Ante la chance de que el Ministerio de Gobierno avance en la compra de pistolas Taser para combatir la delincuencia en Chubut, el Ministerio de la Defensa Público emitió un dictamen con severas advertencias “en el caso que finalmente las autoridades provinciales avancen en la adquisición”.
Lo tituló “Dictamen del Ministerio Público de la Defensa sobre el empleo de armas de electroshock por parte de los miembros de la fuerza provincial de seguridad de Chubut”. Lo firmaron Lucas Lancionti, German Kexel y Jorge Benesperi, letrados de esa cartera.
Según el análisis, no puede incorporarse cualquier tipo de arma de electroshock. “El modelo debe contener una memoria digital encriptada capaz de almacenar datos relativos a las fechas de día de uso, hora y duración de la descarga”. Esta memoria debe ser accesible a una persona autorizada, para resguardar su valor como prueba.
El MDP pidió “dictar una reglamentación sumamente precisa” para habilitar el uso de las Taser, detallando situaciones y “estableciendo una distancia de disparo que encuentre correlato con estudios en materia de salud”. Deben preverse mecanismos para que los policías logren distinguir cuando una persona detente una “condición especial de salud, del modo que se abstengan a aplicarles una descarga”, dice el dictamen.
Según el MDP, para resguardar el derecho a la salud, esta reglamentación deberá incorporar un protocolo que asegure la atención médica inmediata de las personas afectadas, “con los análisis médicos suficientes para determinar la gravedad de los efectos secundarios”.
Una vez escrita la reglamentación, deberán dictarse cursos de capacitación para adiestrar al personal policial. Su eje debe ser “el uso excepcional y subsidiario del artefacto y el tratamiento intensivo de las particularidades de la reglamentación”.
Según destaca Jornada, la asignación de cada Taser deberá respetar la reglamentación ya vigente para las armas reglamentarias: precisa individualización de cada agente que la posea.
Bajo ningún punto de vista los agentes designados para estas armas podrán tenerlas al alcance por fuera de su actividad diaria. “Esto supone la imposibilidad absoluta de su tenencia más allá del horario laboral”. Quienes las usen deberían ser seleccionados por sus aptitudes éticas, psicológicas y físicas, con capacitación profesional continua, completa y periódica.
La Defensoría también exige “la imposibilidad absoluta” de que se usen en manifestaciones públicas, con personas bajo custodia o en centros de detención.
En el primer caso, “por el enorme perjuicio que puede generar la aplicación indebida del uso de la fuerza en el marco del ejercicio de un derecho constitucional, la cual claramente se agravaría a través de estos artefactos por la afectación al pudor que pueda generar en quienes presencien una escena en la que se aplique una descarga de este tipo”.
En el segundo caso, “teniendo en cuenta la evidente reducción del ámbito de autodeterminación que pesa sobre los privados de la libertad, en aras de sostener la vigencia de la garantía constitucional de la prohibición de la tortura”.
«Regresivo»
El dictamen subraya que la incorporación de nuevos tipos de armas sin un control adecuado puede resultar “regresivo” en materia de derechos humanos. Cuando se habla de armas de electroshock, la idea es garantizar la prohibición de la tortura y salvaguardar el derecho a la salud.
El documento del MDP incluye abundante jurisprudencia y antecedentes sobre los riesgos de este tipo de armas, incluyendo advertencias de Naciones Unidas y reglamentaciones internas que establecen “el uso excepcional y proporcional de la fuerza”.
“Es palmario que el uso de armas incapacitantes deben utilizarse en situaciones de hecho extremas, como último recurso y luego de que los funcionarios no puedan solucionar el conflicto por medios no violentos”, dijeron los abogados.
Para el MDP, el uso de las Taser “no puede ser entendido como un medio o mecanismo alternativo de uso a otros de menor poder vulnerante, ya que entre los principios y mecanismos de actuación, debe primar otros medios antes de recurrir al empleo de la fuerza”. Para este fin los funcionarios recibirán “capacitación continua, completa y periódica, respetando la ética policial y los derechos humanos”.
El Banco de Datos de Casos de Tortura que elabora el Ministerio “refleja un perfil contundente respecto al uso de la fuerza y los casos de violencia por parte de la fuerza provincial”. La evidencia revela que en Chubut más de la mitad de los casos de violencia institucional ocurren cuando se intenta reducir a una persona.
“Las fuerzas locales detentan serios problemas para regular el uso de la fuerza respetando el principio de estricta necesidad, moderación y proporcionalidad”. Al igual que cuando median insultos, “es necesario profundizar la profesionalidad de los agentes, corregir esta problemática, y así aminorar los niveles de violencia”. La Defensa Pública pide “especial atención en la capacitación en la ética policial y el respeto a los derechos humanos en el tratamiento y solución de conflictos”.
Las Taser interfieren en el sistema nervioso sensorial y motor de las personas con la descarga de pulsos de energía eléctrica. Paralizan la capacidad de movimiento, para poder reducir individuos.
Según el dictamen, sus efectos secundarios incluyen dolor repentino e intenso, contracciones musculares involuntarias, rigidez de piernas, sensación de vértigo, espasmos, cambios en el ritmo cardíaco, aturdimiento y amnesias temporales.
El MDP recordó que ya hubo un proceso judicial en 2010 cuando el actual presidente Mauricio Macri se encontraba a cargo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se frenó una licitación pública para adquirir el equipamiento para la Policía Metropolitana. Aquel fallo entendió que las Taser podían causar la muerte o graves daños en la salud, por lo que esa política de seguridad violaba tratados de Derechos Humanos incluidos en la Constitución.
El dictamen en Chubut incluye referencias sobre Estados Unidos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, American Civil Libertis, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Comunidad Europea y el Comité Europeo contra la Tortura. Varios trabajos advierten sobre el uso de armas de electroshock por paros cardíacos, golpes al caer, aplicación en embarazadas, individuos intoxicados por alcohol o drogas, personas con padecimiento mental, con marcapasos o problemas cardíacos, que ya recibieron una descarga o afectadas por gas pimienta al momento del ataque.
ADN Sur
