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Diego Correa, condenado por delitos de corrupción contra el estado, podría preservar algunos bienes que la Justicia le incautó como garantía por la multa de $ 29 millones que debe pagar. Así lo indicó este martes el fiscal Omar Rodríguez al programa “Fuera de Hora” por Cadena Tiempo.

Al secretario de Mario Das Neves, que hoy está en libertad condicional, la Justicia le decomisó varias propiedades que probó que habían sido adquiridas con maniobras ilícitas, mientras que otras fueron embargadas por un monto en pesos que perdió su valor.

En 2019, cuando se fijó la multa que debía pagar el condenado, estas propiedades sumaban un valor de $29 millones, pero cuatro años después por la depreciación de la moneda, esta suma solo representaría alguna de estas, lo que le permitiría conservar otras que ya daba por perdidas.

“Se decomisaron una casa y un dúplex en Playa Unión, una chacra en Trelew, un lote con construcción al lado de Gendarmería Rawson, para hacer un edificio médico, un terreno cerca de las Margaritas y casi 30 mil dólares en efectivo”, enumeró Rodríguez las propiedades que le quitaron a Correa y no habría vuelta atrás.

Al mismo tiempo, Correa tiene otros bienes que solo fueron embargados por el valor de la multa millonaria que hoy -por efecto devaluatorio del peso- no representa lo mismo que en el momento en que fijaron la condena.

“Hay más propiedades embargadas: con un dúplex puede satisfacer el impacto de la multa”, resumió Rodríguez la ventaja que podría sacar Correa de la volatilidad del tipo de cambio que caracteriza a este país.

El fiscal explicó que, al tratarse de una pena, la Justicia entiende que debe fijar un monto al momento de la sentencia, razón por la cual en este caso quedó en 29 millones de pesos que en aquel momento era mucho más dinero.

Rodríguez, en vistas de que esto se presta a especulaciones, asumió que “en este país amerita una reforma; si se le aplica una pena por un delito de corrupción tiene que haber una manera de establecer una actualización de esos montos”.

“¿De nuevo adentro?”

Así como la inestabilidad económica del país podría permitirle quedarse con algunos bienes, no todas son buenas noticias para Correa.

Este martes quedó firme la sentencia de la causa Embrujo, luego de la Corte Suprema ratificara el fallo contra él y los otros condenados.

El fiscal Rodríguez apuntó que Diego Correa quedó en libertad condicional por haber cumplido buena parte de esa condena, pero todavía la Corte tiene que expedirse sobre otras dos causas en las que fue condenado cuyas penas se unificarían.

“Correa no empezó a cumplir pena de Revelación y la Emergencia Climática. Cuando llegue a la Corte, las tres se unifican y queda una pena única, y si tiene que cumplir con días de encierro va a tener que volver”, concluyó.

«La inseguridad es algo con lo que convivimos de manera cotidiana pero no hay que dejar que se naturalice, hay que poner un límite», aseguró Ana Clara Romero.

Ana Clara Romero, candidata a la intendencia de Comodoro Rivadavia, habló sobre el problema de la seguridad “la tasa de hechos delictivos en Comodoro está entre las más altas del país y es imperioso un plan de Seguridad Integrada para trabajar en materia preventiva”. La idea es brindar un control más eficiente y exhaustivo trabajando en forma articulada con Provincia y Nación no sólo en lo relativo a los controles sino sobre todo en políticas sociales para solucionar la situación de base.

Explicó que la idea es reforzar la presencia policial en las calles y optimizar los controles, además de elaborar un mapa del delito y contravenciones local para tener un diagnóstico claro de la situación y avanzar en consecuencia con las estrategias adecuadas.

Romero resaltó la importancia de trabajar en la prevención y señaló que el concepto de seguridad no tiene que ver sólo con hechos vinculados a violencia o delitos, sino también a lo relativo a seguridad vial, alimentaria, ciudadana, en el transporte, en relación con la cual se trabajará para armar una red y proponer acuerdos.

Hoy nos encontramos a la suerte de nuestra propia seguridad, porque ya no hay prevención ni contención de intentos de delitos ni a plena luz del día”, afirmó Ana Clara Romero, candidata a intendente de Juntos por el Cambio.

Según información del Ministerio Público Fiscal hubo a lo largo de 2022 unos 478 más de casos ingresados que en el 2021, lo que representa un incremento del 7 por ciento.  En este sentido, sostuvo que “es necesario trabajar de manera articulada con fiscalía y las distintas fuerzas de seguridad para tener un mapa del delito que permita evaluar la situación en cada sector de la ciudad. Comodoro es una ciudad que creció y nuestra propuesta de ciudad contempla dar soluciones integrales y actualizadas, que les permitan a los vecinos tener mejores servicios que los que actualmente padecemos”.

Ana Clara reconoció que «no hay soluciones mágicas» enfatizó que hay mucho trabajo por hacer en materia social mientras se avanza con estrategias claras y a través de las herramientas necesarias para abordar la situación, partiendo de un fuerte trabajo preventivo en interacción constante con los vecinos, además de desarrollar tareas de concientización de adicciones, e implementar un sistema de alerta temprano a la policía.

La inseguridad es algo con lo que convivimos de manera cotidiana pero no hay que dejar que se naturalice, hay que poner un límite a los hechos de violencia que se instalaron en la comunidad desde hace tiempo. En los medios se pueden leer noticias todo el tiempo, y el principal actor de la ciudad, el Municipio sigue sin aparecer, ni plantear opciones para evitarlo”.

Dentro de ese marco, la candidata a intendente resaltó que en su gestión de gobierno municipal habrá un fuerte impulso en todas las actividades de prevención y control.

En este sentido recordó que se presentó un proyecto a la actual gestión para contar con un Centro de Monitoreo Integral y cámaras, a través de convenios de cooperación con CABA para la implementación de los sistemas y capacitación de personal que nunca fue puesto en práctica. “En épocas como esta donde se disparan los delitos, se evidencia aún más la ausencia del mismo y de políticas de seguridad municipal”, concluyó.

 

La fiscalía de Miquelarena no tiene muchas ganas de investigar y Miguel Castro y su Policía tampoco se quieren prender fuego, ya muchos casos de inseguridad tienen como para que se sume una víctima fatal de un robo.

Alberto José María Pereyra era un comerciante de 50 años que tenía su local en la ciudad de Rawson. El fatídico viernes pasado todo cambió cuando un grupo de ladrones entró a su comercio con el fin de llevarse mercadería sin pagar, el hombre salió a enfrentarlos y es ahí cuando los malvivientes le propinaron una paliza que lo dejó en el hospital.

Según fuentes policiales, Miguel Castro ya había dado la orden a todo el mando policial para que no se filtre ninguna información de los hechos de inseguridad a los medios. Porque la realidad es que la provincia está atravesando quizás uno de los peores momentos de la historia en materia de seguridad, es por eso que el robo al comerciante se encubrió a los medios.

Dos días después, el lunes por la tarde, Pereyra fallece en el hospital, ya por la mañana de ese día nos habían pasado el dato de que el viernes había ocurrido un robo en un comercio y que su víctima era un tal Alberto Pereyra. Fastidiados con nuestras fuentes por la tardanza y porque las autoridades no nos habían informado nada de lo sucedido de forma oficial, nos sorprendimos al enterarnos que el hombre había fallecido. Es ahí donde activamos todas las alertas para indagar más sobre el hecho.

En un acto de desesperación, quizás ante el temor que generaba que los medios nos enteremos de todo lo que había ocurrido, la Policía le habría pedido al comisario Gabriel Casalnuovo, subjefe de la comisaría de Rawson, que envíe un audio a todos los periodistas informando la muerte con el fin de lavar responsabilidades, es así que todos los medios recibieron el mismo audio.

En ese audio, el comisario Casalnuovo admite que al hombre le habían dado el alta después de la golpiza y que se descompensó en su casa, por lo que volvió al hospital y allí lo sedaron porque se resistía a hacerse una tomografía (sumamente extraño lo que cuenta) y que producto de ese estudio médico fue que se constató la existencia de una lesión cerebral.

Posteriormente a haber mencionado el descubrimiento, el policía Casalnuovo se puso el ambo de médico y comenzó a insistir sospechosamente en el audio sobre la idea de que la muerte podría haberse producido por una cirrosis que tenía el hombre, y que ha efectos de dilucidar la cuestión muy probablemente se iba pedir una autopsia. Todo parecía que Casalnuovo quería desvincular la muerte del hombre con el robo del viernes.

La cuestión es que la autopsia nunca llegó porque los fiscales de Jorge Miquelarena nunca la pidieron y el audio fue para mantenernos “tranquilos” a todos los periodistas. Finalmente, el cuerpo de Pereyra fue entregado a los familiares como si de una muerte natural se tratara.

Los parientes, poco entendidos sobre lo que estaba sucediendo, atinaron a hacer lo que cualquier doliente haría en una situación tan triste, darle cristiana sepultura al hombre para que descanse en paz.

Es así, como finaliza una historia en la que una víctima de un robo oculto por el Ministerio de Seguridad de Miguel Castro y la Policía, habría muerto producto de los golpes propinados por los delincuentes, fue entregado a su familia como un fallecido más por cirrosis y se lo sepultó sin que se le practicara la autopsia.

Miguel Castro debe estar contento con Miquelarena, porque si se realizaba la autopsia muy posiblemente se iba a determinar que murió a causa de los golpes en el robo del viernes, por lo tanto, al no haber autopsia no se lo podrá responsabilizar nunca mediáticamente al ministro de una muerte por la inseguridad.

Los delincuentes que le robaron a Pereyra por su parte andan felices, chinos de risa, impunemente libres y probablemente más cebados ahora que saben que se salieron con la suya.

Con ustedes, la banda de los encubridores:

Comisario Cecilio Williams, director de Seguridad de Jefatura de Policía

Crio. Gabriel Antonio Casalnuovo, subjefe de la comisaría de Rawson.

Jorge Miquelarena, procurador general de la provincia, jefe de fiscales.

Miguel Castro, Ministro de Seguridad de la provincia

 Notas relacionadas:

Esta semana la Justicia de Chile dio resolución favorable al pedido de extradición para Facundo Jones Huala, quien fue detenido el 30 de enero en Río Negro y deberá volver a ese país para cumplir sus condenas.

En diciembre de 2018, Facundo Jones Huala fue condenado a nueve años de prisión en Chile por “ataques incendiarios” y “porte de armas” y en enero del año 2022, con el beneficio de la libertad condicional, aprovechó y se dio a la fuga.

La acusación de la Justicia Chilena comenzó en el año 2013, cuando fue acusado de ser uno de los tres hombres que amenazó con armas de fuego a una familia de apellido Riquelme que habitaba una finca a la que ingresaron para sacarlas a la fuerza y luego «arrojar una antorcha a la vivienda con la que le prendió fuego».

En la continuidad de la acción judicial, los integrantes de la familia lograron identificar armas y otros objetos que usaron los delincuentes que estaban enmascarados, y que posteriormente en un allanamiento se secuestraron en la casa de la machi Millaray Huichala, donde estaba alojado Jones Huala.

Además de esos elementos, se logró comprobar que Facundo Jones Huala tenía un arma de fuego de fabricación artesanal en la feche que fue detenido por Carabineros de Chile.

Por ambos delitos, Jones Huala fue sentenciado a 9 años de prisión, de los cuales cumplió el primer tramo y al recibir el beneficio de la libertad condicional, se dio a la fuga hasta ser capturado el 30 de enero en la localidad de El Bolsón, en Argentina.

Fuente: Ámbito Financiero

El fiscal Omar Rodríguez, que dirige la unidad anticorrupción del Ministerio Público Fiscal, cuestionó que el sistema de juicios por jurados contemple la participación de sólo 2 ciudadanos comunes para juzgar a funcionarios acusados por delitos de corrupción, junto a 3 jueces técnicos, en un tribunal mixto, mientras que para delitos comunes se confía en la participación de 12 populares. “Hay una contradicción”, señaló.

El cuestionamiento de Omar Rodríguez fue formulado en el marco de una entrevista en la que dio detalles de la acusación contra el ex funcionario Pablo Korn, al indicar que hechos como éste podrían ser juzgados, en un futuro cercano, por jurados con participación ciudadana. Sin embargo, advirtió lo que a su criterio es una falencia de la ley que creó el nuevo sistema en Chubut.

“En un caso como éste se contempla la participación de sólo 2 jurados populares y 3 jueces técnicos, pero para juzgar delitos comunes, como un homicidio, los legisladores confiaron en que podrían participar 12 personas, más 2 suplentes, es decir un total de 14. Parece contradictorio, porque por un lado hay confianza para juzgar delitos comunes, pero no así para hechos de corrupción, donde tiene mayor peso la participación de jueces técnicos”, comparó, en diálogo con Actualidad 2.0.

Rodríguez apuntó que si “si vamos a instaurar el sistema de juicios por jurado, no veo por qué tiene que haber una diferencia entre delitos comunes y los hechos de corrupción, al menos hasta ahora no le he escuchado a ningún legislador ni nadie que haya podido explicar esta diferencia”.

Además cuestionó otra diferencia, en la que los 12 jurados populares de un homicidio deben dar un veredicto sólo por “culpable” o “inocente”, sin tener que fundamentar, mientras que en los casos de corrupción, los jurados populares deben argumentar el motivo de su decisión en base a las pruebas reunidas en el proceso.

La acusación contra Korn: “Hemos probado el delito y la pena puede ir desde los 2 a los 6 años en caso de que el tribunal lo declare culpable”

En referencia al juicio contra Pablo Korn y Darío D’Amico, en el que el martes 1° de noviembre se produjeron los alegatos de fiscalía y defensa y esta semana se pronunciará el tribunal sobre la culpabilidad o inocencia de los imputados, el fiscal detalló que a su criterio ha quedado probado el delito que se les imputa:

“Korn ha hecho contrataciones, desde su rol como subsecretario de Servicios Públicos, en el momento en que ocurrió la lamentable catástrofe climática de Comodoro Rivadavia. Además se acumula con otra causa, en la que también compró materiales para Puerto Pirámides y lo hacía en el comercio Electro City, propiedad de su amigo, Héctor D’Amico, con quien además participaba en algunos negocios conjuntos, como un loteo”, detalló Rodríguez.

La imputación apunta a reflejar que la irregularidad se consumó por el hecho de haber orientado las compras de los materiales hacia el negocio de una persona cercana, que en este caso es un amigo o socio pero también podría haberlo sido con un familiar, según explicó el fiscal, en tanto el funcionario aprovechó la circunstancia de emergencia en la que los controles administrativos se tornan más flexibles, con el objetivo de agilizar las compras.

“El delito se concreta aún cuando los precios hubieran sido más bajos que el resto de la plaza, porque lo que la ley protege en estos casos es el deber de imparcialidad y transparencia de los funcionarios, que son servidores públicos”, detalló el fiscal, quien indicó que la imputación no apunta a determinar sobreprecios, ni retornos ni tampoco una defraudación al Estado.

Por la figura delictiva que se les endilga al ex funcionario y el empresario, la pena prevista por el Código Penal va desde un mínimo de 2 a un máximo de 6 años, lo que deberá debatirse una vez que se expida el tribunal, presidido por la doctora Karina Berkly, en la semana que se inicia este lunes 7 de noviembre.

“Acuérdese de su pasado, porque usted sí que cometió unos delitos”, dijo enfurecido este lunes pasado a través de un megáfono, el ex – combatiente de Malvinas y ex – suboficial mayor retirado de la Policía, en las afueras de la Jefatura después de una reunión muy tensa entre los delegados de bienestar Policial con la plana mayor por los salarios.

La razón del enojo de Rocha fue porque en momentos de la reunión Néstor “el tero” Gómez Ocampo se le acercó y le dijo “usted no puede entrar, no es policía”, por ende el ex combatiente no pudo ingresar a la reunión.

“Me lo dijo un compañero con el que caminé las calles en Comodoro Rivadavia y que una vez hasta lo salvé, y que es un delincuente, porque ES un delincuente… me refiero puntualmente al subjefe de Policía, el conocido “tero” Gómez Ocampo, que me dijo -vos no entrás porque no sos más policía-”, contó.

Así fue como el subjefe policial, cual patovica de un boliche le impidió el paso a un hombre que tiene más mérito que él vistiendo el uniforme.

Estamos viviendo circunstancias realmente surrealistas al nivel institucional en nuestra provincia, puesto a que ya es un hecho que la comunidad policial identifica nada menos que al subjefe de la Policía como un delincuente, falta nomás que ingresen los efectivos a su despacho en Jefatura para ponerle las esposas y llevárselo detenido, sería un espectáculo digno de pochoclos.

A Massoni por su parte ya se le estaría viniendo la noche, uno de los representantes de Bienestar Policial Julio Moreira, dio a entender que al parecer el jefe de Policía Miguel Gómez y su hermano Paulino ya estarían entregando atado como matambre a los leones al ministro de Seguridad.

Los hermanos Gómez durante la reunión, habrían dicho que el responsable de todo este escándalo sería Massoni. “Todo lo maneja Massoni”, habría sido la respuesta de Gómez hacia los delegados, lavándose olímpicamente las manos.
Pero no se deje engañar, siga leyendo la nota.

Cabe destacar que Massoni no pudo estar en la reunión porque estaba ocupado en cosas más importantes: su campaña política.

Mientras tanto, el clima se enardece por minuto, los delegados siguen perdiendo su tiempo en Fontana 50 y en Jefatura, la cúpula policial sigue haciéndole la bicicleta a la comunidad de la fuerza y los efectivos están viviendo de bolsones de alimentos provisionados por los municipios.

Los delegados de Bienestar Policial dieron este lunes pasado, un ultimátum de 48 horas para resolver la cuestión, si no sucede nada para el miércoles, empezarán a tomar medidas drásticas.

Héctor Dante Rocha dio a entender que desde las altas esferas de la Policía estarían realizando una campaña de difamación con su nombre, como represalia por su activismo en favor de los derechos de los policías.

Andan diciendo que fue “exonerado de la Policía” pero él lo niega: “Yo nunca fui exonerado, porque para serlo es necesario cometer delitos en la fuerza, y yo no cometí ningún delito, usted si cometió delitos (por Gómez Ocampo), acuérdese de su pasado… a mí me cesantearon que es distinto, y lo hicieron porque defendí los derechos de mis compañeros en la calle”.

Héctor Dante Rocha fue designado en el pasado vocero del Sindicato de Policías de Chubut, un cargo que todo el mundo le escapa a sabiendas de las consecuencias políticas y todas las rispideces que tiene que superar quién detenta esa responsabilidad; puesto a que implica muchas veces enfrentarse a las altas esferas policiales.

Solo pasó aproximadamente un día de esta manifestación de Rocha en las puertas de Jefatura con sus compañeros, que este martes en una entrevista telefónica con Jornada, el jefe Miguel Gómez salió a atacar a Rocha diciendo que “un policía cesanteado quiso tomar la Jefatura de Policía”.

Al parecer, Miguel Gómez cuando se encuentra cara a cara con los delegados de Bienestar actuaría como un caniche mojado, pero cuando tiene que ser entrevistado por los medios de comunicación afines al gobierno, se envalentona y comienza a defenestrar a todos aquellos que están en contra de su “amo”, Federico Massoni.

La campaña anti-Rocha sería tan obvia, faltaría nomás que el ministro de Seguridad le dedique un discurso entero al ex – policía.

Vaya que sí es notorio cuando una persona es considerada una “amenaza” para el gobierno.

Es más, hasta declaró ilegal el procedimiento y es muy probable que el jefe de Policía Miguel Gómez y otros comisarios que participaron del mismo, también terminen procesados en una causa judicial. El “impresentable” de Massoni, según la magistrada, habría incurrido en los delitos de “abuso de autoridad, violación de domicilio, portación de arma sin autorización y daño”.

En las próximas horas habría una audiencia en la que desde el Gobierno provincial deberían dar explicaciones acerca del rol que cumplió el controversial funcionario en la captura de Pedro Javier Paso, el presunto criminal que vino a ocultarse a Trelew tras escapar de Caleta Olivia, Santa Cruz, en donde hace más de una semana habría cometido un homicidio, provocándole la muerte a otra persona, según se dijo, a la que apuñaló en una pelea durante una “fiesta clandestina”.

Tal como fue ampliamente publicitado por los medios de prensa afines al devaluado ministro de Seguridad, el operativo en el que aprehendieron a Paso se llevó a cabo el pasado 10 de setiembre en un domicilio del barrio INTA y en las últimas horas se hizo la audiencia de control de detención del capturado en la Oficina Judicial de Trelew.

En esa audiencia, la jueza Mirtha del Valle Moreno, según trascendió, tuvo duros cuestionamientos hacia el rol que se atribuyó Massoni en el controversial y confuso procedimiento en el que se lo ve en un video –que él mismo hizo filmar– cumpliendo la función de un policía, armado con una pistola 9 milímetros.

Según la explicación que ensayó ante los “periodistas” que nunca le preguntan, “colaboró con la policía”, pero en la audiencia que se hizo con el detenido en tribunales, ante la jueza Moreno, se dijo que Massoni habría entrado a sacarlo de un domicilio abriendo la puerta a patadas, en una maniobra de la que habría participado el jefe de Policía Miguel Gómez, el director de la Policía Judicial Muñoz (alías “El Facha”) y “el refugiado” comisario Cristian Sartor, actual subjefe de la Unidad de Trelew, que tiene dos causas penales por “tentativas de homicidio” y nadie entiende todavía cómo aún está en la policía.

¿Qué va a pasar con Massoni? ¿Le abrirán una causa penal? ¿Se pondrán a trabajar los fiscales de Miquelarena o seguirán protegiéndolo por orden de su jefe, como viene ocurriendo hasta ahora?

Ante la preocupación por este tipo de delitos, se pidió a la comunidad que esté atenta y avise de inmediato a la policía.

Según informa ADNSUR autoridades policiales confirmaron que se han recepcionado denuncias en Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn, sobre personas que fueron víctimas de hackeo de sus home banking en los últimos días. Les han robado dinero de las cuentas y en algunos casos hasta han pedido prestamos al banco.

El comisario general de la Policía del Chubut, Paulino Gómez confirmó que hay “preocupación por estos casos” porque son delitos refinados y complejos, en los que ya están trabajando las Divisiones de Investigaciones los están analizando.  Y afirmó que “ya hubo casos en Comodoro y Madryn”.

Este jueves se conoció la denuncia de un hombre que reside en Puerto Madryn, quien afirmó ante la policía que había sido víctima de un robo a su cuenta bancaria. Según relató, le hackearon el home banking, pidieron un préstamo y le robaron $10 mil; y se alertó sobre la situación cuando el banco le envió un correo electrónico informándole la aprobación de un préstamo.

En Comodoro hubo una denuncia y, según se supo hubo casos en donde intentaron hackear la cuenta de homebanking pero ante alerta de seguridad de la entidad bancaria se procedió al bloqueo de la misma por “reiterados intentos fallidos” para ingresar. En estos casos, afortunadamente no pudo concretarse el robo.

 

El ahora ex ministro de Salud Ginés González García ya recibió al menos media docena de denuncias en su contra ante la Justicia Federal por la presunta comisión de varios delitos, incluida una investigación preliminar, pero ninguna tiene juez a cargo y se definirá el próximo lunes.

Al menos seis denuncias fueron hechas en Comodoro Py a partir de artículos periodísticos, pero ninguna tiene magistrado asignado, ya que todas fueron presentadas luego del horario judicial del viernes y recién el lunes se sortearán en la Cámara Federal.

Una de las primeras denuncias la hizo la ONG Fundación para la Paz y el Cambio Climático, a través de un mail enviado a la Cámara Federal, y el mismo camino tomó el abogado Jorge Monasterky.

Pero también el fiscal federal Guillermo Marijuan hizo una denuncia de oficio ante la Cámara, en donde apuntó al exministro por abuso de poder e incumplimiento de los deberes de funcionario público y pidió una batería de medidas de prueba.

En esa misma denuncia también involucró al periodista Horacio Verbitsky, quien reconoció que González García lo llamó para que se aplique la vacuna contra el Covid-19 en el Ministerio de Salud.

La denuncia de Marijuan será sorteada el próximo lunes en la Cámara Federal entre los seis magistrados que están de turno con el Tribunal, que va variando cada 15 días.

Los jueces que por sorteo podrían recibir los expedientes son Ariel Lijo; María Eugenia Capuchetti, que además subroga el 5 por la renuncia de Rodolfo Canicoba Corral; Sebastián Casanello; Marcelo Martínez de Giorgi y Luis Rodríguez.

Por su parte, el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) Sergio Rodriguez, inició una investigación preliminar en el organismo, a la par que ordenó al Ministerio de Salud iniciar un sumario interno donde lo tenga a él como acusador del mismo.

Fuente: NA

Argentina, Brasil y México son los países de la región más expuestos a sufrir ciberataques, delitos que se han incrementado de “forma exponencial” en los últimos meses en toda la región, especialmente en los hogares, en medio de la pandemia y la expansión del teletrabajo, advirtieron analistas especialistas en el tema.

En medio de los confinamientos por el coronavirus, América Latina reportó más de 20,5 millones de ataques cibernéticos a usuarios en el hogar entre enero y septiembre, la mayoría en Brasil (casi 56%) y México (27,8%), lo que se explica en su cantidad de población, según datos del gigante ruso de ciberseguridad Kaspersky sobre los países más representativos .

A ellos le siguen Colombia, con el 7,33 % de los ciberataques, Perú (5,36%), Argentina (1,87%) y Chile (1,62%).

Sin embargo, al comparar el número de ataques por cantidad de usuarios en el país, el llamado “coeficiente de peligro”, la nación más afectada es Argentina, seguida de Colombia y Brasil.

“Podemos decir que es en Argentina donde se vive menos seguro para los usuarios de casa, es decir hay mayor probabilidad de ser atacado, mientras que el país más seguro es Chile”, afirmó este martes en rueda de prensa virtual Dmitry Bestuzhev, director de Investigación para América Latina de Kaspersky.

ARGENTINA Y MÉXICO, MENOS SEGUROS PARA EMPRESAS

A causa de la pandemia, “cada hogar es hoy una sucursal de una empresa, entonces la diferencia por cuenta del trabajo remoto y el teletrabajo es menor, están cada vez más integrados y hay que protegerlos a todos”, resaltó en la presentación Claudio Martinelli, director general para América Latina de la firma.

Pero, pese al incremento del trabajo remoto o teletrabajo, la cifra de ataques a negocios o empresas se mantiene a la cabeza, con más de 37 millones de eventos entre enero y septiembre.

Y, aunque las empresas de Brasil (56,25 % del total), México (22,81 %) y Colombia (10,20 %) siguen reportando más casos, no son los países con mayor probabilidad de ser atacados.

Las cifras de los expertos muestran que en este campo Argentina también es el país menos seguro, con una posibilidad “altísima” de que una empresa sea blanco del cibercrimen, seguida de México; mientras que Perú es la nación con menor riesgo y un ataque es hasta “dos veces menos probable que en Argentina”.

Con eso se deduce que en 2020, “tanto las personas como las empresas de Argentina son las más golpeadas de la región”, advirtió Bestuzhev en el encuentro, denominado “Konferencia@Casa”