato (hurto de ganado), incumplimiento de las normas de comercialización de ganado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica de documentos públicos, según el expediente Nº 1312/11 que tramita el juez de Instrucción y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia de Formosa Marcelo López Picabea.
Pese a esto, Illescas no llamó la atención de la seguridad de Casa Rosada, cuando pidió la acreditación como periodista, por Radio Integral, de la pequeña localidad entrerriana de Maciá, de apenas 6.300 habitantes según el último censo.
Pero su situación encendió las alarmas en la organización del G-20, al que intentó acreditarse para continuar con la cobertura de las actividades presidenciales y la reciente cumbre de ministros de Finanzas y presidentes de Bancos Centrales.
Los encargados de seguridad dieron el parte a la Policía Federal que se encargó de ir a buscarlo a su domicilio en el barrio porteño de San Nicolás.
El caso conmovió a la Casa Rosada. No sólo porque Illescas no despertó la sospecha de las autoridades. Sino también entre los periodistas acreditados: fuentes del caso apuntan a los vínculos que el periodista, de 49 años, tiene con empresas de seguridad e inteligencia privada.
Un informe reservado al que tuvo acceso Clarín da cuenta que Illescas «no aparece en relación de dependencia con ningún medio informativo» y, por el contrario, figura como empleado de una empresa de seguridad privada, Segurarg SRL. Para más desconcierto: entre los domicilios a los que aparece relacionado -y que destaca el informe que encargó Patricia Bullrich- figura uno de calle Gelly y Obes al 2200, que aparece vinculado a una empresa dedicada a la seguridad y realiza tareas de investigación. Se ubica frente al Ministerio de Seguridad de la Nación.
En su actividad profesional como periodista, Illescas se especializaba, más allá de la cobertura de las actividades del Gobierno, en temas agropecuarios.
«Illescas no pertenece a ningún servicio de Inteligencia nacional, pero si era ‘buchón’ de alguien va a ser muy difícil saberlo. De todos modos, su caso es oscuro», dijeron fuentes de la investigación.
Clarín