El fiscal Guillermo Marijuan pidió iniciar una nueva investigación para determinar si el exsecretario de Obras Públicas kirchnerista, José López, y los exintendentes de la ciudad petrolera, Martín Buzzi y Raúl Simoncini, cometieron el delito de «defraudación a la administración pública» en la construcción del Estadio del Centenario de Comodoro Rivadavia.
La obra estaba bajo la órbita de las empresas Edisud y Torraca Hermanos y en 2010 se sumó la constructora CPC del empresario Cristóbal López. Para el organismo de control nacional «se trata de un fraude millonario».
Según indicó el canal TN, Marijuán elevó su requerimiento a la jueza María Romilda Servini de Cubría a partir de la denuncia de la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, que basó su presentación judicial en un informe de la Secretaría de Planificación Territorial y Coordinación de Obra Pública, a cargo de Fernando Alvarez De Celis, que detalla irregularidades en la construcción del «Estadio del Centenario» como retrasos, sobreprecios y faltantes.
Además del exfuncionario kirchnerista preso por haber sido filmado tirando bolsos de dinero en un convento, José López, fueron imputados los exintendentes de Comodoro Rivadavia, Raúl Simoncini y Martín Buzzi, y el ex subsecretario de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Abel Fatala. Todos están acusados de participar de la maniobra.
La historia
El proyecto comenzó a tomar forma en 2004 tras un acuerdo entre el municipio y la secretaría de Obras Públicas que dirigía López. La obra se proyectó con una inversión total de $ 30 millones aunque tras 14 años y más de $ 60 millones invertidos, aún resta construir parte de la tribuna norte y se observan faltantes de pisos, barandas, conexiones eléctricas y el propio techo del escenario.
Para entender el motivo por el que este gigante de cemento se erosiona a la vera del Atlántico Sur hay que remontarse en el tiempo.
«El 5 de septiembre de 2006 -describió TN-, López aprobó el contrato con la municipalidad de Comodoro Rivadavia por un total de $ 30.054.914 y nueve días después se adjudicó la obra a la Unión Transitoria de Empresas (UTE), integrada por Edisud S.A y Torraca Hermanos SRL», relató el medio nacional.
El informe confeccionado por Alvarez De Celis indica que entre 2008 y 2013 los trabajos estuvieron prácticamente neutralizados. Los retrasos no solo se debieron a cuestiones financieras: La tribuna norte nunca pudo ejecutarse porque en ese sector del terreno se encontraba la «Estación Reguladora de Presión de Gas Costanera», la que tardó años en removerse.
Para cuando el espacio estuvo libre, el proyecto no contaba con los fondos para levantar la estructura.
«Pese a los nulos avances, en ese período la obra acumuló varias asistencias financieras. Un ejemplo de esto es el acta complementaria que el 13 de noviembre de 2008 firmaron Fatala y Buzzi, en la que se estableció una ampliación del monto total de la obra en $ 13.906.341», precisa el medio de Grupo Clarín.
En medio de la parálisis, Cristóbal López se incorporó al proyecto. Lo hizo el 26 de abril de 2010, cuando la constructora CPC se sumó a la UTE en lugar de Edisud S.A.
Tres años después de su llegada se produjo una nueva asistencia financiera por más de $42 millones y se estableció un nuevo plazo de ejecución de obra de 605 días. En 2014 se aprobaron otros $7.684.363, y ya con Mauricio Macri en el poder, en abril de 2017, se firmó un convenio por otros $15.342.482, que no se pagó debido a que el municipio no entregó la documentación respaldatoria.
De acuerdo al requerimiento de Marijuán, para ese entonces la obra tenía un valor de más de $109 millones, es decir casi $80.000.000 más de lo estipulado en 2006. El Estado entregó, hasta el momento, $60.128.368 y la construcción presenta un avance de solo el 70,55%.