Así lo entienden los fiscales sobre la conducta de un nuevo imputado en la causa por la emergencia climática en Comodoro Rivadavia. Se trata de Cristian Orsi, del Ministerio de Familia de la provincia. Para los fiscales la suma de los sobreprecios no es grande, pero si totalmente demostrativa.
El Ministerio Público Fiscal, a través de los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams, imputaron provisoriamente a Cristian Orsi, ex jefe de compras del Ministerio de la Familia, en la emblemática causa de los materiales comprados para el desastre climático que vivió Comodoro Rivadavia. La juez Mirta Moreno dispuso entonces la apertura de investigación en contra del mencionado Orsi, quien ocupaba el cargo durante la gestión de Leticia Huichaqueo.
La audiencia se realizó a principios de esta semana en la Oficina Judicicial de Rawson. Para los fiscales de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público Fiscal del Chubut, quedó bien en claro que las responsabilidades de quienes ejercen funciones públicas pasa, fundamentalmente por cuidar los bienes del Estado, “que son en definitiva los bienes de todo el pueblo”, indicaron.
“Fueron compras directas en la emergencia. La propietaria del kiosco Emmanuel compraron el agua a Friosur a 20 mil pesos y ese mismo día lo revendieron al Estado en 57.000. El perjuicio no es grande, pero si emblemático de cómo viola un funcionario sus deberes”, dijo el fiscal Omar Rodríguez lo que deja a las claras el criterio que se utiliza en este tipo de investigaciones.
Rodriguez dijo que “para nosotros es Administración fraudulenta contra la administración pública. Ellos (por los funcionarios) tienen relación y facultades para contratar a terceros y lo que tienen que buscar el administrador es el mejor precio porque es plata ajena, es de los chubutenses. Tienen que buscar el mejor resultado, el mejor precio y no beneficiar a amigos. Ese es el meollo de la cuestión
En cuanto a la mecánica utilizada para el caso en el que se imputa a Orsi “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”, Rodríguez dijo que “la compra estuvo claramente direccionada. En las llamadas telefónicas en las que Diego Luthers tenía comunicaciones con Diego Correa, le enviaba órdenes de compra para que este gestione el pago con el ministro de Economía. Entre esas llamadas estaban la de la titular del kiosco y el resto de quienes intervienen en esta causa”.
Y agregó. “Estas fueron compras directas exceptuadas por esos decretos que sacaron por la emergencia debido al temporal de Comodoro Rivadavia. Lo que decimos es que una persona que administra bienes ajenos tiene que lograr el bien común o el mejor interés para la sociedad que administra. En este caso la administración pública. Si esta persona tenía en sus manos comprar el agua a un menor precio tenía que hacerlo. Comprar al mayorista que era más barata y no a un kiosco que ni siquiera tenía stock. Por eso para nosotros se provocó un perjuicio”.
“Si bien el perjuicio no es grande-continuó- lo que muestra esto es la falta de fidelidad que tiene el funcionario en connivencia con el particular en el marco de la administración de bienes ajenos”.
Nosotros entendemos que la selección estaba a cargo de Luthers y Correa porque surge del análisis de que había un pasamano de órdenes de compra. Y Correa elegía a quién se pagaba”.
Consultado por la prensa respecto a la aparición en la nombrada “Lista de Lutuhers”, Rodríguez dijo que “coinciden con la lista, cuando se pagaba y cuando retornaba la plata a los funcionarios. Tal vez cambiará la situación de Orsi si cuenta como fue la situación. Si pagaba por motus propio o si recibía órdenes y pagaba por orden de los funcionarios”.
Esta investigación surge de otra más grande y que tiene que ver con el desastre climático que prácticamente destruyó gran parte de la ciudad de Comodoro Rivadavia en abril de 2017 y en las que están imputados además de Correa y Luthers otros funcionarios que en ese momento formaban parte del ministerio de la Familia que fue el encargado de las compras para la población perjudicada.