Se trata de la primera privatización de la era Macri, cuestionada por la UCR –en oportunidad de repudiar el intento de privatización de Transener-, que termina convirtiéndose en un escándalo que envuelve a amigos del Presidente.
La justicia federal abrió una investigación contra el presidente Mauricio Macri y contra los ex ministros de Energía Juan José Aranguren y Javier Iguacel, por el intento de privatizar a precio vil las centrales termoeléctricas Ensenada de Barragán y Brigadier López.
Asimismo, este lunes se conocieron las empresas que preclasificaron en las licitaciones: Central Puerto -propiedad del cónsul honorario de Singapur y “amigo del alma” de Macri, Nicolás Caputo- fue la única sociedad admitida para la usina Brigadier López, mientras que por Ensenada de Barragán preclasificaron YPF y la misma Central Puerto.
Se trata de la primera privatización de la era Macri, en su momento duramente cuestionada por la UCR –en oportunidad de repudiar el intento de privatización de Transener-, «que termina convirtiéndose en un escandaloso regalo a sus amigos de un activo estratégico del Estado», aseguró el denunciante diputado Rodolfo Tailhade.
La denuncia fue presentada en noviembre pasado por los diputados nacionales Rodolfo Tailhade, María Emilia Soria, María Fernanda Vallejos y Adrián Grana.
Además de Macri, Aranguren e Iguacel, están siendo investigados el presidente de Ieasa -la ex Enarsa-, Mario Dell Aqua; el director ejecutivo y gerente de termoeléctricas de Ieasa, Alberto Raúl Brusco; el gerente de control de proyectos de Ieasa, Adolfo Marcelo Piccinini; el ex presidente de Enarsa, Hugo Balboa; y el empresario Ángelo Calcaterra, dueño de Iecsa, histórica empresa del Grupo Macri.
Las privatizaciones fueron establecidas por el decreto 882/2017, publicado el 1° de noviembre de 2017 y firmado por el propio presidente Macri.
La central Barragán fue tasada por el Estado en 305,9 millones de dólares y un monto mínimo de oferta en efectivo de 229 millones de dólares.
Para Brigadier López, la valuación oficial fue de 207 millones de dólares con un mínimo de oferta en efectivo de 155 millones de dólares.
En total, serían casi 400 millones de dólares menos que el valor real de las usinas. “¿Cómo puede admitirse que el Estado Argentino enajene activos públicos estratégicos por casi 267 –Barragán- y 110 –Brigadier López- millones de dólares menos de lo que valían en 2012?”, se preguntan los legisladores en la denuncia.
Los propios resultados operativos financieros publicados por ENARSA relativos a las dos usinas muestran que el Estado está enajenando dos centrales rentables a precio vil para que Caputo continúe haciendo millonarios negocios: el resultado EBITDA (sin deducir impuestos) de Barragán para 2017 registró una ganancia de 121,4 millones de dólares, y de 62 millones de dólares para Brigadier López.
Además, en el proceso licitatorio ocurrieron numerosas irregularidades, como que Iecsa -que junto a Isolux había ganado la licitación para la construcción de las centrales- dejó sin terminar las obras y fue indemnizada con 1.600 millones de pesos por el Estado durante la actual presidencia del primo de Calcaterra, Mauricio Macri.
Dos de los imputados, Brusco y Piccinini, trabajaron durante más de una década para Calcaterra y el grupo Macri, y a fines de 2017 desembarcaron en Enarsa de la mano de Aranguren y Balboa, con lo cual estuvieron en los dos lados del mostrador en la negociación que le reportó una indemnización de 1.600 millones de pesos a Calcaterra.
Según los denunciantes, “resulta evidente que los antiguos empleados de la familia Macri han sido allí designados para direccionar y/o influir sobre el procedimiento de privatización de las centrales térmicas y favorecer económicamente a distintas personas cercanas al Presidente”.
La causa está a cargo del juez Daniel Rafecas e investiga el fiscal Gerardo Pollicita.
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