Apertura. Marta Fracasso junto con su defensor, Emilio Galende, en la sala de la Oficina Judicial de Rawson.
A pedido del fiscal de la Unidad Anticorrupción, Omar Rodríguez, la jueza Mirta Moreno autorizó abrir la investigación para tres comerciantes de Trelew sospechados de haber vendido mercadería al Estado para los afectados por la emergencia climática en Comodoro Rivadavia sin entregarla.
Se trata de Marta Fracasso, de la Blanquería Matices, Guillermo Williams y César Hughes, de Thor SRL, cuyo nombre comercial era Casa Maza, donde meses atrás se encontró parte de los colchones que se habían adquirido para los vecinos.
Rodríguez adelantó que seguirán los trabajos para determinar si hay más implicados en las maniobras y no descartan sumar nuevos empresarios y comerciantes en la investigación. Según la estimación preliminar del contador de Fiscalía, las maniobras involucran hasta 45 millones de pesos. Rodríguez explicó que aparte de los dos decretos puestos en vigencia durante la emergencia, se asignaron fondos de otras áreas del Estado. “Hasta el propio Banco del Chubut compró materiales y colchones para la emergencia. De muchas otras fuentes también se pusieron recursos para paliar esta catástrofe”.
Rodríguez dijo que fueron “hechos graves” los protagonizados por comerciantes y funcionarios imputados, por el marco en que se dieron. “No son personas carenciadas sino que tienen posibilidad de salir adelante, de tener ingresos legítimos y lo que se muestra acá es que el móvil es la codicia”.
En cuanto al modus operandi para apropiarse de los fondos, Rodríguez aclaró que “la maniobra es la misma en todos: arreglaban con Diego Lüters, que tenía el contacto directo con los proveedores, y les daban facturas y remitos sin documentación, se armaban los expedientes y una vez que cobraban, retornaban esa plata de los proveedores a los funcionarios”.
La mayoría de la mercadería imputada “no estuvo, hay algunas que sí estuvieron como el agua y algunos bolsones de comida, que eran las unidades con sobreprecios”. La acusación incluirá el detalle de cuánta mercadería se sobrefacturó y cuál no se entregó. “En la hipótesis inicial tenemos que la mayoría de la mercadería no ingresó”, dijo el fiscal.
Sobre los nuevos comerciantes implicados se analiza si serán sumados como imputados o bajo la figura de concusión, es decir “víctimas de este apriete o extorsión de los funcionarios para que hagan algo, en este caso entregar facturas o remitos con mercadería inexistente”.
