Sin ninguna oposición de los abogados defensores de los ocho imputados, el juez de garantías Fabio Monti resolvió abrir la investigación judicial contra funcionarios del Ministerio de Educación de la Provincia y personas vinculadas con empresas constructoras que se hicieron de dinero mediante la reparación de 24 escuelas, sobreprecios por los trabajos a realizar y licitaciones que se cree fueron simuladas para luego repartirse los dividendos de la maniobra.
El equipo de fiscales encabezado por Omar Rodríguez junto a Lucas Koltchs y Gustavo Núñez anticipó que en el devenir de la investigación se podrían producir más imputaciones.
Entre los imputados se encuentra la ex ministro de educación Graciela Cigudoza, además de otros dos funcionarios de ese Ministerio. Se trata de Raúl Care y Gustavo Huichián. Por el lado de las empresas que participaron en las maniobras que se investigan, están imputados Daniel Schmidt, Daniel Gell, Félix Currumil, Roxana Pereira y Jorge Santucho.
La maniobra consistía en llamar a licitaciones por obras de mantenimiento y reparación a realizar en 24 escuelas de toda la provincia por montos mínimos que, por el régimen de contrataciones del Estado no pasaban por los organismos de control, luego simular las empresas participantes unas falsa competencia con montos que superaban los costos del mercados durante el proceso de licitación. Con esos sobreprecios cobraban el 50 % del monto total de los trabajos en carácter de anticipo.
Los investigadores destacaron además que las tareas a realizar además no se condecían con las reales necesidades de los establecimientos, para el normal desenvolvimiento de prestar el servicio de educación escolar. Las maniobras se habrían pergeñado en el mes de enero pasado. La maniobra significó un perjuicio al Estado por casi 9 millones de pesos.
Cigudoza, Hueichián y Care fueron imputados del delito de defraudación por administración infiel y el resto de los imputados –las personas relacionadas con las empresas- como partícipes necesarios de ese delito.
A Schmidt se le sumó además el delito de violación de pruebas, registros y documentos. Este aspecto está relacionado con los intentar ocultar documentación que lo incriminaba durante el allanamiento a su empresa constructora, cuando arrojó al desaguadero del baño, escritos que antes había destruido parcialmente.
Los defensores Emilio Galende, Miguel Angel Moyano, Javier Cervellera, y Matías Cimadevilla no se opusieron a la apertura de investigación, que el caso sea considerado complejo y a las calificaciones legales.
