El juez de garantías José García dejó formalmente abierta la investigación por el hurto de energía y agua potable por parte de ocupantes ilegales de terrenos en el sector llamado “Calles Verdes” sobre la zona norte de la ciudad de Rawson. La denuncia fue realizada por autoridades de la Cooperativa de Servicios Públicos de Rawson.
En total se trata de 28 imputados y a la audiencia realizada a media mañana de este viernes en la Oficina Judicial de Rawson, solo asistieron una decena por lo que deberá realizarse otra audiencia una vez notificados nuevamente el resto de los imputados que en caso de no presentarse, serán buscados por la policía.
En la audiencia la defensora oficial Janet Davies, se refirió a la crisis social que desencadenó la situación que a la vez “desemboca en la justicia penal”. Propuso que se aplique la figura de la conciliación entre los imputados y la Cooperativa mediante un acuerdo económico que permita abonar los servicios que se hurtaron y en tal caso buscar una solución como lo es la de la colocación de un medidor de energía común para los ocupantes, hasta tanto se resuelva la situación de los terrenos y lotes. También se refirió a las gestiones que realizaron los ocupantes para regularizar su situación ante los dueños de las tierras y la Cooperativa prestataria de los servicios.
Presentes en la audiencia estuvieron también representantes legales de la Cooperativa y de la Escuela de Bellas Artes localizada en las cercanías desde donde parte las conexiones subterráneas clandestinas.
En su resolución el juez García no eludió que, por sobre los aspectos sociales y económicos que atraviesan los imputados, “estamos frente a un delito contemplado en el Código Penal”. Sin embargo les destacó que la audiencia “es solo la apertura de una investigación y por el momento ustedes no son culpables de nada”. Adelantó que “el planteo realizada por la defensa debe ser considerado por la Cooperativa” y que “es necesarios que entre todos sumemos nuestros esfuerzos. Los ahora imputados no hurtaron los servicios para obtener un rédito o un beneficio propio, sino que se trata de un derecho que tienen todas las personas, de acceso a servicios esenciales como los son el agua y la energía. Espero que se llegue a un acuerdo”, indicó tras destacar una vez más estar frente a un caso “muy difícil”.
El Ministerio Público Fiscal estuvo representados por el fiscal general Osvaldo Heiber.