La Argentina es el país sudamericano que registró el mayor aumento de los servicios públicos sobre el salario mínimo en los últimos tres años, de acuerdo con un informe de la Universidad de Avellaneda (Undav).
Según un estudio elaborado por esa casa de estudios, desde 2015 se pasó de una incidencia muy baja del costo tarifario, cercana al 6% del salario, a una del 23,5%: de este modo, la Argentina pasó a la tercera posición en el «ranking» de ocho países de la región.
La Undav señaló que con la liberación de las tarifas, se registró una «notable transferencia de recursos», y el ahorro que posibilitó la supresión de los subsidios en las tarifas, fue más que compensado por la merma de otros recursos, tales como menores ingresos por baja de retenciones a las exportaciones, a la minería y a las grandes empresas, producto de la reforma impositiva sancionada a fines de 2017.
Asimismo, indicó que desde inicios de 2016 se aplicaron incrementos acumulados promedio del 2.057% en gas natural, de 1491% en energía eléctrica y de casi un 1.000% en el servicio de agua potable.
En materia de transporte, se observaron ajustes del 677% en peajes, 375% en el boleto del tren, 332% en colectivos de corta distancia y un 177% en subtes, para el acumulado trianual.
Para esa universidad, en términos agregados, la previsión presupuestaria marca una disminución del peso de los subsidios económicos en 2018: según la nueva Ley de Presupuesto, se pasará de un peso del 2,2% sobre el PBI en 2018 a un 1,6% para el próximo año.
La Undav explicó que al estudiar la evolución del peso de los principales servicios públicos (energía eléctrica, gas de red y agua potable) sobre el salario mínimo, se encuentra un incremento acumulado de 17,2 puntos porcentuales en los últimos tres años.
«En última instancia la política tarifaria, permite reducir los gastos estatales en subsidios, pero al no poner un tope en los precios que las distribuidoras determinan para los usuarios finales, implica que las ganancias en dólares de dichas compañías terminen siendo soportadas tanto por toda la cadena productiva argentina como por las familias», concluyó el informe.
Diario Jornada