En una nueva jornada de su 74ª Asamblea General, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) dio a conocer un informe de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) en donde se advierte que «la libertad de prensa en Argentina se agravó en el último semestre por la grave crisis económica que impacta duramente en las empresas periodísticas». Y sostiene, además, que la recesión, la devaluación y la inestabilidad socavan la sustentabilidad de los medios
El documento, que fue leído por Daniel Dessein, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de Adepa, hace hincapié que en ese período «se incrementó significativamente el número de periodistas agraviados y de campañas sistemáticas de difamación en las redes sociales, apoyadas usualmente en el anonimato y en artificios tecnológicos, configurando preocupantes factores de afectación de la labor periodística».
Además, el texto reflejó la preocupación por la profunda recesión que retrajo la inversión publicitaria privada y estatal. Remarcó que «la pauta oficial se redujo a la cuarta parte del monto correspondiente al mismo período de 2017» y que «la inflación estimada en 45% para 2018 agrega inestabilidad y presión a la ecuación económica de los medios».
Parafraseando al presidente Mauricio Macri, Dessein remarcó que el periodismo se encuentra en medio de una «tormenta perfecta» que atenta contra su función de informar de manera objetiva y sin presiones.
Sin embargo, pese a la inestabilidad que afecta a la industria periodística destacó la investigación del «caso de los cuadernos», que dejó al descubierto los profundos nexos entre los funcionarios kirchneristas y las empresas privadas. «Los medios han exhibido una vitalidad sorprendente que abrió, en un horizonte dominado por la incertidumbre y el escepticismo, una expectativa inédita de regeneración institucional y de transparencia», resaltó Dessein.
En tanto, sobre la relación de los medios con las plataformas tecnológicas, Adepa criticó el uso de contenidos periodísticos por parte de estos instrumentos, sin compartir adecuadamente los beneficios económicos obtenidos. La organización también cuestionó el proyecto de ley de intermediarios, con media sanción en el Senado de la Nación, que «va en dirección opuesta al reconocimiento de ese derecho y a las tendencias globales en la materia».
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