La jueza Mirta Moreno realizó la apertura de investigación contra los dueños de las empresas La Agrícola, Mall Don Bosco, Kiosco Emanuel, Matices y Thor. También ampliaron las imputaciones contra Correa, Luthers, Gilardino, Huichaqueo y Suárez. El 26 de diciembre vence el plazo para presentar el escrito formal de la acusación. Los fiscales analizar pedir una prórroga.
La causa de la emergencia climática en Comodoro Rivadavia sumó a cinco nuevos imputados. Los fiscales Omar Rdríguez y Alex Williams presentaron los presuntos ilícitos vinculados a una defraudación al Estado por más de 10 millones de pesos.
Las irregularidades que describió fiscalía en la audiencia de ayer está vinculada a diversas contrataciones entre el gobierno provincial y cinco empresas en el marco de la emergencia climática de 2017.
En todos los casos, los fiscales detectaron que la mercadería no fue entregada o existieron sobreprecios que rondaron en el 200%.
«Los ex funcionarios provinciales, con pleno dominio de hecho y división de funciones, pergeñaron un plan para defraudar al Estado provincial, realizando todos ellos aportes esenciales en el tramo ejecutivo para alcanzar el fin propuesto», señaló Rodríguez en la audiencia de apertura de investigación.
El fiscal sostuvo que para la concreción del plan «resultó imprescindible la intervención de distintos particulares que aparecen contratando con el Estado Provincial, en alguno de los hechos cobrando valores muy superiores a los que los productos tenían en el mercado, y en otros directamente cobrando por mercadería que nunca entregaron».
Los cinco empresarios fueron imputados provisoriamente en carácter de «partícipes primarios».
BLANQUERIA MATICES
La dueña de «Blanquería Matices, Muebles & Objetos», junto a los ex funcionarios del Gabiente del gobernador Mario Das Neves, fueron sindicados por los fiscales de «provocar una defraudación de $ 2.911.845».
Esta empresa fue contratada para abastecer a los afectados al temporal de Comodoro Rivadavia con colchones, mantas, botas de agua, capas de agua y toallas, entre otros elementos.
«Muchas de las facturas resultaron apócrifas», sentenció Rodríguez.
LA AGRICOLA S.R.L.
De acuerdo al desglose efectuado por los fiscales, la empresa La Agrícola S.R.L. provocó un perjuicio contra el Estado de $ 3.141.258.
«La Agrícola S.R.L. aparece suministrado mercadería que en un caso no cuenta con respaldo de proveedor alguno, en otros las facturas de los supuestos proveedores tienen serios signos de ser apócrifas y por último en otros de los supuestos la mercadería que se le vendió a la Provincia se le cobró a un precio que superaría un 200% de ganancia en un breve lapso de tiempo», explicó el fiscal Rodríguez en la audiencia de ayer.
También precisó que pudieron corroborar la intervención directa de Correa: «Se consignó en la contabilidad que llevaba Luthers, que el imputado habría retornado la suma de $250.000, con fecha 3 de agosto de 2017, el cual figura como entregado en la propia casa del ex subsecretario, Diego Correa».
MALL DON BOSCO
El Ministerio Público fiscal imputó al titular de la mueblería por considerar que generó una defraudación contra el Estado de $ 6.814.530.
El informe de los fiscales fue categórico: «No existe respaldo por parte del proveedor que justifique el volumen de venta realizado al Ministerio de Familia durante el período señalado. De la documental aportada surge que compró durante el lapso señalado 17 colchones de características idénticas a las supuestamente entregadas al Estado Provincial, cuando de los expedientes administrativos analizados surge que le vendió al Estado en el marco de la emergencia, 1.800 colchones de esas características».
Por otro lado, advirtieron que en este caso particular «corroboramos que Diego Luthers, para el caso puntual y específico de los proveedores de la emergencia registró que Mall Don Bosco retornó a manos de los funcionarios la suma de $1.220.000».
THOR S.R.L
En el caso específico de la firma Thor S.R.L., el Ministerio Público Fiscal visualizó que la defraudación contra el Estado alcanzó a $ 1.200.000.
En el escrito de imputación, los fiscales relatan que en el período analizado de 2017 «el proveedor de los 800 colchones vendidos al Estado, solamente tiene el respaldo documental por 40 colchones».
En otro tramo de la audiencia, Rodríguez evidenció que la fiscalía pudo comprobar a través de las planillas confeccionadas por Luthers y de las pericias informáticas y telefónicas que el dueño de la empresa Thor «acordó el retorno a cambio del pago a su compañía».
«De la planilla que confeccionaba Luthers figura que el responsable de la firma retornó el 8 de agosto de 2017 a manos de los funcionarios la suma de $ 210.000. A este dato lo debemos ponderar con otro dato relevante consistiendo en que, en la misma fecha, el dueño de la empresa retiró por ventanilla del Banco del Chubut la suma de $ 200.000».
KIOSCO EMANUEL
El caso de este proveedor deja de relieve las presuntas maniobras irregulares del Gobierno provincial. El Estado contrató a un kiosco para que suministre 1.500 botellas de agua. Sin embargo Kiosco Emanuel se la compró a otro proveedor de la provincia: fue a Friosur por un monto de $ 19.985.
Sin embargo, Kiosco Emanuel se las vendió al gobierno provincial a $ 57.000, generando un desfasaje de $ 37.000. Los fiscales aseguraron que en este caso, también hubo un direccionamiento en la compra, porque había proveedores que contaban con la capacidad de entregar esa cantidad y a un precio sensiblemente menor.
