El juicio oral y público por la causa «Embrujo» sorteó todos los frenos y artilugios legales de las defensas y después de cinco meses y medio comenzó el proceso de debate que esclarecerá la responsabilidad o no de Diego Correa y otros once imputados por asociación y enriquecimiento ilícito, defraudación contra la Administración Pública y autolavados de activos.
El presidente del Tribunal de Enjuiciamiento, Alejandro Soñis; y los vocales Ricardo Rolón y Marcela Pérez, rechazaron al comienzo de la audiencia de ayer la petición del defensor Omar López para suspender el juicio, debido a que los plazos de ir en queja a la Corte Suprema de la Nación por la suspensión de juicio a prueba para su cliente y otros cinco imputados no había vencido.
Los jueces resolvieron rápidamente esta situación, denegando el requerimiento del abogado de Juan Carlos «Tato» Ramón y dando comienzo oficialmente al juicio oral y público.
EL PLAN CRIMINAL QUE COMENZO EN 2013
Los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams relataron los hechos que le enrostraron a los 12 imputados, desentramando el presunto plan criminal que habría comenzado en enero de 2013 y se extendió hasta marzo de 2018, fecha en la que fueron detenidos gran parte de los acusados.
«En enero de 2013, Diego Correa, Natalia Mc Leod, Daniela Souza y Juan Carlos Ramón acordaron asociarse para comer delitos», detalló Rodríguez, quien agregó que a partir de fines de 2015, se sumaron Diego Luthers y Sandro Figueroa, tío de Natalia Mc Leod.
El objetivo de la conformación de la asociación ilícita «era mantener oculto este accionar delictivo y acordaron la sustracción de fondos públicos desde sus roles, principalmente Correa desde un lugar de poder importante», sostuvo el fiscal.
Desde la óptima de los fiscales, el protagonismo de Mc Leod fue clave «en el ocultamiento de los bienes de Diego Correa». Asimismo, Rodríguez advirtió que cuando avanzaba firme la candidatura de Mario Das Neves para la gobernación, «Mc Leod dejó de ser la dueña de Dual Core y ocupó el lugar su tío, Sandro Figueroa, con una clara finalidad de esconder a Correa, que sería el hombre clave dentro de la estructura provincial».
RAMON, DE LOS DOS LADOS DEL MOSTRADOR
El Ministerio Público Fiscal describió que el papel de Ramón fue medular. Por un lado, conocía el funcionamiento de la cartera de Infraestructura por ser empleado antes de los conformación de la asociación ilícita, pero a su vez, era el encargado de armar los presupuestos falsos de otras firmas para darle aspecto de transparencia a las contrataciones.
«Ramón realizó un aporte imprescindible, apareciendo como oferente de la firma Concretando (que era de él) y en paralelo era empleado de Dual Core», describieron los fiscales.
LOS TESTIGOS QUE DECLARARAN HOY
Los primeros testimonios que traerán al juicio los fiscales son 14 y entre ellos se encuentran agentes de la fuerza de seguridad de Chubut, empresarios, empleados de fiscalía.
Los testigos que declararán hoy son el Comisario Juan Carlos Núñez y el subcomisario Mario Nahuelcheo, quienes explicarán la actividad desarrollada en el marco de la investigación y en los allanamientos.
Luciana Cavalaro, dará precisiones sobre la cesión y transferencia de la empresa Dual Core; Nicolás Scandizzo depondrá respecto a las ventas de tierras que realizara Dual Core en la cordillera; en tanto que la comerciante Claudia Zafaroni hablará sobre la adquisición de un lote en Las Golondrinas por Dual Core.
El empresario Juan Carlos Moreira de V.S. Materiales, aportará datos sobre la documentación remitida por ese comercio; y la empleada Laura Díaz explicará la relación comercial de los imputados y la firma V.S.
Otro de los testigos es Sergio Río, quien precisará sobre la compra y posterior venta de los lotes de Playa Unión.
El testigo Juan Enrique Luden puntualizará sobre la compra venta de vehículos de Correa y las empresas; en tanto que Enrique Beltrán, Andrés López y Pablo Báez, especificarán sobre los trabajos realizados en las viviendas de Playa Unión.
OPTIMISMO DE LAS DEFENSAS
Los abogados defensores mostraron un elevado optimismo en torno al resultado del juicio.
Lisandro Benítez, abogado de Luthers, dijo «estar convencido de la inocencia de su defendido», destacó que «no tenía firma» y agregó que por la circunstancia de cumplir el rol al que estaba obligado por ser secretario de Correa, «le atribuyen ser miembro de la asociación ilícita».
Avisó que pedirá la absolución de Luthers en el juicio, al igual que el abogado Moyano que defiende a Rubén Darío Reinoso.
Moyano no dudó en manifestar que el Ministerio Público Fiscal «no podrá demostrar los hechos que le atribuyen a Reinoso» y recalcó que afrontarán el juicio «con tranquilidad».
Damián D’Antonio, abogado de Souza, formuló que el Ministerio Público Fiscal «no podrá acreditar los hechos que acusa, por lo que derivará en la absolución de Souza».
Fabián Gabalachis, que patrocina a Diego Correa, Darío Correa, Natalia Mc Leod, Giuliana Mc Leod y Sandro Figueroa, fue más analítico y dijo que «los nuevos debates están orientados a combatir a la corrupción forzando figuras jurídicas». Citó como ejemplo «la asociación ilícita» y en tono irónico señaló que «Correa parece ser el Jefe de todas las asociaciones ilícitas que están dando vuelta por la provincia del Chubut».
