El ex Delegado del Instituto Provincial de la Vivienda Zona Sur, Daniel Carrizo presentó una Denuncia Penal contra el actual Presidente de ese Instituto, arquitecto Carlos Simionatti, como así también contra Mariela Uribe.
Esta presentación fue realizada con el patrocinio del abogado penalista Alberto Luciani, a raíz de los hechos acontecidos en el IPV y que tomaron un gran impacto mediático estas últimas semanas.
La denuncia penal pide se investigue por la posible conducta de “violación e incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y se solicita se de curso a la correspondiente investigación y formación del legajo correspondiente” detallo el letrado.
Los hechos denunciados se basan en los acontecimientos que se dieron a conocer por los medios de comunicación, estas últimas semanas en las oficinas de la Delegación Zona Sur del IPV en esta ciudad, donde a la sra Mariela Uribe, se le liquido de forma “irregular” un total de $126.000 (ciento veintiséis mil pesos) por servicios prestados a este organismo desde abril a septiembre de este año, pero precisamente desde el mes de abril de este año, la sra Uribe no presta servicios en la Delegación Zona Sur del Instituto, y en segundo lugar, esta persona (Uribe) solo se ha dedicado a ejercer presión ante el Organismo, mediante conductas violentas y agresivas, incluyendo amenazas, insultos y agresiones al personal que se desempeña en esa Delegación, lo cual motivo la queja unánime del personal del IPV de Comodoro Rivadavia ante las autoridades.
“Es por ello que ante toda la prueba documental existente (que le fue entregada al Fiscal interviniente) se solicita que se investigue estos hechos, a fin de que se determine la existencia de los delitos detallados” finalizo Luciani.
Por su parte, Daniel Carrizo expreso que “es un contrasentido que mientras transitamos esta etapa de gran incertidumbre, donde hasta las ayudas sociales están restringidas, en las escuelas, hospitales y comisarias faltan insumos esenciales, el IPV no hace casas en Comodoro y el pago a los empleados se hace de manera escalonada, desde la cabeza de este Organismo se disponga del pago, hasta por adelantado, de un servicio que esta señora jamás presto, estas actitudes y decisiones, ofenden a la sociedad y más todavía a los trabajadores del Estado que cumplen sus tareas todos los días en sus lugares de trabajo”.
“Me siento en la obligación, como Ciudadano, de efectuar esta denuncia, ya que hasta el momento y por más que se ha difundido por todos los medios lo sucedido, hasta donde sé, no se ha iniciado ningún tipo de investigación de oficio por estos hechos” sentencio Carrizo.