Tras el escándalo político que desataron los cuadernos de las coimas, escritos por el chofer Oscar Centeno, y el avance de la investigación en base a testimonios de empresarios y funcionarios «arrepentidos», el juez Claudio Bonadio procesó a la expresidenta Cristina Kirchner por considerarla jefa de una asociación ilícita, que recaudaba sobornos millonarios de contratistas del Estado.
El magistrado, a su vez, dictó la prisión preventiva para la exmandataria. Pero para que esta medida se concrete, deberá enviar un pedido de desafuero al Senado, que se encargará de definir su situación.
El procesamiento también alcanzó a otros exfuncionarios kirchneristas del entonces Ministerio de Planificación, como Julio De Vido, Roberto Baratta y José López, y a una gran lista de empresarios que se habían convertido en «imputados colaboradores» en la causa.
Para el juez, la investigación -que se desencadenó por las anotaciones de Centeno- comprobó que desde el Ejecutivo se montó un aparato para «procurar la percepción de sumas de dinero ilegítimas por parte de diversos particulares, muchos de ellos empresarios contratistas de la obra pública del Estado Nacional».
Bonadio detalló que durante un periodo cercano a los ocho años -como mínimo- los exfuncionarios que se encargaban de recaudar los sobornos fueron Baratta; subsecretario de Coordinación y Control de Gestión de Ministerio de Planificación; Nelson Lazarte, secretario privado de Baratta; Hernán Camilo Gómez, funcionario de la subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación; Fabián García Ramón, director nacional de Energías Renovables y Eficiencia Energética del Ministerio Planificación; Rafael Enrique Llorens, subsecretario legal del Ministerio de Planificación; y Walter Fagyas, presidente de ENARSA. La mayoría de las veces, el dinero era trasladado por Centeno.
Con respecto a cómo funcionaba la operación, el magistrado indicó que, después de llevarse su parte por sus tareas, le entregaban los fondos recaudados a otros funcionarios, como José María Olazagasti, secretario privado de Julio De Vido; Hugo Martín Larraburu, coordinador de la Unidad Ministro del Jefe de Gabinete de Ministros; Juan Manuel Abal Medina, jefe de Gabinete de Ministros; y Héctor Daniel Muñoz, secretario privado de la Presidencia.
De esa forma, la instancia final se completaba cuando se derivaba el dinero «a manos de los verdaderos beneficiarios de la maniobra ilícita: Néstor Kirchner, Cristina Fernández y Julio De Vido».
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