El presidente de la empresa estatal que opera las centrales Atucha y Embalse saldó deudas personales por $825 millones en 18 días, en medio de denuncias por contrataciones irregulares.
Un escándalo de posibles dimensiones estremece a Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), la empresa estatal a cargo de las centrales Atucha I, II y Embalse. Según una investigación periodística basada en informes del Banco Central, el presidente de la compañía, el físico Demian Reidel, canceló deudas personales por $825 millones de pesos en apenas 18 días, una suma equivalente a más de 80 sueldos netos de su cargo.
Este saneamiento financiero personal, que lo sacó de una situación de «alto riesgo de insolvencia», coincide con un período de fuertes denuncias por sobreprecios, licitaciones direccionadas y presuntas irregularidades en la gestión de los fondos públicos de la empresa.
La vertiginosa cancelación de una deuda personal millonaria
Según Noticias Argentinas, revela que Reidel logró cancelar obligaciones bancarias con el Banco Macro por un monto total de $825 millones de pesos en menos de tres semanas. Esta cifra astronómica, pagada por un funcionario repatriado del sector privado para conducir la empresa desde abril de 2025, ha levantado serias sospechas sobre el origen de los fondos utilizados para este pago.
Esta operación personal ocurre mientras NA-SA ha erogado adjudicaciones por aproximadamente $20.417 millones de pesos bajo su gestión. Fuentes internas han señalado a la prensa que existe el rumor de que los pagos a proveedores solo se ejecutan luego del adelanto de una comisión del 5% del contrato, un monto que, aplicado al total de compras, podría rondar los mil millones de pesos.
La crisis interna y las denuncias por licitaciones amañadas
El frente interno de la empresa nuclear atraviesa una profunda crisis. Recientemente fueron removidos de sus cargos el gerente general, Marcelo Famá, y el responsable de Coordinación Administrativa, Hernán Pantuso, ambos considerados hombres de confianza de la presidencia. Sus salidas se produjeron en el marco de investigaciones del comité de integridad de la empresapor el posible direccionamiento de licitaciones.
Entre los casos más graves bajo investigación se encuentran:
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Migración del sistema SAP: Un proyecto con un presupuesto inicial de USD 600.000 que se expandió hasta una adjudicación de USD 7.000.000, consumiendo toda la partida anual de IT.
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Licitación de limpieza: Otorgada a la firma LX Argentina con sobreprecios estimados en un 140%.
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Contratación de pintura epoxi: Con requisitos técnicos que, según las denuncias, solo una empresa en el país (Consulper SA) podía cumplir, configurando un posible pliego a medida.
Ante este escenario de sospechas y la cancelación de una deuda personal millonaria en tiempo récord, crece el reclamo por una auditoría externa independiente que arroje luz sobre la gestión de los fondos públicos en una empresa estratégica para el país. La situación pone en evidencia una potencial contradicción entre la prédica oficial de transparencia y las prácticas denunciadas dentro de una empresa del Estado.
