Cuatro meses de debate, una movilización de la sociedad como hacía tiempo no se veía y un resultado que evidencia que, como mínimo, la mitad de los argentinos rechaza la legalización del aborto; son todos elementos por los que cabía esperar que, de insistir con el tema, sus promotores tomarían nota de las diferentes visiones y adoptarían una postura más conciliadora, para cerrar alguna de las muchas grietas que nos atraviesan a los argentinos.
El nuevo proyecto de ley presentado el pasado martes 28 de mayo no asimila ninguna de las objeciones formuladas en el Congreso. Va por más, desmintiendo de paso sus propios argumentos: «nadie quiere el aborto», «no será obligatorio», «la vida empieza en la semana 14», etcétera.
En rigor de verdad, hubo quienes desde el sector verde admitieron que, si se hubiese presentado de entrada un proyecto más conciliador, quizás hubiese sido otro el resultado. Pero al parecer la voz cantante la lleva la intransigencia.
Es habitual que, en todos los países donde se ha dado esta discusión, se debata si la objeción de conciencia puede ser institucional, además de la individual -que se da por descontada-; es decir, si un establecimiento puede declarar a esa práctica como contraria a su ideario y negarse a realizarla en sus instalaciones. Pues bien, los autores y patrocinadores del nuevo proyecto lo resolvieron muy fácil: no reconocen ninguna categoría de objeción de conciencia, ni individual ni institucional. Según ellos, para los médicos, el aborto es obligatorio.
En el fondo, no sorprende esta actitud totalitaria, porque al día siguiente del rechazo del proyecto en el Senado los adalides del aborto legal se lanzaron con furia a desconocer el revés proclamando una victoria cultural que sólo está en su imaginación, desafiando los límites legales vigentes con una campaña descarada en favor del aborto con drogas como el misoprostol y, sobre todo, ejerciendo terrorismo contra los médicos y hospitales que se negaran a practicar abortos en una edad gestacional tan avanzada como los 5 meses de embarazo.
El aborto no es legal en la Argentina pero está despenalizado de hecho: nadie persigue a quienes lo promueven abiertamente -durante el debate, hubo médicos que alardearon de ello, sin consecuencia legal alguna-, ni mucho menos hay mujeres presas por abortar. Es un argumento inexistente. Durante el largo tratamiento del proyecto el año pasado, rascando el fondo de la olla, presentaron algunos casos bien dudosos que además se contaban con los dedos de una mano.
Eso sí, como si el proyecto no hubiese sido rechazado, lo que ahora parece estar penado por la ley es la no realización de un aborto: actualmente son los diputados, los gobernadores o las activistas feministas los que parecen tener potestad para ordenar a un médico o a un establecimiento practicar un aborto más allá de todo límite razonable. No es el médico el que decide, sino la opinión de un sector que, aunque minoritario, cuenta para esta especie de vendetta en la que se ha embarcado con el respaldo mayoritario de los medios y la complicidad vergonzante de un gobierno que dice una cosa pero sotto voce piensa y promueve otra.
Para muestra basta un caso: el del ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra condenado en Cipolettien primera instancia por negarse a practicar un aborto a una embarazada de 22 semanas (5 meses de gestación cumplidos), que no era su paciente, que llegó a la guardia diciendo haber ingerido una droga abortiva -nadie persigue a las activistas pro aborto que incurren en ejercicio ilegal de la medicina, dicho sea de paso- y que presentaba síntomas que le hicieron temer al médico una infección con riesgo de vida. Nada de eso importa. La denuncia ni siquiera la hizo la presunta víctima, sino una diputada promotora del aborto en Río Negro, con clara intencionalidad política.
El caso Rodríguez Lastra tuvo un efecto no deseado por sus perseguidores: todos los obstetras de ese hospital y de la región, con una sola excepción, se anotaron en el registro de objetores de conciencia de la provincia. Tal vez sea eso lo que movió a las responsables de la Campaña pro aborto en la Argentina a prohibir la objeción de conciencia. Un gesto autoritario que se supone comparten los más de veinte legisladores que firmaron el proyecto. ¿Lo habrán leído?
LA SEMANA CATORCE
«La vida empieza en la semana catorce» fue uno de los argumentos más escuchados en el Congreso el año pasado. No se entiende entonces por qué, en el caso de violación, no fijan un límite de edad gestacional. Es sencillamente una barbaridad. La única excepción a contemplar es el riesgo de vida para la madre; de hecho ya lo está. El proyecto presentado, en cambio, habla de«riesgo de salud» y, por si no bastara con esa ambigüedad, aclara que es salud en sentido «integral», lo que incluye lo «psíquico». De ahí a justificar el aborto por cualquier causa y en cualquier estadio hay un solo paso.
«Nadie quiere el aborto»: es otro latiguillo verde. No se entiende entonces por qué se lanzaron con furia contra el 0800 Pro Vidaque el gobierno había acordado con algunas asociaciones civiles. La asistencia a mujeres que transitan un embarazo no deseado o inesperado o en condiciones socioeconómicas difíciles es asimilada al delito. ¿Qué es lo más grave que puede pasar? ¿Que nazca un niño? Horror…
En el nuevo proyecto presentado, como en el anterior, se habla de la información con que debe contar la persona que quiere abortar. A diferencia de países como Alemania, donde la información incluye el intento de hacer desistir a la persona, o de cómo era el proyecto original de Simone Veil, la ministra francesa tan invocada por ser pionera de esa ley en Francia pero sobre cuyo pensamiento e intenciones pocos se han informado, acá el espíritu del proyecto no es desaconsejar el aborto «que nadie quiere», sino por el contrario asegurarse de que nada lo impida.
Veamos. El artículo 6° dice: «En la primera consulta el/la profesional o personal de salud interviniente debe suministrar información sobre los distintos métodos de interrupción del embarazo, los alcances y consecuencias de la práctica y los riesgos de su postergación». Léase bien, no los alcances y consecuencias del aborto sino los de su postergación. Es transparente.
Y sigue: «La información provista debe ser objetiva, pertinente, precisa, confiable, accesible, científica, actualizada y laica de manera tal que garantice la plena comprensión de la persona. (…) En ningún caso puede contener consideraciones personales, religiosas o axiológicas de los/as profesionales de salud ni de terceros/as». Sin disimulo.
Acá la palabra clave es «laica», porque durante toda la campaña pro aborto se buscó confinar la posición contraria a los marcos de preceptos de moral religiosa.
Pero, ¿hace falta creer en Dios para pensar que la vida humana es el bien más preciado a defender? ¿Los ateos o agnósticos no valoran la vida por encima de todo? ¿La ciencia, que no les da la razón, no dice lo mismo para unos y otros? Es llamativo el contraste entre la observación cada vez más sofisticada de la evolución de un feto (ahora en 3D) con el empecinamiento en negar su condición humana. Sólo una idea abstracta de la vida puede inspirar un proyecto como el presentado esta semana.
En la entrevista que concedió a un canal español, el propio papa Francisco, consultado sobre el aborto, dijo: «No discuto la ley civil de cada paìs, mi pregunta es antes de la ley civil, incluso antes de la ley religiosa, mi pregunta es a lo humano: ¿es justo eliminar una vida humana para resolver un problema?»
Inmediatamente después del rechazo al proyecto del año pasado, los verdes se lanzaron, casi a modo de revancha, contra la Ley de Educación Sexual Integral (ESI). Otra campaña falaz, porque esta ley se aplica desde 2008. Pero había que levantar la apuesta y ahondar la grieta. La propuesta entonces fue eliminar el artículo de la ley que deja cierto margen de acción a las escuelas porque plantea que los contenidos -que, aclaremos, fija el Ministerio- pueden dictarse en el marco del ideario de cada institución. Demasiado plural.
Ahora, en el nuevo proyecto, se incluye la temática aborto en la ESI. El artículo 12 dice: «El contenido curricular sobre aborto debe ser enseñado como un derecho de las mujeres y personas gestantes (sic), a través de contenidos científicos, laicos, confiables, actualizados y con perspectiva de género».
O sea, aborto obligatorio. Y esto, en todos los niveles educativos y en todas las instituciones, «sean éstas de gestión pública estatal, privada o social», especifican para que quede claro que no tienen el menor respeto por el ideario de una institución o por las convicciones de los padres. Además, las niñas podrán abortar sin autorización paterna desde los 13 años: es otra perla del nuevo proyecto.
Cabe pensar que muchas de las personas que se movilizaron el martes pasado para acompañar la presentación del proyecto no conocen su contenido en detalle, ni comparten este espíritu, pero no puede decirse lo mismo de los diputados que patrocinan esto que más que un proyecto de Ley parece una venganza.
Fuente: Infobae
